De acuerdo con el Índice de Competitividad elaborado por el World Economic Forum (WEF) dado a conocer recientemente, Argentina se ubica en el puesto 106 sobre un total de 140 países evaluados. Desciende dos puestos respecto a la edición pasada. Además, se advierte una dramática caída desde 2003, al caer 28 puestos.

El Índice de Competitividad del WEF analiza tres factores de estudio. El primer elemento son los “requerimientos básicos”, dentro de los cuales se estudian cuestiones vinculadas a las instituciones, a la educación y a la estabilidad macroeconómica. Un segundo elemento analiza los “potenciadores de la eficiencia” y contempla aspectos del mercado de bienes y del mercado laboral, mientras que un tercer componente analiza los “factores de innovación”. De las tres áreas de estudio, Argentina se adjudica la peor posición en la primera de ellas, con el puesto 104, en tanto que en las otras dos se posiciona en los lugares 88 y 99, respectivamente.

El ranking es liderado por Suiza, escoltado por Singapur y Estados Unidos. En términos regionales, Chile es el país líder (puesto 35), seguido por Panamá (50), México (57), Colombia (61), Perú (69), Uruguay (73), Brasil (75) y Ecuador (76). Argentina sólo supera a Bolivia (117), Paraguay (118) y Venezuela (132).

Al desagregar cada una de las áreas de estudios en las diversas variables que componen el índice, los peores puestos se hallan en efectos de los impuestos en el mercado de trabajo (puesto 140), efectos de los impuestos en los incentivos a la inversión (139), favoritismo en las decisiones del Gobierno (139), presencia de barreras comerciales (139), procedimientos aduaneros (139), despilfarro del gasto público (138), confianza pública en los políticos (137), ética y corrupción (137) y desvío de fondos públicos (136).

Se advierte que las peores posiciones de Argentina se hallan en el área institucional. Además del deterioro institucional, el reporte señala que el entorno macroeconómico débil, la ineficiencia del sector financiero, la inflación y las regulaciones son los principales obstáculos para la inversión. Vale señalar que Argentina sólo alcanza un buen desempeño relativo en las variables tamaño del mercado (27) y captación de tecnologías de la información y la comunicación (52).

Por otra parte, hay que destacar el fuerte deterioro en los últimos años en materia de competitividad en nuestro país. Para el año 2003, Argentina ocupaba el puesto 78 en este ranking, es decir, perdió 28 posiciones en doce años. A este magro resultado en competitividad, se adicionan los notables deterioros obtenidos en los últimos años en libertad económica, libertad de prensa, derechos de propiedad y percepción de corrupción, entre otros tantos.

En efecto, índices confeccionados por organizaciones diferentes y con metodologías también disímiles arriban a una misma conclusión: En los últimos años Argentina ha profundizado su debilidad institucional, hay fuertes obstáculos gubernamentales para el desarrollo de negocios y es menos competitiva. Esto no es gratis y se refleja en que el país hace cuatro años que no crece, no se crea empleo en el sector privado, la tasa de inflación es una de las más elevadas del mundo. Además, hay un marcado agotamiento de stocks, falta de infraestructura, bajas reservas internacionales, estrangulamiento externo y pérdida de confianza, transparencia y credibilidad. Sin dudas la última década será recordada como la década de la pérdida de competitividad para el país.

Con algunas semanas transcurridos desde las elecciones primarias, los resultados y las proyecciones dan lugar al análisis de diferentes valores. No obstante, ni el 38% oficialista, el 62% opositor o el 62% peronista son los guarismos que más peso tendrán en lo que resta para que las mayorías se expidan sobre el recambio presidencial. De aquí a octubre, el devenir de la economía será uno de los factores de mayor peso y el valor del dólar tal vez el guarismo de mayor relevancia. La estrategia oficial pasa por mantener el tipo de cambio anclado, pero un contexto adverso convierte el escenario en una batalla contra el tiempo que obliga a cerrar paulatinamente el grifo de dólares.

A pesar de que el último lustro estuvo caracterizado por la abundancia de dólares baratos en el mundo, nuestro país se mantuvo al margen de la bonanza de tasas de interés cercanas a cero. Por el contrario, el resultado de un prolongado período de aplicación de políticas inconsistentes -en las que predominó la monetización de un déficit fiscal que podría alcanzar los 8 puntos del producto para 2015- llevó a una salida de divisas que condujo a la implantación de restricciones cambiarias. Los controles no solamente cercenan las libertades de los ahorristas (imponen limitaciones al atesoramiento y reducen la protección frente al impuesto inflacionario), sino que ahogaron vastos sectores productivos. 

 Sin embargo, el cepo cambiario -que se encuentra próximo a cumplir cuatro años de vida- no impedirá que el ciclo kirchnerista se despida con una fuga de capitales acumulada en 100.000 millones de dólares. Esto es más de tres veces el nivel de reservas que actualmente posee el Banco Central y entre cuatro y cinco veces las que dejarán al próximo Gobierno. La mayor parte de este proceso se dio a partir de 2007, lo cual no es casual. Esto coincide con el inicio de un proceso de deterioro institucional y económico (manipulación de estadísticas, inflación y atraso cambiario como principales emergentes). El 2015 tendrá la mayor salida de dólares de los últimos cinco años.

Más allá de la dinámica de mediano plazo, evidencia de una oportunidad desaprovechada para robustecer el crecimiento económico, las perspectivas para el futuro inmediato no son alentadoras. El intento por moderar la escalada del dólar blue a partir de una mayor venta de dólares en la modalidad ahorro resultó de una efectividad moderada hasta el mes de julio. Desde entonces, las consecutivas plusmarcas en las ventas de divisas no lograron contener la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que retornó a niveles por sobre el 60 %.

Si bien los 493 millones de dólares que se vendieron en la primera mitad de agosto hacen pensar que el octavo mes del año dejará un nuevo récord en las ventas de dólar ahorro, esta tendencia podría moderarse por la notoria caída en los montos autorizados por AFIP a partir del lunes siguiente a las PASO.

El monto de validación promedio para compras de dólares (es decir, la cantidad de dólares autorizados por individuo solicitante) se mantuvo durante los primeros cinco días del mes (promedio US$ 766 en agosto contra US$ 744 en julio), pero cayó un 13 % para la segunda semana (US$ 591 en agosto contra US$ 679 en el mes anterior). La pregunta que resta responder es si este recorte en las ventas de divisas implicará una mayor presión sobre la cotización del billete en el mercado paralelo. El cierre del pasado viernes en su máximo valor del año hace pensar que el impacto en este rubro será inexorable en el caso de que se mantenga la postura de cerrar -aunque sea parcialmente- el grifo.

Si bien resulta el más visible a los ojos de los individuos, las restricciones a las ventas de dólares no son el único cepo que existe, ni el único que se vio ajustado tras las elecciones. Durante la semana pasada, distintos informes de mercado señalan que las ventas de dólares para el pago de importaciones se contrajeron en torno a un 30 %. En este rubro, el atraso acumulado es notorio y se estima por sobre los 6500 millones de dólares. En los primeros seis meses del año, las habilitaciones a operadores de importación para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios resultaron un 18 % menores a las de igual período del año anterior, las cuales ya presentaban una caída del 8 % en comparación con 2013.

El retraso en los giros de utilidades al exterior constituye otro cepo de menor visibilidad. En lo que va del año, las autorizaciones en este rubro fueron prácticamente nulas. Con cinco años notoriamente por debajo de los niveles históricos, el retraso acumulado ascendería a unos 12.000 millones de dólares. Esta política ha sido un claro limitante a las inversiones extranjeras.

En resumen, la gestión del cepo aparece como un desafío para el cierre del ciclo político y será clave para las elecciones en lo que refiere a los destinos políticos de los candidatos. No obstante, debe tenerse en cuenta que las ventas de dólares a los individuos son solamente la punta del iceberg. De cualquier modo, tan solo este punto podría ser un factor de tensión. La consolidada brecha entre la cotización del dólar paralelo y el oficial hace difícil moderar la salida de divisas por esta vía y pone mayor presión en las otras facetas. Pero no debe perderse de vista que las consecuencias son menos visibles pero más preocupantes al dar de lleno en los niveles de actividad y empleo.

En un nuevo capítulo de una historia que parece repetirse cíclicamente, el ministro de Economía Axel Kicillof apuntó a los empresarios que denuncian el evidente atraso cambiario que experimenta la economía nacional para denostar sus comentarios y señaló que no devaluará la moneda. Lo cierto y concreto es que este Gobierno ya lo ha hecho. Peor aún es la devaluación de la moneda, es decir, su pérdida de valor en relación con el dólar es una herramienta que utilizó este Gobierno desde comienzos de esta gestión, desde la primera presidencia de Cristina Fernández, cuando el peso se devaluó el 192 %; pasó de $ 3,14 a $ 9,18.

Repasando los últimos meses, desde que Axel Kicillof asumió el mando del Palacio de Hacienda, el mercado cambiario tuvo actividad durante 408 ruedas. Un análisis del comportamiento del mercado cambiario nos muestra que en el 79 % de los días el peso se devaluó respecto de la moneda norteamericana.

El problema de fondo es que esta fuerte y evidente devaluación del signo monetario es, en realidad, escasa frente al crecimiento que mostraron los precios en el mismo período. Esta inconsistencia de política macroeconómica luce evidente por mucho que se intente enmascarar detrás de antifaces de políticas redistributivas. No es otra cosa que el corolario de un crecimiento debocado en el nivel de gasto público, cuyo financiamiento se explica a través de la emisión monetaria, que convalida una autoridad sumisa a los deseos de la política y  que alcanza niveles récord en términos históricos.

Una política a las claras inconsistente y mal implementada. Basta un repaso por la literatura económica para saber que una devaluación solo es efectiva cuando los participantes del mercado entienden que será la última, al menos dadas las condiciones imperantes. Esto quiere decir, ni más ni menos, que el nuevo nivel refleja las condiciones de equilibrio. Ninguna de las 322 veces que el ministro devaluó la sociedad leyó ese mensaje.

Sin embargo, no debe sorprender este historial, que resulta ambiguo para el economista que rechaza la devaluación. Sus predecesores no marcaron un camino diferente. En lo que va del segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, en más de ocho de cada diez días hábiles el peso perdió valor. Ciertamente este Gobierno miente cuando dice que no va a devaluar. Lo hace casi todos los días.

En síntesis, la actual política macroeconómica argentina es inestable e inconsistente. Para lograr ordenar la macroeconomía será necesario primero ordenar las cuentas públicas para lograr una declinación gradual de la inflación y resolver el problema del financiamiento externo, para luego sí impulsar una unificación cambiaria, en un contexto de credibilidad que permita atraer inversiones privadas y recuperar rápidamente el sendero de crecimiento económico.

La visión alternativa indica que estamos viviendo la crónica de una muerte anunciada de un modelo populista que desvió a la Argentina del camino de desarrollo que alcanzaron nuestros países vecinos (Chile, Perú, Uruguay, Colombia o México). Un modelo insolvente favorecido por un efecto riqueza sin precedentes derivado del incremento de precios de precios internacionales en los principales productos agrícolas, que mejoraban año tras año.

Lo cierto es que el país ya no crece como antes y le cuesta crear empleo en el sector privado. La tasa de inflación se duplicó: del 20% al 40% anual, consecuencia del descontrol fiscal, financiado con emisión de moneda y utilización de las reservas. Cuánto más moneda se emite y más se devalúa, hay más vía libre para el descontrol fiscal y la “maquinita” que trae más inflación y devaluación. Es un círculo vicioso.

Para salir de esta situación será necesario lograr la estabilidad macro, mediante la implementación de políticas fiscales y monetarias sanas, que se completen con las ineludibles reformas estructurales. Así, el país debería volver a dar señales firmes de que realmente quiere reinsertarse en el mundo, siguiendo las prácticas habituales de respeto por los contratos y la propiedad privada, aplicar la restricción presupuestaria y valorar la estabilidad monetaria. En tal sentido la eliminación del cepo es fundamental, ya que en la actualidad representa un fuerte impuesto a quienes quieren invertir en Argentina, paralizando casi en su totalidad el proceso de ingreso de divisas al país.

En este punto radica la importancia de un programa macroeconómico de largo plazo, consensuado por las diferentes fuerzas políticas del país. Que se consolide con el próximo gobierno, pero que respete sus compromisos independientemente del signo partidario de quien tome el turno en el sillón de Rivadavia. Sin dudas, el desafío es complejo para un país como el nuestro que se ha caracterizado por fuerte indisciplina macroeconómica y fuertes tensiones sociales derivado de la crisis de representatividad en la clase dirigente y la delicada situación económica de vastos estratos de la sociedad.

Es cierto que esperar puede resultar doloroso. Esto es particularmente cierto en un contexto donde – en los últimos años – el discurso impregnó la sensación de que existe “la magia”. Una buena parte de la opinión pública cree que es posible para la Argentina podrá salir más rápido de la situación actual manteniendo el default y abandonando definitivamente la prudencia en las variables macro. De esta forma, sin olvidar las urgencias de corto plazo, es necesario trabajar sobre el largo plazo para lograr despejar la incertidumbre y crear el marco adecuado que permita una expansión del nivel de actividad en el corto plazo.

Para eso es fundamental mirar la experiencia internacional de Chile, Colombia o México. Países que aplicando una agenda económica consistente pudieron bajar una inflación crónica a valores razonables como los que tienen hoy. Sin dudas, los contextos son diferentes pero se trata de presentar un programa global de gobierno, que permita despejar las dudas inmediatas pero que al mismo tiempo definiendo claramente qué tipo de país será la Argentina en el largo plazo.

El respeto a la ley, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y monetaria, la apertura económica y la confianza en los mercados para asignar recursos son todas condiciones necesarias para el crecimiento económico sostenible.

A lo largo del año pasado, la economía mundial se caracterizó por mostrar signos de recuperación y alcanzar estabilidad financiera. Atrás quedó el colapso del 2008. En el plano real, se observa una reactivación, mejora el nivel de empleo y el consumo en Estados Unidos, mientras que los países más debilitados de la Zona Euro están poniendo fin a una recesión de dos años y todo indicaría que los países más golpeados del bloque levantarán cabeza en los próximos meses, aunque sea en forma moderada. En tanto los países emergentes, en especial China e India, seguirán como motores del impulso económico global.

Hablando de certezas tenemos un mundo que crece pero algunos interrogantes. ¿Llegará el fin de los planes de estímulos y las bajas tasas de interés? Escenario probable para este 2014 y que de concretarse implicaría menos gasto público y aumentos de impuestos, tanto en Europa como EEUU. Pero los principales funcionarios de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo dieron muestras de que para comenzar a reducir sus enormes estímulos monetarios antes el empleo, el gasto del consumidor y la construcción deben ser cimientos sólidos que permitan un crecimiento fuerte y sostenido.

Concretamente, para 2014, según los pronósticos del FMI, se espera que la economía mundial crezca como máximo un 3,1%. Recuperación global que será encabezada por las economías de los países emergentes: China e India con un crecimiento real previsto en casi 6% mientras que las economías avanzadas experimentarán un proceso de lento crecimiento, liderado por EEUU que crecerá por encima del 2,5%.

En lo que atañe a nuestro país, se confirmó lo repetido hasta el hartazgo: menor crecimiento económico acompañado por una elevada inflación. La actividad económica cerró el año con un crecimiento real cercano al 1,7%, y una suba de precios en torno al 27%. Escenario al que se sumaron algunas cuestiones de carácter social, como reclamos de aumentos salariales que derivaron en paros provinciales en un área clave y vital esencial como la policía, el preocupante avance del narcotráfico, sospechas de corrupción y una creciente inseguridad. Puntos que ilustran un mapa complicado en materia socio-económica. Además, la crisis estructural es ya indisimulable. La falta de inversión en pilares claves para la economía como la energía derivó en la actual crisis sistémica mostrando la vulnerabilidad en un sector delicado y vital para la sociedad.

En función de esto, el escenario 2014 argentino muestra más sombras que luces. Será clave la gestión del gobierno no sólo en materia fiscal, que es el flanco más débil, sino también en cuestiones institucionales y políticas, ya que éstas repercuten en forma directa sobre el desarrollo económico. A juzgar por lo visto hasta el momento, no podemos ser demasiado optimistas. La esperanza está puesta en el nuevo Congreso, para que actúe como contención a tanta discrecionalidad y arbitrariedad en muchas de las políticas adoptadas hasta el momento.

El principal riesgo viene por el posible efecto contagio que las paritarias policiales puede aparejar, ya que es difícil argumentar que los maestros, los médicos, los jueces y el resto de los empleados públicos no merecen un aumento similar. Si se generalizan los aumentos sin dudas se agudizará el problema fiscal.

La falta de un “programa para bajar la inflación” mediante un “ancla” que ayude a controlar las expectativas inflacionarias, en un esquema de creciente devaluación, pérdida de reservas y problemas de financiamiento del sector público, acrecienta las tensiones de la economía y eleva el fastidio de una sociedad que observa día a día un paulatino deterioro de la calidad de vida.

En síntesis, ¿son los 70? No, pero de todas formas es necesario diferenciar la tendencia de la foto. Por el momento la situación es manejable, pero los riesgos son múltiples y crecientes. La principal incógnita radica hasta qué punto se podrá sustentar una economía con los niveles de inflación existentes. Habrá que seguir de cerca la evolución del comercio exterior, las cuentas públicas, las reservas y el comportamiento del consumo. En la primera mitad del año, tendremos crecimiento resultado de la buena cosecha agropecuaria, la inflación escalará un peldaño, la devaluación anual se acelerará y habrá un constante deterioro de los fundamentales.

Revertir estas cuestiones, de perfil estructural y que se erigieron durante varios años como la base del “modelo” actual, no será tarea fácil y tampoco luce probable. La reversión de este panorama es esperada y deseada por todos. La recuperación mundial y la mejor cosecha parecen traer buenas noticias para la economía local, dado que permitirán reactivar el área más competitiva de nuestro país, con su efecto derrame en los demás sectores. Una vez más, Argentina dependerá del contexto mundial.

Además, más allá del impacto sobre los mercados financieros, una suba de tasas podría afectar negativamente las economías en recuperación (como es el caso de los países periféricos de Europa o una China que no logra aún superar una desaceleración en su crecimiento) y acentúa problemas estructurales que algunos emergentes no lograron superar. Tal es el caso de Brasil, el principal destino de las exportaciones origen santafesino, que hoy enfrenta las consecuencias de este escenario global.

Ante este panorama internacional, Argentina muestra una economía que durante el primer semestre logró salir de la recesión impulsada principalmente por una reactivación del sector automotriz, una campaña agrícola aceptable y un creciente gasto público. Reactivación que de todas formas no deja de desnudar los serios problemas estructurales que presenta la economía con la caída sistemática de reservas, la inflación creciente, el cepo cambiario y la caída de la inversión.

De cara a los próximos meses se espera que los aumentos salariales del orden del 24% en promedio en dos tramos que surgieron de las paritarias permitan alimentar el consumo de corto plazo, pero ante el fracaso de las políticas antiinflacionarias, principalmente el congelamiento y control de precios, se transformarán en un “boomerang” en el último trimestre del año post elecciones, con expectativas de inflación que -según la Universidad Di Tella- superan el 35%.

Estos datos se alejan de las cifras presentada por el IPEC, que para la provincia de Santa Fe estima una inflación anual apenas del 13% para el mes de mayo (en sintonía con los datos del INDEC), números que contrastan con los presentados respecto a las finanzas de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Córdoba, que muestran:

• ingresos tributarios para el mes de abril que se incrementaron en un 35%;
• un costo salarial de la estructura gubernamental provincial que se elevó un 24% (por incrementos salariales y nómina de planta);
• en definitiva, un gasto total que aumentó en un 26% respecto del año pasado.

Considerando que la actividad económica no presenta un dinamismo que explique los mayores ingresos, los números revelan una dura realidad: la presión fiscal alcanza niveles preocupantes, amenazando con ahogar empresas, productores y – por derrame – la población de la Región Centro.

En tanto el gasto público récord, ningún gobierno subnacional recaudó y gastó tanto como los actuales, erogaciones que no se traduce en acciones que permitan el desarrollo de las economías de la región, mejoren la competitividad o permitan una mejor calidad de vida a la población. Una verdad que reclama la sociedad y demuestran las demoradas y paralizadas obras en materia de infraestructura energética, vial y de acceso a la vivienda.

En síntesis, las perspectivas para la región son preocupantes. Fuimos testigos de un fuerte efecto riqueza vía precios que parece llegar a su fin en momentos donde la elevada presión tributaria sobre el bolsillo de los ciudadanos, el fuerte aumento del gasto público (sin inversión) no parece dar respuesta a los problemas que se reclaman: mayor seguridad, mejor infraestructura, acceso a la vivienda, en definitiva políticas que piensen en el largo plazo y mejoren la calidad de vida.