El inicio del nuevo Gobierno dejó mucha tela para cortar en este proceso que comenzó con el objetivo de normalizar la economía y destrabar el laberinto de cepos que dejaron doce años de kirchnerismo.

El primer paso antes de fin de año fue el levantamiento del cepo cambiario. De esta forma, quedaron atrás cuatro años signados por los fuertes controles que engendraron una innumerable cantidad de distorsiones, estancamiento económico, anémica creación de empleo privado, elevada inflación, marcado deterioro en la infraestructura y acelerada pérdida de reservas.

La realidad demostró que, lejos de los fantasmas que predecían quienes apoyaron esas políticas, el mecanismo y las políticas coordinadas que llevaron al levantamiento de las restricciones cambiarias facilitaron una unificación del valor del dólar, mermaron las chances de un potencial overshooting.

Además, previo al levantamiento de las restricciones, la cartera económica dio otra señal para reactivar las desbastadas economías regionales con la eliminación de las retenciones a los productos industriales y agrícolas y la baja de cinco puntos para el complejo sojero. Esta situación representó una mejora real del ingreso para el sector primario y secundario de la economía.

En simultáneo con estas medidas, la política monetaria recuperó su independencia en las decisiones y retomó como objetivo el resguardo del valor de la moneda. Por eso, implementó un incremento en las tasas de interés en las licitaciones de letras del Banco Central (Lebacs), procurando volver más atractivos los rendimientos en pesos, a fin de restarle impulso a la demanda de dólares en el mercado de cambios. Tasas que con el correr de las semanas comenzaron a contraerse buscando reactivar la economía y no generar un mayor costo cuasifiscal, que representaría una carga mayor de cara al futuro.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Finanzas

El último punto que completa la primera parte del plan normalización vislumbra la línea fiscal. Es decir, corregir los desequilibrios heredados y reducir gradualmente la inercia inflacionaria. La premisa es alcanzar niveles de un dígito hacia fines del nuevo mandato presidencial. Tarea que representa el gran talón de Aquiles y que determinará el éxito o el fracaso del programa integral.

En tal sentido, los números marcan que durante el año 2015 el déficit habría alcanzado 5,8% del PIB, el mayor nivel de las últimas tres décadas, que llegaría a 7,8% del PIB si se anualizaran las últimas medias expansivas en materia fiscal llevadas a cabo por la gestión anterior. Con este punto de partida, el Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció el Programa Fiscal y de Metas de Inflación (PFyMI), en busca de manejar las expectativas inflacionarias.

Así, el objetivo fijado para el 2016 será reducir el déficit primario a 4,8% del producto, con foco en un recorte en los subsidios energéticos y un cambio en la forma de otorgarlos, pasando a subsidiar la demanda en lugar de la oferta. Recordemos que hoy los subsidios a la energía que reciben entre el 30% y 40% más rico de la población representan la mitad de los subsidios totales. Para los años posteriores se proyecta un sendero descendente del déficit a razón de 1,5 puntos del PIB, con lo que en 2019 el resultado primario estaría equilibrado. Llevar el déficit fiscal primario a cero en 2019 es un objetivo realista.

En síntesis, durante el año que estamos transitando el dolor de cabeza del Gobierno será manejar el profundo desequilibrio en las cuentas públicas. Buscar financiamiento externo resolviendo los litigios con los holdouts y lograr frenar el ritmo de emisión monetaria, que sobre fin de año mostraba una tasa de expansión récord de 43%, serán pilares fundamentales. El termómetro que marcará el pulso de la política económica será la inflación, que el Gobierno fijó para diciembre en un rango de 20%-25% anual, más baja que la de 2015 (28,5% anual). Por ello, el gran desafío económico del nuevo Gobierno es vencer el déficit fiscal primario. Tarea que luce exigente si se considera que es un año en que se están corrigiendo las distorsiones de precios relativos: suba del dólar, ajuste de tarifas de electricidad y gas, renegociación de salarios y baja de la presión tributaria. El costo será un estancamiento relativo de la economía, al menos durante los primeros meses del año, a la espera del ingreso de la cosecha gruesa que augura un segundo semestre más optimista.

El éxito de esta gestión dependerá en gran medida del reposicionamiento que logre Argentina en los mercados internacionales. El viaje del presidente Mauricio Macri a Davos, tras años de ausencia de Argentina en el Foro, es un hito en ese sentido.

De acuerdo con el Índice de Competitividad elaborado por el World Economic Forum (WEF) dado a conocer recientemente, Argentina se ubica en el puesto 106 sobre un total de 140 países evaluados. Desciende dos puestos respecto a la edición pasada. Además, se advierte una dramática caída desde 2003, al caer 28 puestos.

El Índice de Competitividad del WEF analiza tres factores de estudio. El primer elemento son los “requerimientos básicos”, dentro de los cuales se estudian cuestiones vinculadas a las instituciones, a la educación y a la estabilidad macroeconómica. Un segundo elemento analiza los “potenciadores de la eficiencia” y contempla aspectos del mercado de bienes y del mercado laboral, mientras que un tercer componente analiza los “factores de innovación”. De las tres áreas de estudio, Argentina se adjudica la peor posición en la primera de ellas, con el puesto 104, en tanto que en las otras dos se posiciona en los lugares 88 y 99, respectivamente.

El ranking es liderado por Suiza, escoltado por Singapur y Estados Unidos. En términos regionales, Chile es el país líder (puesto 35), seguido por Panamá (50), México (57), Colombia (61), Perú (69), Uruguay (73), Brasil (75) y Ecuador (76). Argentina sólo supera a Bolivia (117), Paraguay (118) y Venezuela (132).

Al desagregar cada una de las áreas de estudios en las diversas variables que componen el índice, los peores puestos se hallan en efectos de los impuestos en el mercado de trabajo (puesto 140), efectos de los impuestos en los incentivos a la inversión (139), favoritismo en las decisiones del Gobierno (139), presencia de barreras comerciales (139), procedimientos aduaneros (139), despilfarro del gasto público (138), confianza pública en los políticos (137), ética y corrupción (137) y desvío de fondos públicos (136).

Se advierte que las peores posiciones de Argentina se hallan en el área institucional. Además del deterioro institucional, el reporte señala que el entorno macroeconómico débil, la ineficiencia del sector financiero, la inflación y las regulaciones son los principales obstáculos para la inversión. Vale señalar que Argentina sólo alcanza un buen desempeño relativo en las variables tamaño del mercado (27) y captación de tecnologías de la información y la comunicación (52).

Por otra parte, hay que destacar el fuerte deterioro en los últimos años en materia de competitividad en nuestro país. Para el año 2003, Argentina ocupaba el puesto 78 en este ranking, es decir, perdió 28 posiciones en doce años. A este magro resultado en competitividad, se adicionan los notables deterioros obtenidos en los últimos años en libertad económica, libertad de prensa, derechos de propiedad y percepción de corrupción, entre otros tantos.

En efecto, índices confeccionados por organizaciones diferentes y con metodologías también disímiles arriban a una misma conclusión: En los últimos años Argentina ha profundizado su debilidad institucional, hay fuertes obstáculos gubernamentales para el desarrollo de negocios y es menos competitiva. Esto no es gratis y se refleja en que el país hace cuatro años que no crece, no se crea empleo en el sector privado, la tasa de inflación es una de las más elevadas del mundo. Además, hay un marcado agotamiento de stocks, falta de infraestructura, bajas reservas internacionales, estrangulamiento externo y pérdida de confianza, transparencia y credibilidad. Sin dudas la última década será recordada como la década de la pérdida de competitividad para el país.

 Las cuentas públicas no cierran y las necesidades de recursos del Tesoro son crecientes. Las asistencias del Banco Central (BCRA) y de Anses al Tesoro se triplicaron en dos años, pero aún son insuficientes para equilibrar las cuentas públicas que están al rojo vivo.

El déficit fiscal en los primeros siete meses del año fue de 108.172 millones de pesos, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Mecon), guarismo un 181 % superior al desequilibrio registrado en igual período de 2014 y que iguala al rojo de todo el año 2014. Lo más llamativo y preocupante de este muy delicado estado de situación es que al resultado fiscal anterior se arriba con los aportes extraordinarios que hicieron Anses y el BCRA al Tesoro. Sin estos recursos, estaríamos en presencia de un rojo sustancialmente mayor para el período enero-julio de 2015, equivalente a 174 mil millones de pesos. Es decir, un 60 % más.

Los traspasos de estos dos organismos han crecido de modo más que notorio en los últimos años. Puntualmente, en los primeros siete primeros meses de este año ascendieron a 65.891 millones de pesos, un año antes fueron de 61.061 millones y en 2013 habían sido de 21.786 millones de pesos, es decir, en dos años se triplicaron las asistencias de estas dos entidades al Tesoro Nacional. Y, si la comparación se realiza con el ejercicio 2012, las ayudas casi se quintuplicaron.

En síntesis, los números ilustrados dejan en claro el tamaño del agujero fiscal y la decisión del Gobierno de transformar a la autoridad monetaria en un prestamista de primera instancia del Tesoro a través de adelantos transitorios y utilidades contables -lo que en pocas palabras es emisión e inflación-, y de utilizar rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses para hacer frente a sus mayores gastos. La “maquinita” no se detiene y el futuro del sistema previsional parece no importar. Los argentinos tenemos una vez más el futuro hipotecado.

Luego de que el día martes 22 la soja alcance mínimos de seis años y medio en el mercado de Chicago, el día viernes los futuros mostraron la recuperación más importante en las últimas cinco semanas al avanzar más de 2,4 %. También el maíz avanzó U$S 2 y el trigo U$S 3,5.

Precisamente, por el lado de la oleaginosa, la confirmación de ventas desde Estado Unidos hacia China y la firma de acuerdos de exportación de 13,2 millones de toneladas para el ciclo 2015/16 y 2016/17 fueron las noticias alcistas que permitieron una recuperación de los precios. A pesar de esto, el escenario de mediano plazo sigue mostrando que el avance a buen ritmo de la cosecha en Midwest y los comentarios de rindes positivos sumará presión de cosecha.

En los próximos días se comienza a monitorear fuerte el clima en Brasil, que por el momento muestra una situación de humedad menor a la necesaria en la región de Mato Grosso, lo que dificulta el inicio de los avances de la siembra de soja. Igualmente, todo indica que el país carioca tendrá una excelente producción, superior a las cien millones de toneladas, motivada por un aumento de área de siembra ante la mejora de rentabilidad derivada de la devaluación del real.

Respecto al maíz, el alza fue consecuencia de compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión, ya que los informes sobre los rindes a medida que avanza la cosecha en el cinturón maicero norteamericano continúan poniendo en duda las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de una cosecha que de todas formas será importante.

Ante este escenario mundial, los productores locales ya iniciaron la siembra de maíz y próximamente comenzarán las primeras implantaciones de soja, si bien los números que hoy proyecta el productor no son para nada alentadores. La ecuación precio futuro por rendimiento estimado, menos costos (gastos de comercialización, labranzas, semillas, agroquímicos, fertilizantes, cosecha y gastos de estructura) y la elevada presión impositiva sigue derivando en un cuadro de quebranto para todos los cultivos en todos los rangos de rinde. De esta forma, se reafirma el panorama complicado para el negocio agrícola, una fábrica a cielo abierto de alto riesgo. Recordemos, además, que en el caso del trigo y el maíz la demanda interna no compite con la exportación, por el sistema de Registro de Operaciones de Exportación, lo que deprime los precios ofrecidos, que siguen por debajo del Servicio Agrícola Exterior (FAS) teórico.

Por cierto, según la información de Márgenes Agropecuarios, para la región núcleo las siembras en campo propio por administración marcan que los rindes de indiferencia necesarios para cubrir el total de costos son de 54 qq/ha en trigo, de 27 qq/ha en soja de segunda sembrada sobre trigo, de 109 qq/ha en maíz y de 42 qq/ha en soja de primera. En campo arrendado, el rinde de indiferencia para cubrir costos totales es de 51 qq/ha en trigo, 26 qq/ha en soja de segunda, 100 qq/ha en maíz y 41 qq/ha en soja de primera.

Números que van en línea con un estudio desarrollado por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), que marca que los resultados económicos esperados de la soja y del maíz para la campaña 2015/16 serían negativos para la mayoría de las zonas productivas si se obtienen los rindes históricos de cada región y si se mantienen los precios a cosecha que ofrecen los mercados a término. El número es elocuente, en el 85 % de los departamentos-partidos analizados, la producción de maíz y de soja sería económicamente inviable, porque el rendimiento promedio zonal se ubica por debajo del rinde para cubrir los costos.

Pensando en el futuro, si bien lucen escasas las oportunidades que tiene el productor para reducir costos, entre las que podemos enumerar el uso de semilla propia, la venta con flete directo, la cosecha sin humedad excedente y el renegocio de la tarifa de trilla, podemos repasar una serie de recomendaciones que son fundamentales para lograr paliar este panorama complejo.

En el corto plazo, las señales indican que sería más apropiado desprenderse de la soja disponible y buscar coberturas en otros activos, principalmente ligados a una devaluación del tipo de cambio. En tanto, el contexto de fuerte volatilidad existente en los mercados actuales plantea la necesidad de comenzar a concretar alternativas de cobertura para la nueva campaña mediante la compra de puts para minimizar los riesgos ante la caída de precios. Por último, desde lo productivo, más allá de que los costos de inversión por hectárea entre soja y maíz sean favorables para la oleaginosa, pensar en la posibilidad de sembrar maíces tardíos amerita la alternativa de demorar la decisión final al máximo posible, sobre todo en función de eventuales anuncios políticos que permitan modificar las reglas de comercialización.

Sin dudas durante esta campaña serán fundamentales las decisiones comerciales y financieras. La flexibilidad es la consigna. El campo es el primer motor de la economía nacional y por eso hoy luce como prioridad reactivarlo eliminando las retenciones y simplificando las normativas y la reglamentación impositiva. Solo así la agricultura volverá a ser viable y sustentable.

En la edición 2015 del Índice de Desempeño Provincial (IDP) se advierte un deterioro en la mayoría de los ratios analizados para el promedio de jurisdicciones, verificándose así una alta injerencia estatal en los Gobiernos subnacionales. En las provincias hay poca libertad económica. Presión fiscal récord, alta participación de empleados públicos en el mercado laboral y gasto público máximo en términos del producto, son algunos de los resultados de esta nueva edición del índice.

El IDP, elaborado anualmente por Fundación Libertad, es un indicador que mensura la libertad económica en las provincias argentinas a través de diversos indicadores fiscales. El índice comprende el análisis de tres áreas, a saber: tamaño del sector público, financiamiento del gasto público y presencia del empleo público provincial.

A mayor presencia del Estado a través de más gasto, más impuesto y más deuda, se le asigna a la provincia un menor puntaje -en una escala de 0 a 10 de acuerdo con la metodología utilizada-, entendiendo que a mayor intromisión del Estado, menos espacio hay para la iniciativa privada, la producción y el empleo, lo que se traduce en un nivel de desempeño provincial más bajo.

Tamaño del sector público y presión fiscal récord

Para la edición 2015, tal como lo hace desde la primera edición del IDP (año 2005), ciudad de Buenos Aires se adjudica la primera posición del ranking, esta vez lo hace con un puntaje de 8,66, mientras que Formosa, también por décima primera vez se posiciona en el último lugar de la tabla. La permanencia de estos resultados da cuenta de las asimetrías y las brechas estructurales que caracterizan a las jurisdicciones argentinas y que solo podrán revertirse en el muy largo plazo.

El análisis de las variables que componen el IDP advierte sobre la creciente participación del Estado en las economías del interior. Particularmente, según los ratios medios provinciales, se incrementa el tamaño del sector público, indicador que se mensura a través del cociente entre los gastos corrientes y el producto de cada jurisdicción. El valor promedio alcanzado para la edición 2015 es del 20,2 %, la cifra máxima en once años. Las heterogeneidades entre provincias son por demás notables, por cierto. En ciudad de Buenos Aires la relación entre los gastos corrientes y su producto bruto geográfico (PGB) alcanza el 6,4 %, en tanto que en Formosa este valor trepa al 38,6 %, es decir, es seis veces más grande.

En cuanto a la presión fiscal, medida a través del cociente entre recaudación tributaria y PBG, el promedio de provincias alcanza un cociente del 4,4 %, convirtiéndose en el valor más alto de la serie. Si se tiene en cuenta que para la primera edición del IDP este guarismo era del 2,9 %, el crecimiento de este indicador fue del 50 %. Tucumán es la provincia con mayor carga tributaria, con un cociente del 7,9 %, en tanto que Catamarca es la economía que exhibe el indicador más bajo en la materia, con el 1,3 %.

En diez años, el empleo público provincial creció un 50 %

El análisis del empleo público provincial muestra que la participación de los trabajadores del Estado en el total de la población ocupada alcanza el 16,7 % para el promedio de provincias, convirtiéndose este valor en el más alto de toda la serie del IDP. La cantidad de empleados públicos provinciales ascendió para el año 2013 a poco más de dos millones lo que implica un incremento del 50 % desde el año 2003. El mayor incremento se dio en Tierra del Fuego, con el 109 % y el menor en Formosa, con el 11,4 %.

Para la edición 2015, Córdoba lidera esta variable del IDP con la proporción más baja de empleados públicos sobre la población ocupada. El ratio alcanzado es de 7,7 %, seguida por la provincia de Santa Fe, con un cociente de 9,1 %. En la otra punta de la tabla se hallan Tierra del Fuego, Catamarca y La Rioja, donde la cantidad de trabajadores del Estado en el primer caso equivale al 27 % de la población ocupada, en el segundo al 26,1 % y en el tercero al 25,6 %.

Provincias poco endeudadas

Dentro de las variables contempladas por el IDP se destaca el rendimiento en cuanto al nivel de endeudamiento provincial. En promedio, el stock de deuda de las provincias en relación con el PBG es del 6,7 %, lo que significa una contracción de 0,3 puntos porcentuales respecto a la edición pasada.

Este indicador ha mostrado una continua mejora a lo largo de toda la serie del IDP, consecuencia de un mayor crecimiento del producto de las provincias que de su endeudamiento. Se percibe así una clara tendencia decreciente en este indicador, lo que está en sintonía con el alejamiento de la Argentina de los mercados financieros internacionales. Las provincias de San Luis, La Pampa y Santa Fe son las que exponen el menor stock de deuda en comparación con su producto, con guarismos inferiores al 1 %, en tanto que Jujuy y Formosa logran los valores más altos, en torno al 20 %.

Al igual que a nivel país, la injerencia estatal en las economías del interior es significativa, lo que limita el crecimiento genuino de las provincias. Los datos del IDP 2015 permiten ver que para el promedio de provincias creció el tamaño del sector público hasta alcanzar un nivel récord en toda la serie del IDP. También la presión impositiva que deben soportar los agentes económicos y la proporción de empleados públicos dentro de la población ocupada consiguen en esta oportunidad los valores más elevados en los 11 años que lleva el índice.

No obstante esto, no todas las provincias están en la misma situación, sino que las disparidades son significativas. Ciudad de Buenos Aires y San Luis, distritos líderes del IDP, se destacan frente a Chaco o Formosa, que son las de más baja calificación del conjunto provincial.

En efecto, para lograr un desarrollo sustentable es necesario contar con una gestión estatal eficiente, transparente y disciplinada. Solo a partir de esto se podrá generar un contexto que invite a la inversión, con el consecuente impacto en la producción, el empleo y la calidad de vida. En este marco, el IDP es una herramienta que permite elaborar un diagnóstico de situación de los estados provinciales con el propósito de esbozar políticas públicas basadas en un Estado que promueva el desarrollo en vez de obstaculizarlo.

Con algunas semanas transcurridos desde las elecciones primarias, los resultados y las proyecciones dan lugar al análisis de diferentes valores. No obstante, ni el 38% oficialista, el 62% opositor o el 62% peronista son los guarismos que más peso tendrán en lo que resta para que las mayorías se expidan sobre el recambio presidencial. De aquí a octubre, el devenir de la economía será uno de los factores de mayor peso y el valor del dólar tal vez el guarismo de mayor relevancia. La estrategia oficial pasa por mantener el tipo de cambio anclado, pero un contexto adverso convierte el escenario en una batalla contra el tiempo que obliga a cerrar paulatinamente el grifo de dólares.

A pesar de que el último lustro estuvo caracterizado por la abundancia de dólares baratos en el mundo, nuestro país se mantuvo al margen de la bonanza de tasas de interés cercanas a cero. Por el contrario, el resultado de un prolongado período de aplicación de políticas inconsistentes -en las que predominó la monetización de un déficit fiscal que podría alcanzar los 8 puntos del producto para 2015- llevó a una salida de divisas que condujo a la implantación de restricciones cambiarias. Los controles no solamente cercenan las libertades de los ahorristas (imponen limitaciones al atesoramiento y reducen la protección frente al impuesto inflacionario), sino que ahogaron vastos sectores productivos. 

 Sin embargo, el cepo cambiario -que se encuentra próximo a cumplir cuatro años de vida- no impedirá que el ciclo kirchnerista se despida con una fuga de capitales acumulada en 100.000 millones de dólares. Esto es más de tres veces el nivel de reservas que actualmente posee el Banco Central y entre cuatro y cinco veces las que dejarán al próximo Gobierno. La mayor parte de este proceso se dio a partir de 2007, lo cual no es casual. Esto coincide con el inicio de un proceso de deterioro institucional y económico (manipulación de estadísticas, inflación y atraso cambiario como principales emergentes). El 2015 tendrá la mayor salida de dólares de los últimos cinco años.

Más allá de la dinámica de mediano plazo, evidencia de una oportunidad desaprovechada para robustecer el crecimiento económico, las perspectivas para el futuro inmediato no son alentadoras. El intento por moderar la escalada del dólar blue a partir de una mayor venta de dólares en la modalidad ahorro resultó de una efectividad moderada hasta el mes de julio. Desde entonces, las consecutivas plusmarcas en las ventas de divisas no lograron contener la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que retornó a niveles por sobre el 60 %.

Si bien los 493 millones de dólares que se vendieron en la primera mitad de agosto hacen pensar que el octavo mes del año dejará un nuevo récord en las ventas de dólar ahorro, esta tendencia podría moderarse por la notoria caída en los montos autorizados por AFIP a partir del lunes siguiente a las PASO.

El monto de validación promedio para compras de dólares (es decir, la cantidad de dólares autorizados por individuo solicitante) se mantuvo durante los primeros cinco días del mes (promedio US$ 766 en agosto contra US$ 744 en julio), pero cayó un 13 % para la segunda semana (US$ 591 en agosto contra US$ 679 en el mes anterior). La pregunta que resta responder es si este recorte en las ventas de divisas implicará una mayor presión sobre la cotización del billete en el mercado paralelo. El cierre del pasado viernes en su máximo valor del año hace pensar que el impacto en este rubro será inexorable en el caso de que se mantenga la postura de cerrar -aunque sea parcialmente- el grifo.

Si bien resulta el más visible a los ojos de los individuos, las restricciones a las ventas de dólares no son el único cepo que existe, ni el único que se vio ajustado tras las elecciones. Durante la semana pasada, distintos informes de mercado señalan que las ventas de dólares para el pago de importaciones se contrajeron en torno a un 30 %. En este rubro, el atraso acumulado es notorio y se estima por sobre los 6500 millones de dólares. En los primeros seis meses del año, las habilitaciones a operadores de importación para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios resultaron un 18 % menores a las de igual período del año anterior, las cuales ya presentaban una caída del 8 % en comparación con 2013.

El retraso en los giros de utilidades al exterior constituye otro cepo de menor visibilidad. En lo que va del año, las autorizaciones en este rubro fueron prácticamente nulas. Con cinco años notoriamente por debajo de los niveles históricos, el retraso acumulado ascendería a unos 12.000 millones de dólares. Esta política ha sido un claro limitante a las inversiones extranjeras.

En resumen, la gestión del cepo aparece como un desafío para el cierre del ciclo político y será clave para las elecciones en lo que refiere a los destinos políticos de los candidatos. No obstante, debe tenerse en cuenta que las ventas de dólares a los individuos son solamente la punta del iceberg. De cualquier modo, tan solo este punto podría ser un factor de tensión. La consolidada brecha entre la cotización del dólar paralelo y el oficial hace difícil moderar la salida de divisas por esta vía y pone mayor presión en las otras facetas. Pero no debe perderse de vista que las consecuencias son menos visibles pero más preocupantes al dar de lleno en los niveles de actividad y empleo.

La provincia de Buenos Aires muestra la menor participación de obra pública en relación con el gasto total. Esta situación explica el deterioro en términos de infraestructura que hoy se evidencia en las inundaciones, pero también en las cifras de accidentes viales (lidera el ranking de muertes por accidentes viales) y otras carencias para la población, como la falta de agua y energía eléctrica.

Las adversidades no son casualidades del destino, sino una concatenación de causalidades. Por eso en primer lugar es importante diferenciar la foto de la película. Las causas de la difícil situación que enfrentan miles de familias argentinas no responden estrictamente a las lluvias recientes en forma exclusiva. Son más bien el emergente de un extenso historial de postergaciones, la populista subordinación del largo plazo a los objetivos cortoplacistas del poder de turno en su misión exclusiva de retenerlo en su propio beneficio.

Es entonces importante conocer los factores y las causas que llevaron a esta lamentable realidad. Ahí es donde comienzan a aparecer diferentes interrogantes, siendo el principal: ¿Qué se hizo para que esta situación no suceda? Responder a esta pregunta es analizar cuánto destinan efectivamente los Gobiernos a la inversión real directa. Una de las principales variables que se contempla a la hora de analizar el crecimiento o el desarrollo de una economía.

La inversión real directa incluye nuevas obras de infraestructura y la compra de bienes de capital destinados a aumentar o reponer el patrimonio de bienes de capital del Estado. Un estudio detallado señala que para el año 2013 (último año con cifras oficiales), las jurisdicciones que presentaron la mayor proporción de inversión real directa en relación con el gasto total ejecutado fueron: Santiago del Estero (33,1 %), San Luis (32,1 %) y Formosa (27,8 %). Mientras que en el otro extremos precisamente se encuentran las provincias de Buenos Aires (2,2 %); Tierra del Fuego (4,5 %) y Neuquén (5,0 %).

Otro cálculo que puede realizarse es aquel que toma en cuenta las erogaciones per cápita, es decir, lo que cada jurisdicción destinó de sus recursos a infraestructura en relación con la cantidad de habitantes que tiene. De este modo, se obtiene lo siguiente:

La provincia de Formosa se ubica en el primer lugar, con una IRD pública de $ 5527 per cápita en 2013, mientras que en el otro extremo se encuentra Buenos Aires, con una IRD de $167 per cápita. Si se comparan ambas provincias, la primera destinó a inversión por individuo 33 veces más que la segunda. Asimismo, se distinguen en esta variable Santiago del Estero, San Luis y La Pampa, las cuales destinaron montos de $ 4673, $ 4517 y $ 4445 per cápita, respectivamente.

Los datos anteriores no hacen más que demostrar las grandes disparidades que hay entre una provincia y otra, incluso entre provincias de similares características. Por ejemplo, se puede citar el caso de Misiones, con IRD ejecutada en 2013 de $ 3278 por habitante, más de tres veces y medio del nivel alcanzado por Corrientes ($ 891 per cápita) o el caso de Formosa, que más que triplica la IRD per cápita de su vecina Chaco ($ 1759).

Si bien los valores antes mencionados están influenciados tanto por cuestiones redistributivas como demográficas, lo cierto es que las discrepancias entre las economías del interior van más allá de estos factores.

En definitiva, una de las razones que puede explicar las diferencias entre una jurisdicción y otra radica en considerar que típicamente la inversión pública es una variable con comportamiento errático y procíclico en Argentina, es decir, se ejecuta mucha obra pública cuando los recursos y los excedentes fiscales abundan y se subejecuta en períodos de escasez. También, la evolución de esta variable está ligada a los períodos electorales, esto es, aumenta en los ejercicios que hay comicios y disminuye en los que no hay.

En otras palabras, la IRD tiene una exigua participación dentro de los presupuestos provinciales. Esto se aprecia muy bien cuando se advierte que, en promedio, las distritos del interior destinan el 50 % de su presupuesto a gastos en personal, es decir, casi cuatro veces que lo dirigido a obra pública.

Más allá de los fríos números, la conclusión que emerge es clara. No hay que mirar al cielo al buscar un responsable por las trágicas consecuencias de las inundaciones, que dejan atrás pérdidas humanas y materiales. Los responsables deben buscarse entre quienes decidieron postergar las necesarias inversiones, invirtiendo los roles del Gobierno. Esto es, poniendo la gente al servicio del gobernante y no el gobernante al servicio de la gente.

El mes de julio dejó un nuevo máximo en la serie de ventas de dólar ahorro. Con una mayor voracidad por la divisa norteamericana, las operaciones realizadas con la venia de AFIP alcanzaron los 681 millones de dólares. Este valor representa un salto del 33 % respecto del mes anterior, también plusmarquista.

El denominado “dólar ahorro” o “dólar AFIP” nació en enero de 2014, pero sus orígenes son anteriores. El inicio de esto debe buscarse en la implementación de restricciones a las compras de dólares por parte de individuos que se puso en práctica a partir de noviembre de 2011 como paliativo a un proceso de fuga de capitales que se aceleraba. Esta medida fue bautizada por la opinión pública como el “cepo cambiario” y generó un mercado informal y paralelo para la moneda extranjera que ganó popularidad bajo el mote de “blue”.

En el mes de enero del año pasado, tras una abrupta depreciación del signo monetario, una de las medidas que adoptó el Gobierno en pos de una normalización de las operaciones fue la rehabilitación de las ventas de dólares a los individuos para su atesoramiento. Esto se materializó a partir de la Resolución General 3583/14 de la AFIP, en la cual se determinó que -autorización mediante- podrían adquirirse los billetes verdes pagando un 20 % adicional por sobre la cotización de la divisa, a cuenta de pagos futuros de impuesto a las ganancias. Esta percepción impositiva podía omitirse si el comprador inmovilizaba en una cuenta bancaria especialmente dispuesta a tal efecto los billetes verdes por un plazo de un año.

Tras 18 meses de su implementación, el dólar ahorro batió sus récords en todo sentido. No solo marcó el máximo en ventas, con un total de más de 680 millones en el séptimo mes del año. También marcó el máximo de operaciones realizadas (casi 986 mil transacciones efectivizadas, un 27 % más que en junio) y por monto promedio de la operación (690 dólares por ahorrista en billetes verdes, 29 dólares por operación más que en el mes anterior).

Si se analiza la distribución de las operaciones, se observa un notorio salto en la participación de los empleados en relación de dependencia del sector público entre los compradores de dólares en el sistema formal. Un 38 % de las ventas récord correspondió a personal empleado en los distintos niveles del Estado (un 39 % si se considera solamente los asalariados, casi tres puntos porcentuales por sobre el promedio de la serie). En este rubro, la mayor incidencia corresponde a la nómina nacional: dos de cada diez dólares que pasaron a manos de asalariados fueron para empleados públicos nacionales.

En lo que refiere a las variaciones mensuales, puede apreciarse que la tendencia refuerza el crecimiento en las ventas hacia los empleados públicos. En julio, el crecimiento intermensual fue del 39 % para los empleados del sector público nacional, mientras que la variación del sector privado fue del 31 %.

Pensando en los próximos meses, la incertidumbre electoral jugará su partido, por eso esperamos que la ampliación de la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial (que supone un subsidio a la compra de dólares al precio oficial) y el apetito por la dolarización de los ahorros dejen nuevos récords en las ventas de dólares a individuos. Agonía de un modelo que ya está agotado.

En un nuevo capítulo de una historia que parece repetirse cíclicamente, el ministro de Economía Axel Kicillof apuntó a los empresarios que denuncian el evidente atraso cambiario que experimenta la economía nacional para denostar sus comentarios y señaló que no devaluará la moneda. Lo cierto y concreto es que este Gobierno ya lo ha hecho. Peor aún es la devaluación de la moneda, es decir, su pérdida de valor en relación con el dólar es una herramienta que utilizó este Gobierno desde comienzos de esta gestión, desde la primera presidencia de Cristina Fernández, cuando el peso se devaluó el 192 %; pasó de $ 3,14 a $ 9,18.

Repasando los últimos meses, desde que Axel Kicillof asumió el mando del Palacio de Hacienda, el mercado cambiario tuvo actividad durante 408 ruedas. Un análisis del comportamiento del mercado cambiario nos muestra que en el 79 % de los días el peso se devaluó respecto de la moneda norteamericana.

El problema de fondo es que esta fuerte y evidente devaluación del signo monetario es, en realidad, escasa frente al crecimiento que mostraron los precios en el mismo período. Esta inconsistencia de política macroeconómica luce evidente por mucho que se intente enmascarar detrás de antifaces de políticas redistributivas. No es otra cosa que el corolario de un crecimiento debocado en el nivel de gasto público, cuyo financiamiento se explica a través de la emisión monetaria, que convalida una autoridad sumisa a los deseos de la política y  que alcanza niveles récord en términos históricos.

Una política a las claras inconsistente y mal implementada. Basta un repaso por la literatura económica para saber que una devaluación solo es efectiva cuando los participantes del mercado entienden que será la última, al menos dadas las condiciones imperantes. Esto quiere decir, ni más ni menos, que el nuevo nivel refleja las condiciones de equilibrio. Ninguna de las 322 veces que el ministro devaluó la sociedad leyó ese mensaje.

Sin embargo, no debe sorprender este historial, que resulta ambiguo para el economista que rechaza la devaluación. Sus predecesores no marcaron un camino diferente. En lo que va del segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, en más de ocho de cada diez días hábiles el peso perdió valor. Ciertamente este Gobierno miente cuando dice que no va a devaluar. Lo hace casi todos los días.

En síntesis, la actual política macroeconómica argentina es inestable e inconsistente. Para lograr ordenar la macroeconomía será necesario primero ordenar las cuentas públicas para lograr una declinación gradual de la inflación y resolver el problema del financiamiento externo, para luego sí impulsar una unificación cambiaria, en un contexto de credibilidad que permita atraer inversiones privadas y recuperar rápidamente el sendero de crecimiento económico.

La visión alternativa indica que estamos viviendo la crónica de una muerte anunciada de un modelo populista que desvió a la Argentina del camino de desarrollo que alcanzaron nuestros países vecinos (Chile, Perú, Uruguay, Colombia o México). Un modelo insolvente favorecido por un efecto riqueza sin precedentes derivado del incremento de precios de precios internacionales en los principales productos agrícolas, que mejoraban año tras año.

Lo cierto es que el país ya no crece como antes y le cuesta crear empleo en el sector privado. La tasa de inflación se duplicó: del 20% al 40% anual, consecuencia del descontrol fiscal, financiado con emisión de moneda y utilización de las reservas. Cuánto más moneda se emite y más se devalúa, hay más vía libre para el descontrol fiscal y la “maquinita” que trae más inflación y devaluación. Es un círculo vicioso.

Para salir de esta situación será necesario lograr la estabilidad macro, mediante la implementación de políticas fiscales y monetarias sanas, que se completen con las ineludibles reformas estructurales. Así, el país debería volver a dar señales firmes de que realmente quiere reinsertarse en el mundo, siguiendo las prácticas habituales de respeto por los contratos y la propiedad privada, aplicar la restricción presupuestaria y valorar la estabilidad monetaria. En tal sentido la eliminación del cepo es fundamental, ya que en la actualidad representa un fuerte impuesto a quienes quieren invertir en Argentina, paralizando casi en su totalidad el proceso de ingreso de divisas al país.

En este punto radica la importancia de un programa macroeconómico de largo plazo, consensuado por las diferentes fuerzas políticas del país. Que se consolide con el próximo gobierno, pero que respete sus compromisos independientemente del signo partidario de quien tome el turno en el sillón de Rivadavia. Sin dudas, el desafío es complejo para un país como el nuestro que se ha caracterizado por fuerte indisciplina macroeconómica y fuertes tensiones sociales derivado de la crisis de representatividad en la clase dirigente y la delicada situación económica de vastos estratos de la sociedad.

Es cierto que esperar puede resultar doloroso. Esto es particularmente cierto en un contexto donde – en los últimos años – el discurso impregnó la sensación de que existe “la magia”. Una buena parte de la opinión pública cree que es posible para la Argentina podrá salir más rápido de la situación actual manteniendo el default y abandonando definitivamente la prudencia en las variables macro. De esta forma, sin olvidar las urgencias de corto plazo, es necesario trabajar sobre el largo plazo para lograr despejar la incertidumbre y crear el marco adecuado que permita una expansión del nivel de actividad en el corto plazo.

Para eso es fundamental mirar la experiencia internacional de Chile, Colombia o México. Países que aplicando una agenda económica consistente pudieron bajar una inflación crónica a valores razonables como los que tienen hoy. Sin dudas, los contextos son diferentes pero se trata de presentar un programa global de gobierno, que permita despejar las dudas inmediatas pero que al mismo tiempo definiendo claramente qué tipo de país será la Argentina en el largo plazo.

El respeto a la ley, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y monetaria, la apertura económica y la confianza en los mercados para asignar recursos son todas condiciones necesarias para el crecimiento económico sostenible.