En la edición 2015 del Índice de Desempeño Provincial (IDP) se advierte un deterioro en la mayoría de los ratios analizados para el promedio de jurisdicciones, verificándose así una alta injerencia estatal en los Gobiernos subnacionales. En las provincias hay poca libertad económica. Presión fiscal récord, alta participación de empleados públicos en el mercado laboral y gasto público máximo en términos del producto, son algunos de los resultados de esta nueva edición del índice.

El IDP, elaborado anualmente por Fundación Libertad, es un indicador que mensura la libertad económica en las provincias argentinas a través de diversos indicadores fiscales. El índice comprende el análisis de tres áreas, a saber: tamaño del sector público, financiamiento del gasto público y presencia del empleo público provincial.

A mayor presencia del Estado a través de más gasto, más impuesto y más deuda, se le asigna a la provincia un menor puntaje -en una escala de 0 a 10 de acuerdo con la metodología utilizada-, entendiendo que a mayor intromisión del Estado, menos espacio hay para la iniciativa privada, la producción y el empleo, lo que se traduce en un nivel de desempeño provincial más bajo.

Tamaño del sector público y presión fiscal récord

Para la edición 2015, tal como lo hace desde la primera edición del IDP (año 2005), ciudad de Buenos Aires se adjudica la primera posición del ranking, esta vez lo hace con un puntaje de 8,66, mientras que Formosa, también por décima primera vez se posiciona en el último lugar de la tabla. La permanencia de estos resultados da cuenta de las asimetrías y las brechas estructurales que caracterizan a las jurisdicciones argentinas y que solo podrán revertirse en el muy largo plazo.

El análisis de las variables que componen el IDP advierte sobre la creciente participación del Estado en las economías del interior. Particularmente, según los ratios medios provinciales, se incrementa el tamaño del sector público, indicador que se mensura a través del cociente entre los gastos corrientes y el producto de cada jurisdicción. El valor promedio alcanzado para la edición 2015 es del 20,2 %, la cifra máxima en once años. Las heterogeneidades entre provincias son por demás notables, por cierto. En ciudad de Buenos Aires la relación entre los gastos corrientes y su producto bruto geográfico (PGB) alcanza el 6,4 %, en tanto que en Formosa este valor trepa al 38,6 %, es decir, es seis veces más grande.

En cuanto a la presión fiscal, medida a través del cociente entre recaudación tributaria y PBG, el promedio de provincias alcanza un cociente del 4,4 %, convirtiéndose en el valor más alto de la serie. Si se tiene en cuenta que para la primera edición del IDP este guarismo era del 2,9 %, el crecimiento de este indicador fue del 50 %. Tucumán es la provincia con mayor carga tributaria, con un cociente del 7,9 %, en tanto que Catamarca es la economía que exhibe el indicador más bajo en la materia, con el 1,3 %.

En diez años, el empleo público provincial creció un 50 %

El análisis del empleo público provincial muestra que la participación de los trabajadores del Estado en el total de la población ocupada alcanza el 16,7 % para el promedio de provincias, convirtiéndose este valor en el más alto de toda la serie del IDP. La cantidad de empleados públicos provinciales ascendió para el año 2013 a poco más de dos millones lo que implica un incremento del 50 % desde el año 2003. El mayor incremento se dio en Tierra del Fuego, con el 109 % y el menor en Formosa, con el 11,4 %.

Para la edición 2015, Córdoba lidera esta variable del IDP con la proporción más baja de empleados públicos sobre la población ocupada. El ratio alcanzado es de 7,7 %, seguida por la provincia de Santa Fe, con un cociente de 9,1 %. En la otra punta de la tabla se hallan Tierra del Fuego, Catamarca y La Rioja, donde la cantidad de trabajadores del Estado en el primer caso equivale al 27 % de la población ocupada, en el segundo al 26,1 % y en el tercero al 25,6 %.

Provincias poco endeudadas

Dentro de las variables contempladas por el IDP se destaca el rendimiento en cuanto al nivel de endeudamiento provincial. En promedio, el stock de deuda de las provincias en relación con el PBG es del 6,7 %, lo que significa una contracción de 0,3 puntos porcentuales respecto a la edición pasada.

Este indicador ha mostrado una continua mejora a lo largo de toda la serie del IDP, consecuencia de un mayor crecimiento del producto de las provincias que de su endeudamiento. Se percibe así una clara tendencia decreciente en este indicador, lo que está en sintonía con el alejamiento de la Argentina de los mercados financieros internacionales. Las provincias de San Luis, La Pampa y Santa Fe son las que exponen el menor stock de deuda en comparación con su producto, con guarismos inferiores al 1 %, en tanto que Jujuy y Formosa logran los valores más altos, en torno al 20 %.

Al igual que a nivel país, la injerencia estatal en las economías del interior es significativa, lo que limita el crecimiento genuino de las provincias. Los datos del IDP 2015 permiten ver que para el promedio de provincias creció el tamaño del sector público hasta alcanzar un nivel récord en toda la serie del IDP. También la presión impositiva que deben soportar los agentes económicos y la proporción de empleados públicos dentro de la población ocupada consiguen en esta oportunidad los valores más elevados en los 11 años que lleva el índice.

No obstante esto, no todas las provincias están en la misma situación, sino que las disparidades son significativas. Ciudad de Buenos Aires y San Luis, distritos líderes del IDP, se destacan frente a Chaco o Formosa, que son las de más baja calificación del conjunto provincial.

En efecto, para lograr un desarrollo sustentable es necesario contar con una gestión estatal eficiente, transparente y disciplinada. Solo a partir de esto se podrá generar un contexto que invite a la inversión, con el consecuente impacto en la producción, el empleo y la calidad de vida. En este marco, el IDP es una herramienta que permite elaborar un diagnóstico de situación de los estados provinciales con el propósito de esbozar políticas públicas basadas en un Estado que promueva el desarrollo en vez de obstaculizarlo.

El mes de julio dejó un nuevo máximo en la serie de ventas de dólar ahorro. Con una mayor voracidad por la divisa norteamericana, las operaciones realizadas con la venia de AFIP alcanzaron los 681 millones de dólares. Este valor representa un salto del 33 % respecto del mes anterior, también plusmarquista.

El denominado “dólar ahorro” o “dólar AFIP” nació en enero de 2014, pero sus orígenes son anteriores. El inicio de esto debe buscarse en la implementación de restricciones a las compras de dólares por parte de individuos que se puso en práctica a partir de noviembre de 2011 como paliativo a un proceso de fuga de capitales que se aceleraba. Esta medida fue bautizada por la opinión pública como el “cepo cambiario” y generó un mercado informal y paralelo para la moneda extranjera que ganó popularidad bajo el mote de “blue”.

En el mes de enero del año pasado, tras una abrupta depreciación del signo monetario, una de las medidas que adoptó el Gobierno en pos de una normalización de las operaciones fue la rehabilitación de las ventas de dólares a los individuos para su atesoramiento. Esto se materializó a partir de la Resolución General 3583/14 de la AFIP, en la cual se determinó que -autorización mediante- podrían adquirirse los billetes verdes pagando un 20 % adicional por sobre la cotización de la divisa, a cuenta de pagos futuros de impuesto a las ganancias. Esta percepción impositiva podía omitirse si el comprador inmovilizaba en una cuenta bancaria especialmente dispuesta a tal efecto los billetes verdes por un plazo de un año.

Tras 18 meses de su implementación, el dólar ahorro batió sus récords en todo sentido. No solo marcó el máximo en ventas, con un total de más de 680 millones en el séptimo mes del año. También marcó el máximo de operaciones realizadas (casi 986 mil transacciones efectivizadas, un 27 % más que en junio) y por monto promedio de la operación (690 dólares por ahorrista en billetes verdes, 29 dólares por operación más que en el mes anterior).

Si se analiza la distribución de las operaciones, se observa un notorio salto en la participación de los empleados en relación de dependencia del sector público entre los compradores de dólares en el sistema formal. Un 38 % de las ventas récord correspondió a personal empleado en los distintos niveles del Estado (un 39 % si se considera solamente los asalariados, casi tres puntos porcentuales por sobre el promedio de la serie). En este rubro, la mayor incidencia corresponde a la nómina nacional: dos de cada diez dólares que pasaron a manos de asalariados fueron para empleados públicos nacionales.

En lo que refiere a las variaciones mensuales, puede apreciarse que la tendencia refuerza el crecimiento en las ventas hacia los empleados públicos. En julio, el crecimiento intermensual fue del 39 % para los empleados del sector público nacional, mientras que la variación del sector privado fue del 31 %.

Pensando en los próximos meses, la incertidumbre electoral jugará su partido, por eso esperamos que la ampliación de la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial (que supone un subsidio a la compra de dólares al precio oficial) y el apetito por la dolarización de los ahorros dejen nuevos récords en las ventas de dólares a individuos. Agonía de un modelo que ya está agotado.