En la Argentina de hoy la crisis que viene será asociada a la burbuja del gasto público, que se fue gestando desde 2003 y especialmente a partir de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con sucesivos planes y programas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, aunque presentados cronológicamente, recordamos ya en agosto de 2003 el Plan Manos a la Obra de Néstor Kirchner, seguido por la prolongación del Programa Remediar, la creación del Museo de la Memoria, el Plan Federal de Salud, el Plan Nacer Argentina, el Plan Espacial Nacional, el Programa de Becas del Bicentenario, el Programa de Apoyo de Infraestructura Universitaria, el Programa Argentina Trabaja, Fútbol para Todos, la asignación universal por hijo, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, Pakapaka, Tecnópolis, la recuperación de YPF, Procrear, el Programa Sumar (que fue una ampliación del Programa Nacer) o el Plan Raíces, entre otros.

Tres críticas presentamos los economistas a estos programas.

En primer lugar, que varios de estos programas y planes no se presentan como temporarios -mientras duró la crisis de 2002, con más de un 50 % de pobres y más de un 20 % de desempleados-, sino como continuos, garantizando a mucha gente una serie de ingresos que perdurarán en el tiempo. Esto evita que los beneficiarios tengan incentivos para buscar por sí mismos la generación de ingresos que les permitan abandonar esta dependencia del Estado. Más grave aún ha resultado el caso en que muchas personas rechazan posibilidades de trabajo para no perder un plan del Gobierno.

En segundo lugar, preocupa la sustentabilidad del gasto público total, el que no puede mantenerse aun con la mayor presión tributaria de la historia argentina, requiriéndose ahora de emisión monetaria para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, y sometiendo a toda la población a niveles elevados de inflación. Axel Kicillof inició un proceso de ajuste por la vía de la inflación, pero el costo político de su sucesor será elevado, lo que puede implicar problemas de gobernabilidad para quien ocupe el sillón de Rivadavia en 2016.

En tercer lugar, desconocer que mucho de lo que estos programas hacen el mercado podría hacerlo por sí solo y de manera mucho más eficiente. Esto se vincula con el primero de los puntos planteados. Basta observar a nuestros países vecinos, con niveles de desempleo y pobreza radicalmente inferiores a los de Argentina, para comprender el daño que estos planes y programas le hacen a la población. Esto se vincula al debate que la Presidente ha querido abrir en distintos discursos -sobre qué Estado queremos-, pero al que nadie de la oposición atendió. Personalmente, pienso que el objetivo final debería ser que los argentinos tengan trabajo, ingresos propios, y a través de ese ingreso y el acceso a crédito puedan adquirir su casa, su auto o incluso pagar por los bienes y los servicios que deseen consumir, sean estos remedios, computadoras o incluso fútbol. En la medida en que esto se vaya logrando, el Estado debería ir reduciendo su tamaño, desmantelándose muchos de los programas y los planes o también los ministerios y las secretarías que este Gobierno ha creado. Que en esta “década ganada” el proceso haya sido contario a este ideal es una muestra de que hemos tomado el camino inverso al deseado. Que Daniel Scioli esté pensando hoy en crear nuevos ministerios y secretarías también es un camino opuesto al deseado.

Los economistas no exigimos un cambio hacia la anarquía y la desaparición inmediata de todos los planes sociales y programas, y menos aún en las condiciones de la Argentina en 2002 o 2003, sino un llamado de atención a los excesos de gasto que el kirchnerismo ha iniciado y el costo político y social que puede implicar revertir este proceso.

Tal como ocurrió en sucesivas crisis económicas, la Argentina no podrá retornar al crecimiento hasta que desinfle la burbuja del gasto público. Si la fase de desarrollo requiere inversión, como definió recientemente Miguel Bein -el asesor principal de Daniel Scioli-, y como sostiene también el equipo económico de Mauricio Macri, debemos tomar conciencia de que nadie querrá invertir en un país que mantiene un nivel de gasto público en torno al 50 % del PIB, con una inflación que supera -al menos- el 20 %, cuya presión tributaria es récord de todo el continente y que aún mantiene un déficit fiscal del 7 %-8 % del PIB.

Domingo Cavallo es siempre apuntado como el responsable de la deuda en Argentina. En cualquier discurso sobre deuda o holdouts su nombre resurge. Es por esto que la columna que Infobae publicó ayer con su versión de “la evolución de la deuda argentina” tiene un importante significado.

Como expliqué en otra columna, Cavallo tuvo participación activa en el crecimiento de nuestra deuda en tres momentos históricos. 1) bajo el gobierno militar; 2) bajo el primer gobierno menemista; 3) bajo el gobierno de De la Rúa.

Personalmente, cambiaría el título de la referida columna, porque no trató allí la evolución completa de la deuda, sino la evolución “reciente” de la deuda argentina. Esto lo eximió de responder también por su participación en el crecimiento de la deuda durante el gobierno militar.

Pero su análisis deja igualmente mucha tela que cortar. Señala, por ejemplo, que en su gestión en el primer gobierno menemista la deuda no creció, sino que incluso cayó ligeramente. Llega a esta conclusión luego de mostrar que la deuda pública ascendía a 92.400 millones de dólares en 1989, de los cuales estaban registrados 63.000 millones, y pendientes de registración otros 28.700 millones de dólares. Al final el año 1996, la deuda ascendió a 91.700 millones de dólares.

Debemos aclarar, sin embargo, varias cuestiones.  En primer lugar, que el efecto del mencionado Plan Brady, que implicó una importante quita de la deuda, se eliminó por completo en sólo 3 años de su gestión. En segundo lugar, que Cavallo no menciona el proceso de privatizaciones de aquellos años que llevó a los compradores de las empresas públicas argentinas como Entel o Segba a pagar con bonos del gobierno en default, lo que permitió un importante descenso de aquel capital adeudado.

Con una buena gestión en el primer gobierno menemista, aprovechando la quita de capital y el proceso de privatizaciones, la deuda pública pudo haber bajado realmente a un nivel despreciable, y acompañado del crecimiento económico de aquellos años, su relación con el PIB hubiera mostrado que el problema histórico de la deuda estaba realmente resuelto.

A su favor, su salida del Ministerio de Economía no mejoró las cosas. En el segundo gobierno de Menem, entre 1996 y 1999, la deuda saltó de 91.600 a 111.000 millones de dólares.

En el gobierno de De la Rúa, la deuda volvió a crecer, en este caso de 111.000 a 134.700 millones de dólares, y de nuevo, Cavallo tuvo su responsabilidad. Es cierto que muchos de los vencimientos de la deuda tomada bajo el menemismo se colocaron un día después de abandonar el cargo, con lo cual la Alianza recibió una onerosa herencia, pero la gestión de estos problemas pudo ser mejor. El gobierno de la Alianza nunca pudo gestionar adecuadamente la deuda, ni la economía del país, cediendo terreno a manos del FMI para evitar caer en default y sostener la convertibilidad.

López Murphy tuvo un diagnóstico acertado cuando ocupó el Ministerio de Economía, apuntando al déficit fiscal, pero fue justamente la reaparición de Cavallo lo que minó aquella propuesta apuntando que el problema “no es el défcit, sino la competitividad”. La gestión de Cavallo en el gobierno de De la Rúa fue acompañada de mucha desconfianza del mercado, lo que se reflejó en una fuga de capitales sin precedentes que hicieron imposible sostener la convertibilidad en los años siguientes, con todo lo que ello trae aparejado, desde lo económico y lo social.

Un aporte significativo de este artículo es su mención de la deuda en la “década ganada”. Se suma Cavallo a magnificar el mito del desendeudamiento cuando señala que en estos diez años la deuda sumó otros nuevos 100.000 millones de dólares para pasar en diciembre de 2013 a acumular 231.000 millones de dólares (neta de activos financieros). Señala además que el problema no es sólo cuantitativo, sino cualitativo, especialmente por sentencias incumplidas que implican onerosos intereses, que serán la herencia para el próximo gobierno. Sus cálculos lo conducen a afirmar que la deuda puede llegar a superar los 270.000 millones de dólares y tener un perfil de vencimientos y un costo de intereses bastante peor que el que tenía la deuda al final de 2001.

Concluyendo, Cavallo, como tantos políticos argentinos que se han sucedido en el poder, jamás comprendió la importancia del equilibrio fiscal. El gobierno militar financió su brecha con deuda y emisión (inflación). El gobierno de Alfonsín ya no tuvo acceso a deuda y financió el déficit con la hiperinflación. En el primer gobierno de Menem la brecha se financió con la venta de activos (privatizaciones), y tras el plan Brady con endeudamiento. De la Rúa mantuvo la convertibilidad, y entonces no pudo tampoco monetizar los déficit fiscales, pero también tomó deuda para apagar los incendios. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, hubo cierto superávit fiscal, pero éste sólo se justifica por la estatización de las pensiones y el manotazo a los 30.000 millones de dólares que las AFJP tenían ahorrados. Para cuando llegó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ese dinero ya no alcanzaba, volviendo a monetizar los déficits como en los años 1980 y volviendo a sufrir la inflación creciente. Tras su reelección, la negación al ajuste muestra una peligrosa aceleración de la inflación. El pago al Club de París y a Repsol buscaba volver a abrir las puertas al endeudamiento, pero el intento fue fallido gracias al fallo de Griesa y la cláusula Rufo, la que se destrabaría en enero de 2015. En un año de elecciones, me aventuro a predecir una nueva explosión en el gasto, mayor inflación y un nuevo salto en nuestra deuda.

Eduardo Duhalde intentó rescatar por ejemplo a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, al punto de candidatearlo como una persona de experiencia para resolver la situación actual. Martín Redrado o Martín Lousteau escriben decenas de columnas críticas en las que intentan separarse del actual gobierno, cuando hace unos pocos años acompañaron el proceso. Es cierto, se podrá decir que desde 2007 Cristina Fernández de Kirchner se ocupó personalmente de profundizar ese mismo populismo que “nació” post-convertibilidad, pero cada uno de estos tres economistas tuvo su responsabilidad en la actual situación que sufrimos.

Para empezar, diré que la salida de la convertibilidad fue la peor que se podía haber diseñado. Eduardo Duhalde acusa al gobierno actual de improvisación, cuando él mismo prometió devolver dólares a quienes depositaron dólares, y sólo unos días después pesificó todos los depósitos y fue el responsable de la mayor estafa al pueblo argentino de las últimas décadas. En segundo lugar, hay que ser claros en que esa devaluación, que implicó el abandono de la convertibilidad y que hoy es vista como el comienzo de la “década ganada”, en realidad nos dejó con otra “década perdida”. Es cierto que entre 1998 y 2001 la economía estaba estancada y con alto desempleo, pero la devaluación convirtió esa crisis en una profunda depresión que hizo caer el PIB más del 10 % en 2002, además de destruir el Estado de Derecho.

A partir de 2003, la economía se fue recuperando, pero fue recién en 2008 cuando el PIB real alcanzó el nivel de 1998. Mientras Brasil o Chile emprendieron un proceso de crecimiento desde el techo alcanzado hacia fines de la década de 1990, Argentina tuvo que retroceder primero, para observar cómo en la década más afortunada en un siglo –en lo que refiere al contexto internacional-, tan sólo recuperábamos lo perdido. En pocas palabras, entre 1998 y 2008 Argentina no creció, sino que recuperó el terreno perdido por la desafortunada devaluación.

Recordemos que en 1999 hubo otra opción, que fue la dolarización propuesta por Steve Hanke y Kurt Schuler, claramente ignorada. De haberla implementado en su momento, la Argentina sería la primera economía latinoamericana en presentar un PIB per cápita de niveles europeos.

Volviendo a nuestros tres personajes de hoy, Roberto Lavagna asumió como ministro de Economía del presidente interino Eduardo Duhalde en abril de 2002, ratificado en el puesto por el presidente electo Néstor Kirchner en 2003 y desplazado en 2005 producto de disputas internas. Se destaca en general que lideró la recuperación de la economía argentina, pero durante su gestión inicia también el modelo económico vigente, que llamaremos “populismo”, caracterizado por un incremento acelerado del gasto público (especialmente en el nivel Nación), que se financió especialmente con mayor presión tributaria. Recordemos que con Lavagna como ministro de economía, ésta fue ascendiendo desde un 24 % hasta el 30 % del PIB.

Ser reemplazado por Felisa Miceli claramente no mejoró las cosas, aunque se puede decir que a partir de allí y hasta su muerte, Néstor Kirchner se mantuvo como un virtual ministro de Economía, aun con la llegada de Cristina Kirchner al poder. El nombramiento del joven Martín Lousteau como ministro de Economía en diciembre de 2007 iba en línea con esto mismo. Su margen de decisión era muy acotado, aunque cometió el incomprensible error de intentar aumentar aún más la presión tributaria que entonces estaba en el orden del 36 % del PIB. Todos recordamos su propuesta de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja por encima del ya excesivo 35 %, que sólo se detuvo por el voto “no positivo” del vicepresidente. Más peleas internas dentro del gobierno, lo terminaron alejando en abril de 2008, y a partir de entonces se convirtió en un crítico del modelo.

El caso de Martín Redrado es un poco más complejo, ya que fue presidente del Banco Central entre septiembre de 2004 y enero de 2010. Durante su gestión jamás reconoció la inflación real, la que duplicaba y hasta triplicaba la oficial declarada por la institución que él presidía. Desde 2007 y hasta su renuncia la inflación sólo estuvo por debajo del 20 % en 2009, el año de la recesión global, al que la Argentina no pudo escapar. Redrado jamás reclamó la independencia del Banco Central, ni se negó a financiar el exacerbado gasto público del Ejecutivo, sino hasta que el oficialismo decidió apartarlo del gobierno.

En esta selección arbitraria de personajes responsables de la debacle que se viene, toca el turno ahora de Axel Kicillof. Claro, muchos dirán que Redrado y Kicillof piensan diferente y es cierto. Pero recordemos que era Kicillof quien antes de integrar el gobierno criticaba a Redrado por sus políticas inflacionarias en el Banco Central. Una vez dentro del modelo, Kicillof olvidó sus críticas, y al momento no hizo nada por corregir las contradicciones obvias de este modelo populista e inflacionario que él llama de “inclusión social”. La sensación que queda entonces es que no importa qué economistas se suman al modelo. Sin importar lo que piensen o en qué autores creen, una vez dentro del modelo se transforman en parte de él, y apoyan incluso aquello que va en contra de sus principios. Volviendo a esta última década, y con una mirada parcial, se podrá decir que hasta 2007 la economía argentina mostraba un superávit fiscal primario, que la inflación estaba controlada y que no existían los problemas cambiarios actuales, pero mi impresión es que se estaban generando las semillas de aquellos problemas que hoy sufrimos.

Y es que en la primera etapa del populismo, uno siempre observa el éxito del modelo, y especialmente cuando la economía parte de una situación deteriorada de actividad económica y empleo. Entre 2003 y 2007 entonces, el modelo populista muestra recuperación de la actividad económica, del empleo y del salario real. La continuidad del kirchnerismo era entonces obvia. Somos muchos, sin embargo, los que ya en esa etapa exitosa pedíamos cautela, y es que el gasto público empezaba a desbordarse, y las tendencias mostraban que ni el precio creciente de la soja, ni sus crecientes retenciones, podían sostenerlas.

No pasó mucho tiempo, hasta que los economistas que revisamos los datos nos empezamos a dar cuenta que la presión tributaria no cedía en su aumento constante, y al mismo tiempo, empezaba a ser normal la monetización del ahora evidente déficit fiscal primario. La aparición de los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios caracterizan precisamente a esta segunda etapa del populismo.

Preocupados por una inflación creciente, muchos economistas empezamos a alertar de los problemas en el modelo, pero fuimos ignorados. La tercera etapa del populismo es la actual, cuando estos desequilibrios básicos se extienden y empiezan a ser evidentes para toda la población a través de la mayor suba de precios, falta de ciertos productos, y anuncios desesperados del gobierno para ocultar lo que en realidad sucede.

Si el lector se pregunta por lo que vendrá, entonces debemos hablar de la cuarta etapa, la del “ajuste”, una etapa de la que nadie quiere hablar, pero que es difícil evitar. El “ajuste” viene acompañado de una inflación acelerada, recesión, problemas de empleo, caída en el salario real y aumento de pobreza e indigencia. Los economistas científicos pedimos a quienes niegan la necesidad del ajuste que nos muestren cómo se sostiene este nivel de gasto a lo largo del tiempo, pero no hay respuesta.

Ante esta realidad, la oposición debería presentar propuestas, pero éstas brillan por su ausencia. Muchos economistas identifican los desequilibrios, pero nada dicen de que es lo que se debe hacer. Nuestra propuesta, junto a Nicolás Cachanosky, es otra vez la dolarización, porque se corrigen los tres desequilibrios, se minimizan los efectos del ajuste y se genera una regla para evitar seguir cometiendo los mismos errores. Pero está claro que esta propuesta aislada es insuficiente. Ella debe entenderse sólo como una parte de una propuesta integral que poco a poco iremos presentando para delinear la Argentina del futuro.

Fundada por un decreto de Juan Domingo Perón en 1950, esta aerolínea es hoy la mayor de su país, concentrando —según un informe del Banco Ciudad— alrededor de un 90 % de la demanda de vuelos de cabotaje. Su único competidor, la empresa chilena LAN, concentra el 10% restante.

AA ha mostrado en su historia una dinámica poco frecuente. En 1979 se transformó en sociedad del Estado. En 1990, en el marco de una ola de privatizaciones de aerolíneas en toda Latinoamérica, fue privatizada, reteniendo el Estado la deuda, y cayendo la empresa bajo el consorcio español Iberia. En 2001, comenzó un proceso de ampliación de la participación en manos de funcionarios españoles, traspasando finalmente la aerolínea al Grupo Marsans. Finalmente, en julio de 2008, AA fue parte de la ola de renacionalizaciones del gobierno de los Kirchner, volviendo a la administración pública.

Los problemas sindicales continúan. Los subsidios a la aerolínea también. Los altos costos en este mercado siguen haciendo prohibitivo el acceso al servicio. La mala calidad de los viajes —representados en demoras y cancelaciones de vuelo— resulta en una consecuencia obvia. Sin embargo, debemos observar aquí dos problemas diferentes: por un lado, el de su privatización o nacionalización. Ya forma parte de la agenda pública argentina de 2015 qué hará el nuevo gobierno con una empresa que hoy es financiada en una alta proporción por recursos tributarios, y no precisamente por los pasajeros que gozan del servicio. Mauricio Macri es quizás el único candidato presidencial que disparó la intención de reprivatizar la compañía.

Por otro, la apertura y desregulación del mercado. Que AA sea pública o privada resulta irrelevante, en comparación con la necesidad de desregular el mercado e ir hacia una política de cielos abiertos. Basta observar que tanto en EEUU como en diversos países de Europa se cuenta con aerolíneas estatales o de bandera y, sin embargo, el servicio es superior tanto en costo como en calidad.

Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause dan en la tecla cuando afirman que “el cambio no se circunscribe a la venta de una empresa estatal ni a su paso a manos privadas, sino al marco regulatorio de la actividad que permite o restringe el funcionamiento del mercado. Es la competencia real o potencial la que incentiva a los agentes del mercado, en este caso las compañías aéreas, a reducir tarifas, ofrecer más servicios y mejorar la eficiencia. En la Argentina, en particular, por ser un país de grandes extensiones, las alternativas de transporte aéreo accesibles resultan de fundamental importancia”.

Los mitos en este campo son numerosos. La desregulación, para los mal informados, traería aparejado: 1) “el caos, la confusión y la
incertidumbre”, 2) destruiría empleos, 3) resultaría en monopolios, 4) haría a los cielos menos seguros, 5) se incrementarían las pérdidas de equipaje, la sobreventa de asientos, las demoras en las salidas y llegadas de vuelos, 6) bajaría la calidad de las comidas y otros servicios en vuelo, y 7) habría una congestión en los aeropuertos.

La evidencia empírica, sin embargo, contradice estas hipótesis. Herbert G. Gruble desarrolla precisamente un estudio comparado de la desregulación americana y la regulación canadiense, durante el período 1979 y 1988, y muestra sus conclusiones: “La performance comparativa de las aerolíneas de Canadá y EEUU entre 1979 y 1988 otorga una muy rara oportunidad de estudiar los efectos de los cambios en una política económica importante. Casi como un experimento de laboratorio, la industria de un país ha continuado operando en un entorno regulado mientras que en el otro se enfrentó a políticas totalmente diferentes, […] Los datos apoyan fuertemente el análisis teórico de los efectos de la desregulación. La mayor competencia en EEUU llevó a una notable reducción de los costos y tarifas en relación con los de Canadá. Tan espectaculares son los resultados que otras diferencias entre los dos países no pueden explicarlos. Generalmente, la desregulación aérea provee mayores beneficios a los consumidores”.

El caso chileno, también puede ilustrar la cuestión. Un trabajo de Jorge Asecio, publicado por el Instituto Libertad y Desarrollo, explica: “La incorporación de nuevas empresas prestatarias de servicios, así como la incorporación al mercado de nuevos y más modernos equipos de vuelo, que se adaptan mejor a los requerimientos de la demanda y presentan costos medios más bajos, aseguran un incremento de los niveles de demanda conocidos”. Además, agrega Asecio, “Las características del mercado llevaron a la autoridad a aplicar una política que permitiera generar condiciones de competencia, con lo cual se han obtenido incrementos de frecuencia, servicios a más bajo costo y una mayor cobertura aérea de nuestro país”.

En el caso de Inglaterra, la privatización de la British Airways es todavía recordada por el prestigio alcanzado en la calidad de sus servicios. El hecho de que las aerolíneas británicas compitan entre sí, como con aerolíneas extranjeras, dio como resultado que las tarifas de los vuelos que se originan en el Reino Unido sean, en general, más bajas que en los demás países europeos.

Por último, una mención especial merece el “Tratado de Cielos Abiertos para Europa”. Los 24 países miembros se resistieron durante un tiempo bastante prolongado a la desregulación, pero hoy disfrutan de los beneficios de una política de cielos abiertos entre Europa y EEUU, pudiendo volar libremente de un país a otro, y en muchos casos, a menores costos que en automóvil, autobuses o ferrocarril.

A modo de conclusión, no debemos confundir la privatización de la aerolínea argentina de bandera con una política de cielos abiertos. La desregulación, y su consecuente competencia, muestran beneficios en todos los mercados en los que se le da lugar.