En la edición 2015 del Índice de Desempeño Provincial (IDP) se advierte un deterioro en la mayoría de los ratios analizados para el promedio de jurisdicciones, verificándose así una alta injerencia estatal en los Gobiernos subnacionales. En las provincias hay poca libertad económica. Presión fiscal récord, alta participación de empleados públicos en el mercado laboral y gasto público máximo en términos del producto, son algunos de los resultados de esta nueva edición del índice.

El IDP, elaborado anualmente por Fundación Libertad, es un indicador que mensura la libertad económica en las provincias argentinas a través de diversos indicadores fiscales. El índice comprende el análisis de tres áreas, a saber: tamaño del sector público, financiamiento del gasto público y presencia del empleo público provincial.

A mayor presencia del Estado a través de más gasto, más impuesto y más deuda, se le asigna a la provincia un menor puntaje -en una escala de 0 a 10 de acuerdo con la metodología utilizada-, entendiendo que a mayor intromisión del Estado, menos espacio hay para la iniciativa privada, la producción y el empleo, lo que se traduce en un nivel de desempeño provincial más bajo.

Tamaño del sector público y presión fiscal récord

Para la edición 2015, tal como lo hace desde la primera edición del IDP (año 2005), ciudad de Buenos Aires se adjudica la primera posición del ranking, esta vez lo hace con un puntaje de 8,66, mientras que Formosa, también por décima primera vez se posiciona en el último lugar de la tabla. La permanencia de estos resultados da cuenta de las asimetrías y las brechas estructurales que caracterizan a las jurisdicciones argentinas y que solo podrán revertirse en el muy largo plazo.

El análisis de las variables que componen el IDP advierte sobre la creciente participación del Estado en las economías del interior. Particularmente, según los ratios medios provinciales, se incrementa el tamaño del sector público, indicador que se mensura a través del cociente entre los gastos corrientes y el producto de cada jurisdicción. El valor promedio alcanzado para la edición 2015 es del 20,2 %, la cifra máxima en once años. Las heterogeneidades entre provincias son por demás notables, por cierto. En ciudad de Buenos Aires la relación entre los gastos corrientes y su producto bruto geográfico (PGB) alcanza el 6,4 %, en tanto que en Formosa este valor trepa al 38,6 %, es decir, es seis veces más grande.

En cuanto a la presión fiscal, medida a través del cociente entre recaudación tributaria y PBG, el promedio de provincias alcanza un cociente del 4,4 %, convirtiéndose en el valor más alto de la serie. Si se tiene en cuenta que para la primera edición del IDP este guarismo era del 2,9 %, el crecimiento de este indicador fue del 50 %. Tucumán es la provincia con mayor carga tributaria, con un cociente del 7,9 %, en tanto que Catamarca es la economía que exhibe el indicador más bajo en la materia, con el 1,3 %.

En diez años, el empleo público provincial creció un 50 %

El análisis del empleo público provincial muestra que la participación de los trabajadores del Estado en el total de la población ocupada alcanza el 16,7 % para el promedio de provincias, convirtiéndose este valor en el más alto de toda la serie del IDP. La cantidad de empleados públicos provinciales ascendió para el año 2013 a poco más de dos millones lo que implica un incremento del 50 % desde el año 2003. El mayor incremento se dio en Tierra del Fuego, con el 109 % y el menor en Formosa, con el 11,4 %.

Para la edición 2015, Córdoba lidera esta variable del IDP con la proporción más baja de empleados públicos sobre la población ocupada. El ratio alcanzado es de 7,7 %, seguida por la provincia de Santa Fe, con un cociente de 9,1 %. En la otra punta de la tabla se hallan Tierra del Fuego, Catamarca y La Rioja, donde la cantidad de trabajadores del Estado en el primer caso equivale al 27 % de la población ocupada, en el segundo al 26,1 % y en el tercero al 25,6 %.

Provincias poco endeudadas

Dentro de las variables contempladas por el IDP se destaca el rendimiento en cuanto al nivel de endeudamiento provincial. En promedio, el stock de deuda de las provincias en relación con el PBG es del 6,7 %, lo que significa una contracción de 0,3 puntos porcentuales respecto a la edición pasada.

Este indicador ha mostrado una continua mejora a lo largo de toda la serie del IDP, consecuencia de un mayor crecimiento del producto de las provincias que de su endeudamiento. Se percibe así una clara tendencia decreciente en este indicador, lo que está en sintonía con el alejamiento de la Argentina de los mercados financieros internacionales. Las provincias de San Luis, La Pampa y Santa Fe son las que exponen el menor stock de deuda en comparación con su producto, con guarismos inferiores al 1 %, en tanto que Jujuy y Formosa logran los valores más altos, en torno al 20 %.

Al igual que a nivel país, la injerencia estatal en las economías del interior es significativa, lo que limita el crecimiento genuino de las provincias. Los datos del IDP 2015 permiten ver que para el promedio de provincias creció el tamaño del sector público hasta alcanzar un nivel récord en toda la serie del IDP. También la presión impositiva que deben soportar los agentes económicos y la proporción de empleados públicos dentro de la población ocupada consiguen en esta oportunidad los valores más elevados en los 11 años que lleva el índice.

No obstante esto, no todas las provincias están en la misma situación, sino que las disparidades son significativas. Ciudad de Buenos Aires y San Luis, distritos líderes del IDP, se destacan frente a Chaco o Formosa, que son las de más baja calificación del conjunto provincial.

En efecto, para lograr un desarrollo sustentable es necesario contar con una gestión estatal eficiente, transparente y disciplinada. Solo a partir de esto se podrá generar un contexto que invite a la inversión, con el consecuente impacto en la producción, el empleo y la calidad de vida. En este marco, el IDP es una herramienta que permite elaborar un diagnóstico de situación de los estados provinciales con el propósito de esbozar políticas públicas basadas en un Estado que promueva el desarrollo en vez de obstaculizarlo.

La provincia de Buenos Aires muestra la menor participación de obra pública en relación con el gasto total. Esta situación explica el deterioro en términos de infraestructura que hoy se evidencia en las inundaciones, pero también en las cifras de accidentes viales (lidera el ranking de muertes por accidentes viales) y otras carencias para la población, como la falta de agua y energía eléctrica.

Las adversidades no son casualidades del destino, sino una concatenación de causalidades. Por eso en primer lugar es importante diferenciar la foto de la película. Las causas de la difícil situación que enfrentan miles de familias argentinas no responden estrictamente a las lluvias recientes en forma exclusiva. Son más bien el emergente de un extenso historial de postergaciones, la populista subordinación del largo plazo a los objetivos cortoplacistas del poder de turno en su misión exclusiva de retenerlo en su propio beneficio.

Es entonces importante conocer los factores y las causas que llevaron a esta lamentable realidad. Ahí es donde comienzan a aparecer diferentes interrogantes, siendo el principal: ¿Qué se hizo para que esta situación no suceda? Responder a esta pregunta es analizar cuánto destinan efectivamente los Gobiernos a la inversión real directa. Una de las principales variables que se contempla a la hora de analizar el crecimiento o el desarrollo de una economía.

La inversión real directa incluye nuevas obras de infraestructura y la compra de bienes de capital destinados a aumentar o reponer el patrimonio de bienes de capital del Estado. Un estudio detallado señala que para el año 2013 (último año con cifras oficiales), las jurisdicciones que presentaron la mayor proporción de inversión real directa en relación con el gasto total ejecutado fueron: Santiago del Estero (33,1 %), San Luis (32,1 %) y Formosa (27,8 %). Mientras que en el otro extremos precisamente se encuentran las provincias de Buenos Aires (2,2 %); Tierra del Fuego (4,5 %) y Neuquén (5,0 %).

Otro cálculo que puede realizarse es aquel que toma en cuenta las erogaciones per cápita, es decir, lo que cada jurisdicción destinó de sus recursos a infraestructura en relación con la cantidad de habitantes que tiene. De este modo, se obtiene lo siguiente:

La provincia de Formosa se ubica en el primer lugar, con una IRD pública de $ 5527 per cápita en 2013, mientras que en el otro extremo se encuentra Buenos Aires, con una IRD de $167 per cápita. Si se comparan ambas provincias, la primera destinó a inversión por individuo 33 veces más que la segunda. Asimismo, se distinguen en esta variable Santiago del Estero, San Luis y La Pampa, las cuales destinaron montos de $ 4673, $ 4517 y $ 4445 per cápita, respectivamente.

Los datos anteriores no hacen más que demostrar las grandes disparidades que hay entre una provincia y otra, incluso entre provincias de similares características. Por ejemplo, se puede citar el caso de Misiones, con IRD ejecutada en 2013 de $ 3278 por habitante, más de tres veces y medio del nivel alcanzado por Corrientes ($ 891 per cápita) o el caso de Formosa, que más que triplica la IRD per cápita de su vecina Chaco ($ 1759).

Si bien los valores antes mencionados están influenciados tanto por cuestiones redistributivas como demográficas, lo cierto es que las discrepancias entre las economías del interior van más allá de estos factores.

En definitiva, una de las razones que puede explicar las diferencias entre una jurisdicción y otra radica en considerar que típicamente la inversión pública es una variable con comportamiento errático y procíclico en Argentina, es decir, se ejecuta mucha obra pública cuando los recursos y los excedentes fiscales abundan y se subejecuta en períodos de escasez. También, la evolución de esta variable está ligada a los períodos electorales, esto es, aumenta en los ejercicios que hay comicios y disminuye en los que no hay.

En otras palabras, la IRD tiene una exigua participación dentro de los presupuestos provinciales. Esto se aprecia muy bien cuando se advierte que, en promedio, las distritos del interior destinan el 50 % de su presupuesto a gastos en personal, es decir, casi cuatro veces que lo dirigido a obra pública.

Más allá de los fríos números, la conclusión que emerge es clara. No hay que mirar al cielo al buscar un responsable por las trágicas consecuencias de las inundaciones, que dejan atrás pérdidas humanas y materiales. Los responsables deben buscarse entre quienes decidieron postergar las necesarias inversiones, invirtiendo los roles del Gobierno. Esto es, poniendo la gente al servicio del gobernante y no el gobernante al servicio de la gente.