Aquellos Néstor y Cristina que se vieron repentinamente (no inesperadamente) en la cúspide del poder gubernamental, que asumieron la máxima responsabilidad pública (en tanto varios otros gobernadores y políticos notables rehusaban hacerlo) son productos inéditos de la historia nacional, dirigentes del nuevo milenio tejidos con las consignas del peronismo de Perón y de la izquierda peronista de los tempranos años setenta; registraron las marcas trágicas de la dictadura cívico- militar al pueblo argentino; vivieron la experiencia de la gobernación provincial en la época del neoliberalismo menemista a nivel nacional. Vieron ante sí a la Nación dañada.

Entre los significantes provenientes del peronismo que fueron decisivos en la orientación del kirchnerismo desde el primer momento, está presente el concepto de Nación. No es un hecho menor: en la Convención Constituyente de 1994 la Nación fue tratada como un territorio que debía repartirse entre los intereses hegemónicos de cada provincia, muy lejos de una noción de federalismo como modalidad de articulación de la unidad nacional. El daño que había producido el neoliberalismo era profundo porque se alió con los intereses localistas y conservadores, con las aves de paso de la economía neoliberal y con el liberalismo de la antipolítica y la desconfianza respecto a todo lo propio. E instaló en los medios de comunicación el mensaje de la descalificación del Estado.

El momento en que Néstor ordenó que se bajara el retrato del dictador Videla marcó el comienzo de la década que la Argentina viene ganando a las fuerzas desintegradoras y destituyentes del Estado y la Nación. Los juicios a los responsables de los crímenes cometidos en el período dictatorial son al mismo tiempo juicios a esas fuerzas. La estatización del sistema previsional, de Aerolíneas Argentinas y de YPF son actos concretos de reconstitución de la Nación. Pero esos actos cobran un sentido, el de lo popular, el que antagoniza con la Nación oligárquica, con el Estado instrumento de los grupos económicos dominantes en las finanzas, el agro, la comunicación. El significado singular lo otorgan decisiones como la Asignación Universal por Hijo, la ley de Jubilaciones, la ley de empleados del Servicio Doméstico, entre otras medidas. La Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, la Ley de Educación Nacional, la ley de Matrimonio Igualitario, son parte de una política que responde a los profundos cambios culturales, tecnológicos y políticos del siglo XXI.

La consigna de la Madres y las Abuelas, “Memoria, Verdad y Justicia” se combinó con las tres banderas del peronismo: Independencia económica, Soberanía Política y Justicia Social e impactó en ese universo la concepción profunda y actualizada de la democracia que subyace en las tres última leyes mencionadas, que plantean reformas político culturales que aportan a las bases de una nueva sociedad. De ahí la virulencia de la oposición y su dificultad para proponer alternativas: los elementos del futuro están del lado de la política oficial de los últimos diez años, el pasado sigue pugnando por persistir en quienes ven limitados sus privilegios. Claro está que ese futuro requiere de la unidad y organización solidarias de las fuerzas kirchneristas; otro lema del peronismo puede concluir este razonamiento: todos debemos comprender que primero es la Patria, luego el movimiento y finalmente las mujeres y los hombres.

En mi trayectoria como diputada de la Nación por el Frente Grande, en el Frente para la Victoria, recuerdo pocas sesiones en las que la oposición tuvo una actitud tan violenta como la que se ha vivido en el recinto en estas horas que duró el tratamiento. Una actitud por demás evidente de intentar todo el tiempo deslegitimar y ponerle un manto de sospechas y oscuridad sobre el verdadero sentido y objetivos que tienen el conjunto de modificaciones tendientes a la democratización de la Justicia.

Esta votación en la que el bloque del FPV ganó la elección de la reforma del Consejo de la Magistratura fue realizada en los términos que establece el reglamento. De ninguna manera hubo “fraude” como quieren hacer parecer y creer los bloques opositores, voceros en muchos casos de las posiciones dominantes de algunos grupos mediáticos. No es la primera vez que el tablero electrónico y las botoneras fallan. Por esa razón los diputados cuando vemos que nuestro voto (positivo o negativo) no es registrado por la botonera que está en nuestra banca, avisamos en voz alta a la Presidencia. Esto es lo que sucedió en esta madrugada cuando se votaba en particular el artículo 2 y Alicia Comelli y Juan Forconi trataban de aclarar entre el griterío de la oposición que sus votos eran por la positiva y no negativos o abstención, para lo cual en este último caso se debe pedir autorización para ello.

Tampoco es verdad que el conjunto de proyectos que se trataron, tanto en el Senado como en Diputados, no hayan tenido el tiempo suficiente para su debate. El sistema legislativo organizado en comisiones pertinentes a cada tema abre el tratamiento para que cada uno de sus miembros analice y especifique sus aportes y diferencias. En estos últimos tiempos hemos visto cómo se han televisado algunos de los debates que primero se da en las comisiones y luego en el recinto. Cuando un proyecto llega para ser tratado en el recinto, ya ha sido visto, analizado y debatido en esas comisiones. En ninguna de estas instancias se ha impedido el debate, espíritu central del Poder Legislativo. En este caso, el debate por una justicia más justa es un debate que viene desde hace años, desde la convención constituyente de 1994.

Lejos de dignificar y hacer honor al lugar que el pueblo nos ha otorgado en su representación, una vez más la impotencia -y la falta de proyectos políticos- de la oposición desprestigia la política y las instituciones democráticas.

Los fundamentos del Frente Grande para votar a favor

En el debate de la Convención Constituyente de 1994, el bloque del FG estuvo de acuerdo con la introducción del Consejo de la Magistratura en la Constitución, pero discrepó en cuanto a la forma en la que se lo reguló, en el artículo 114 de la Constitución. La Creación del Consejo de la Magistratura formó parte del Pacto de Olivos, acuerdo que el FG rechazó. Al referirse al conjunto, eñ convencional Carlos Auyero dijo que nos oponíamos frontalmente a algunos de los puntos contenidos en el “núcleo de coincidencias mínimas”. Con otros “pocos”, señaló Auyero, estábamos de acuerdo y respecto de algunos, nuestra posición era que queríamos “reformularlos”. Entre éstos estaba el Consejo de la Magistratura, y Auyero lo expresó así: “a pesar de que la idea conceptualmente era correcta, estaba mal o deficientemente instrumentada”. Seguimos pensando lo mismo, y justamente apoyamos este proyecto sobre el Consejo de la Magistratura porque avanza en algo en cuanto a mejorar lo que está hecho en forma deficiente, o directamente mal.

Los proyectos que estamos tratando acercan la justicia a los ciudadanos y forman parte del conjunto de políticas de nuestro Gobierno tendientes a saldar las deudas aún pendientes de la República con la democracia. Con respecto al Proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, queremos resaltar que se trata de una continuidad de la senda trazada con el dictado de los decretos 222 y 588 del 2003, por los cuales se comenzaron a sentar las bases para la definitiva participación de la comunidad en la elección de los miembros de la magistratura judicial. Los aspectos de la modificación que nos parecen más relevantes son el establecimiento de mecanismos de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura que expresen más fielmente la voluntad popular; garantizar y perfeccionar el equilibrio de los diferentes estamentos en la composición del cuerpo; la morigeración de las exigencias para ser consejero y fijar mecanismos ágiles de toma de decisiones.

La Constitución manda que exista un equilibrio entre la representación de “los órganos políticos resultantes de la elección popular” y aquella de “los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”. Si el Poder Judicial es del pueblo, debe ser éste a través de la elección directa quien elija a los miembros del Consejo de la Magistratura. Esto es mucho más legítimo que si lo hacen 700 jueces o 20.000 abogados. Criticamos el uso que la oposición da al término “idóneo”, identificándolo con “meritorio” y oponiéndolo a “popular”(que a su vez algunos identifican con “choripan”). Discutimos una concepción meritocrática y corporativa contra los criterios de la Justicia de la democracia.

El Frente para la Victoria aceptó que sea la Corte -como cabeza del Poder Judicial- la encargada de administrar el presupuesto, aunque controlada por la Auditoría General de la Nación, así como el control de la política salarial y los concursos del personal del órgano que designa y remueve jueces. Las observaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales y otros organismos vinculados con la Justicia derivaron en la apertura del debate en comisión y la introducción de modificaciones para resguardar los derechos de los ciudadanos y especialmente de los sectores vulnerables. El proyecto de ley establece un plazo de seis meses para la vigencia de las medidas cautelares, prorrogables por otros seis, en caso de que el magistrado lo considere necesario. Estas regulaciones no se aplicarán “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria, o de naturaleza ambiental”. Además, en el artículo 17 se agregó un párrafo en el que se resguarda el derecho de huelga de los trabajadores.

Sólo resta afirmar la convicción de que estamos dando un paso trascendente para hacer de la Justicia, además de un poder de la República, un instrumento en manos de los ciudadanos para la defensa de sus derechos.