Daniel Scioli ha intentado en los últimos años alinearse en su discurso con el modelo kirchnerista, aunque al evaluar su gobierno en la provincia de Buenos Aires, o los comentarios y las entrevistas que han ofrecido sus asesores, se puede advertir cierta confrontación con el kirchnerismo puro, que es en definitiva lo que provoca cierta desconfianza aun entre sus propios seguidores.

Sostenemos aquí que la política económica de Scioli estaría en una posición intermedia entre la que representa Axel Kicillof, como continuidad de la política económica actual, frente a los comentarios de sus asesores, y en particular del consultor Miguel Bein y el expresidente del Banco Central Mario Blejer, que es, en definitiva, corregir los desequilibrios y tomar un nuevo rumbo.

El actual ministro de Economía comentó ante los medios, hace unas pocas semanas, que de ganar Scioli seguirán haciendo “más o menos lo mismo”. Básicamente se trata de seguir ocultando los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios por todos conocidos -y también por el ministro-, pero al mismo tiempo intentar corregirlos sin un ajuste abrupto. En otros términos, permitir un ajuste lento de los excesos fiscales por la vía de la inflación, pero intentando mantener los “logros del modelo”, que se resumen en la continuidad de los planes sociales implementados.

Con Kicillof manejando la economía, en 2016 habría una continuidad en la inflación por varios años más, seguiría la intervención sobre el Indec, Argentina seguiría enfrentada a los holdouts, se mantendría cierta alineación con los gobiernos venezolano, boliviano y ecuatoriano, y la política exterior apuntaría más hacia los BRICS, y China en particular, que hacia Estados Unidos y Europa. Me surge una duda puntual respecto de su voluntad de devaluar poselecciones para resolver parcialmente el atraso cambiario y con ello permitir una leve recuperación de la industria, que ya muestra dos años de caída continua.

El equipo económico de Scioli ha enfatizado en que “no existe una crisis a punto de estallar como algunos quieren convencernos, sino desequilibrios a corregir”, que luego definen precisamente como los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. Nuestra lectura de esta propuesta económica sería similar a la que hemos definido para el PRO, aunque presentada de manera más conservadora, o menos crítica del modelo kirchnerista.

Se trata de mantener los logros del modelo y los diversos planes, pero reduciendo o eliminando sus excesos, hoy representados en un déficit fiscal del 6 & al 8 % del PIB, según han descrito varios analistas.

En este caso se ve a una Argentina que rápidamente resolvería la disputa con los holdouts y accedería a los mercados internacionales para tomar deuda, como vía para reducir la monetización de los déficits públicos y el consecuente proceso inflacionario.

En relaciones exteriores, Argentina abandonaría su vinculación con Venezuela, Bolivia y Ecuador, y apuntaría más bien a una integración tanto con los BRICS como con Estados Unidos, Europa y el mundo desarrollado. Los asesores de Scioli han sido muy claros en la necesidad de recuperar confianza como medio para elevar los niveles de inversión privada -necesaria para recuperar el crecimiento- y pública -para mantener la infraestructura.

En este caso, la inflación se iría reduciendo gradualmente. Las razones para ello se dividen en tres propuestas: 1. Al resolver las disputas con los holdouts se accedería a crédito externo; 2. Se aplicaría una regla fiscal según la cual el gasto público aumentaría a una tasa menor que el aumento en la recaudación; 3. Se subirían las tasas de interés.

Dicho en otros términos, habría endeudamiento externo nuevamente -lo que recibirá resistencia del kirchnerismo puro- y al mismo tiempo una caída continua de los salarios reales, especialmente de los trabajadores del sector público -esto ya está ocurriendo también con Kicillof-, lo que garantiza un mayor enfrentamiento con los sindicatos, que lucharán por mantener el nivel real de los ingresos. La suba en las tasas de interés augura dificultades en la actividad económica para los dos primeros años.

El levantamiento del cepo cambiario encabezaría también la agenda, incluyendo una fuerte devaluación para devolver el mercado cambiario a su nivel de equilibrio real. Alcanzado este, se intentará aplicar una regla cambiaria para evitar la sobrevaluación cambiaria -que destruye las actividades de exportación- y también la devaluación -que destruye los salarios.

Cuando se consultó a Axel Kicillof por una posible candidatura a vicepresidente, este respondió que prefería continuar en su posición actual, manejando los hilos de la economía. Ha surgido, sin embargo, la hipótesis de que Scioli habría aceptado a Carlos Zannini como su vicepresidente solo en la medida en que Kicillof se mantenga al margen de su gestión. Scioli tiene su propio equipo económico y si bien se le han definido los nombres de legisladores que lo acompañarán en la lista del Frente para la Victoria, será él mismo quien defina su gabinete.

Mi postura es que Kicillof estará ocupando su banca en el Congreso, pero tendrá reducida incidencia en las decisiones de política económica del posible gobierno de Scioli. Por el lado de Zannini, me parece que nunca un vicepresidente jugó un rol relevante en la política económica argentina.

La importante presencia del kirchnerismo puro en el Congreso garantiza, al mismo tiempo, que los proyectos a presentarse estén, al menos en los dos primeros años, alineados con el mantenimiento de los logros alcanzados, en particular la vigencia de los planes sociales implementados en los últimos 12 años, aunque es inevitable la caída real de esos ingresos como medio para ir ajustando el desequilibrio fiscal a través de la inflación.

Mi hipótesis es que -de ganar Scioli- Bein y Blejer reemplazarán a Kicillof en la conducción económica de la Argentina. Si éste es el caso, las similitudes con la propuesta del Pro es visible. Pero hay diferencias. Macri ofrece, por ejemplo, mayor certeza en el electorado por sus políticas a favor del campo -en sus firmes propuestas por eliminar las retenciones y los ROE- y también mayor certeza en la “eliminación de cepos” y su integración al mundo, con la consecuente generación de confianza para atraer inversión privada. Scioli, mientras tanto, le garantiza al sector público y los beneficiarios de los planes sociales una mayor certeza en su intención de lograr una continuidad de los beneficios del modelo actual. Si bien ambos candidatos han buscado imitarse en los últimos meses -Macri prometiendo mantener los planes sociales, y Scioli buscando generar confianza e inversión- lo cierto es que las propuestas pueden ser incompatibles. Sólo en la medida en que se avance en los ajustes de los tres grandes desequilibrios, la Argentina podrá recuperar la senda del crecimiento. Pero no hay que temer al ajuste, ya que no necesita ser tan prolongado como la crisis de 1998-2002, ni tampoco tan abrupto como la debacle de 2001. La corrección ya ha sido advertida por ambos candidatos como necesaria, pero puede ser muy rápida y poco dolorosa si hay convencimiento en combinar disciplina fiscal, equilibrio monetario y apertura económica.

Oferta

En primer lugar, debemos analizar la mayor oferta de dólares que se observa en el mercado, dado por aquellos compradores de dólares formales que rápidamente los ofrecen en el mercado informal para obtener una ganancia por el diferencial.

Demanda

En segundo lugar, aparece una caída en la demanda, dada la crisis económica que vive la economía argentina, y la caída en la capacidad de ahorro de la clase media que acudía a este mercado para comprar divisas.

Sanciones

En tercer lugar, debe insistirse que la creciente persecución a quienes operan en el mercado, sancionándolos penalmente y clausurando a los operadores que infringen la legislación correspondiente, genera miedo en los demandantes del mercado, que postergan sus operaciones para cuando haya más calma.

Expectativas

En cuarto lugar, y quizás uno de los factores más importantes en un mercado pequeño como el “blue”, se debe analizar el cambio en las expectativas. Hace unos pocos meses las señales del gobierno mostraban poca voluntad de negociar con los Holdouts y de acudir al endeudamiento público a partir de enero para financiar el déficit fiscal. Bajo ese escenario, la oferta de pesos seguiría en aumento, y dada la continua fuga de capitales sumado a la caída del precio de la soja y otros commodities, aseguraban que además la oferta de dólares estaría cada vez más restringida y que la inflación estaría en aumento, lo que potenciaría la demanda de divisas en el mercado informal.

Pero en la última semana, el Ministro de Economía abrió la puerta a una negociación en enero, y todo indica que el 2015 le reabrirá al gobierno las puertas al crédito internacional. Tómese como ejemplo el swap de monedas con China por el equivalente de 814 millones de dólares, o bien, la gestión del Banco Central por un nuevo crédito del Banco de Francia por otros 650 millones de dólares para fortalecer reservas.

Conclusión

El problema de fondo, sin embargo, persiste, a saber, el desequilibrio fiscal. Que Argentina suspenda su monetización, paradójicamente sólo puede conducir a estrangular a la economía por falta de crédito, y con ello virar hacia una recesión más profunda.

El acceso al crédito internacional puede ayudar, si de fondo se plantea un cambio estructural que elimine gradualmente el desequilibrio fiscal, pero en ausencia de este cambio se asume un costo que no genera ningún beneficio, más que temporal.

El 2015 es un año de elecciones, lo que hace pensar que Argentina seguirá expandiendo el nivel de gasto, y combinará el financiamiento externo con nuevas emisiones de dinero. Cuando el mercado comprenda que la expansión monetaria no se ha interrumpido, un nuevo cambio de expectativas alimentará una creciente inflación lo que presionará nuevamente sobre el dólar informal. De ser así, la baja del dólar es transitoria y este cambio en las expectativas es temporal.

En cualquier caso, lo más curioso de este desenlace sería que Axel Kicillof comience a virar a nuestra economía hacia el endeudamiento y el noventismo. Recordemos que ya traicionó al keynesianismo: mientras éste sugiere -como bien expone en su tesis doctoral- que ante una crisis económica o estancamiento, se reduzcan las tasas de interés, él promovió una suba, lo que sólo agrava el estado de cosas.

Lo que no dijo Kicillof es que esas restricciones, como las cláusulas RUFO, las firmó el mismo gobierno argentino. Y no los gobiernos anteriores a 2001, sino esta misma administración en las dos reestructuraciones de 2005 y 2010 que calificó de exitosas. Tampoco dijo que si estamos negociando en una jurisdicción norteamericana, esto se debe a que Argentina no habría podido colocar esos bonos bajo jurisdicción propia, por la falta de independencia judicial que tiene nuestro país.

Por supuesto que Kicillof cargó contra las gestiones previas a 2001, exaltó que este gobierno no necesitó tomar nueva deuda y enfatizó la exitosa política de desendeudamiento, que nos dejaría hoy con una deuda sobre PIB de alrededor del 40 %. Pero hay que agregar dos cosas: i) el dato es incompleto, al menos hasta que la reestructuración se complete; ii) no fue la austeridad la que permitió este desendeudamiento, sino las expropiaciones varias y una extraordinaria fortuna con la evolución de los precios de los commodities.

Kicillof no parece comprender los costos a los que se enfrenta el país. Es cierto que la deuda de los holdouts representa el 1 % de la deuda a reestructurar después de 2001. De todas formas, el incumplimiento del fallo, avalado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos –que a la vez es el Tribunal al que Argentina se sometió cuando colocó aquellos bonos-, pone en riesgo toda la deuda reestructurada por un posible incumplimiento de pago.

No es que Argentina mañana decida no pagar los bonos reestructurados. Es que las “reglas de juego” indican que se le puede impedir a la Argentina pagar intereses de los bonos reestructurados. Si esto ocurre, podría surgir una avalancha de juicios de los tenedores de esos bonos. Kicillof puede gritar contra estas “reglas de juego” que su agónico marxismo promueve, pero el mundo se rige por estas reglas y conviene no contradecirlas. Durante el discurso de ayer, por un momento, parecía que el ministro volvía al aula y se olvidaba del lugar de representación que estaba ocupando.

La única salida que hoy se visualiza en la Argentina es la que ofrecieron los banqueros privados –independientemente de que hayan sido presionados o no por el Presidente del BCRA-, comprando la deuda de los holdouts. Sin embargo, es muy difícil que los banqueros arriesguen comprar el 100 por ciento de esta deuda sin garantías de que podrán recuperar en 2015 el capital total.

Si esta salida no prospera parece muy difícil encontrar un acuerdo hasta enero de 2015, cuando las cláusulas RUFO pierden vigencia. Empezará entonces una carrera contra reloj por llegar a esa fecha sin sobresaltos, sabiendo que la Argentina no podrá tomar deuda para hacer frente a sus compromisos, y sólo podrá responder con sus limitadas reservas.

“Todo pasa”, decía ayer el ministro. Pero su liviandad, en un momento tan delicado como este, muestra cierta incomprensión por los costos de la falta de un acuerdo. Que quede claro: esta negociación no sólo pone en juego el 1 % de la deuda a reestructurar, sino toda la reestructuración de la deuda. Será difícil afrontar el déficit fiscal, la inflación, la recesión y el creciente desempleo sin acceso al crédito externo, y especialmente si se mantiene un modelo que rechaza cualquier ajuste fiscal.

El primer “salto” de la deuda llega poco después de esto, cuando en junio de 1982 Domingo Cavallo asume la Presidencia del Banco Central, desencadenando una hiperinflación primero, para luego –dada la carencia de divisas-, nacionalizar la deuda privada. Como resultado, el gobierno del proceso entregó el país al gobierno de Alfonsín con una deuda pública externa de 45.000 millones de dólares en 1983.

Las dificultades fiscales no terminaron con el gobierno de Alfonsín, y su monetización lo condujo a un nuevo proceso hiperinflacionario. En 1989 la deuda ascendió a 66.300 millones de dólares, de los cuales sólo 3000 eran deuda interna.

El segundo “salto” de la deuda aparece en los años 1990. En 1999, cuando culmina el gobierno menemista, la deuda pública externa se había duplicado, alcanzando los 121.400 millones de dólares. Cavallo tuvo un paso significativo en la primera mitad de esta década gestionando la quita de capital del Plan Brady, pero también fue responsable de no utilizar el capital de las privatizaciones para cancelar capital -más de 30.000 millones de dólares- ni preocuparse jamás por el equilibrio fiscal. Tras su salida, la responsabilidad fiscal y el posterior “déficit cero” fueron sólo palabras.

El gobierno de De la Rúa sólo se preocupó por “apagar incendios” y se sucedieron canjes, como los famosos “blindaje” y “megacanje”. Para cuando se declaró la suspensión de pagos en 2001, la deuda era de 144.000 millones de dólares.

Tras una transición de dos años, en 2003 asumió Néstor Kirchner. El kirchnerismo ofreció a los acreedores dos reestructuraciones en 2005 y 2010, reemplazando la deuda con nuevos bonos, a partir de los cuales los acreedores volvieron a cobrar intereses. Esta reestructuración también implicó una quita de capital y fue asociada a las cláusulas RUFO, que básicamente definían que si el gobierno ofrecía a los bonistas que no aceptaron las mencionadas dos reestructuraciones una oferta superior, entonces estos bonistas tenían derecho a reclamar el mismo acuerdo. Estas cláusulas vencen en diciembre de 2014.

El monto de la deuda externa desde entonces fue difícil de estimar, y los números que surgieron fueron siempre parciales, ya que nunca se completó la reestructuración, ni se pudo salir completamente del default anterior.

Sólo la urgencia del gobierno por tomar deuda nuevamente aceleró las negociaciones para pagarle al Club de París y arreglar la expropiación de Repsol-YPF. En este contexto, el juez Griesa determinó que Argentina debía cancelar el capital adeudado con los acreedores pendientes, quienes en realidad ya habían vendido sus bonos a otros acreedores dispuestos a adelantar el capital y esperar por la determinación judicial.

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno argentino está aprovechando los últimos 30 días de negociación, antes de cancelar ese capital adeudado. Preocupa al gobierno que las mejores condiciones determinadas por el juez Griesa, activen las cláusulas RUFO y entonces surjan juicios por entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

Esta preocupación, sin embargo, resulta injustificada, ya que la cancelación en efectivo del fallo judicial no es una “mejor oferta del gobierno”, sino la determinación del juez. Por el contrario, las negociaciones iniciadas para cancelar parte del capital en efectivo, y parte en bonos, sí podrían activar las cláusulas RUFO, y con ello implicar un nuevo salto de la deuda pública externa.

Dejando de lado las sucesivas e innecesarias descalificaciones del gobierno argentino hacia el juez Griesa y los holdouts, parece apropiado cancelar este capital en efectivo y definitivamente abandonar la situación de default mantenida desde diciembre de 2001.

El peligro asociado a este acuerdo, sin embargo, es que la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno, lo conduzca ahora a continuar evitando el ajuste tomando deuda externa, y que entonces se abra la única puerta de financiamiento que permanecía cerrada.

Dado el consenso que los partidos políticos han mostrado en los últimos meses por el desprecio a la deuda externa, me parece que es el momento adecuado para una discusión en el Congreso y el voto de una ley que coloque límites al endeudamiento, por ejemplo, fijando el requerimiento de mantener el porcentaje actual de deuda pública sobre PBI. No hacerlo en el momento apropiado puede convertir a Kicillof en el nuevo Cavallo de la deuda externa argentina, conduciéndonos a un nuevo “salto” antes de las elecciones de 2015, un problema que se trasladará a las generaciones futuras que ni siquiera participaron de la elección del actual gobierno.