1. Sobreempleo público

En la última década se multiplicó excesivamente el empleo público. A nivel nacional el personal aumentó un 61%, desde 241.400 en 2003 hasta 389.830 en 2015; a nivel provincial, el incremento fue del 72%, desde 1,7 a 3 millones de personas en el mismo período; a nivel municipal, la suba fue del 110%, pasando de 379 mil en 2003 a 796.300 en 2015. En total, en el período bajo estudio, el incremento fue del 77%, pasando de 2,3 a 4,2 millones de empleados públicos.

En América Latina, la relación empleo público-población económicamente activa apenas supera el 10 por ciento. En Argentina estamos cerca de alcanzar el 20 por ciento. Duplicar esta relación por supuesto tiene un costo fiscal importante. Debemos interpretarlo como una mochila excesivamente pesada sobre las empresas privadas y una traba fundamental para la creación de empleo.

Este es quizás el elemento central de la herencia, por las dificultades institucionales para revertir el proceso, por los derechos adquiridos y por sumergir al país en un problema que ya era estructural, pero que ahora se agrava fuertemente.

2. Excesivo gasto público

Como consecuencia de lo anterior, no sorprenderemos al lector al señalar que el gasto público primario a nivel nacional se incrementó de menos del 15% en 2003 al 36,7% en 2015. Si analizamos el gasto público consolidado en los tres niveles de Gobierno, entonces el salto se observa desde el 26,2% en 2003 hasta superar el 50% en 2015.

La suba del gasto público no incluye sólo el sobreempleo público. Incluye decenas de planes, algunos más importantes que otros, pero que, más allá de la reflexión que cada uno amerite, en su conjunto llevan al Estado a una situación fiscal imposible de financiar en el largo plazo.

3. Presión tributaria récord

La voracidad fiscal de estos últimos diez años incrementó la presión tributaria desde el 24,33% hasta el 45,5% del PIB. A nivel nacional, se observa un salto desde el 19,21% del PIB en 2003 hasta el 39% en 2015. A nivel provincial, el salto, en el mismo período, fue desde 3,82% hasta 5,60% del PIB. A nivel municipal, de 1,3% a 1,75% del PIB. En síntesis, un argentino medio trabaja prácticamente seis meses del año para solventar el gasto público en los tres niveles.

Resulta paradójico que se argumente que el Estado crea empleo porque el privado no lo hace, pero se le impide al sector privado hacerlo, con esta carga tributaria sin precedentes en nuestro continente, o en la historia económica argentina.

4. Enorme déficit fiscal

Ante este escenario de asfixiante presión tributaria, sorprende que todavía exista déficit fiscal. Pero así es. Si incluimos los intereses, el 2015 cerró con un 5,8% de déficit fiscal sobre el PIB. Si quitamos la deuda interna con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), entonces el déficit fiscal es del 7,66 por ciento. Son prácticamente trescientos mil millones de pesos. Este nivel de déficit supera aquel con el que explotó la convertibilidad, que dejó al país al borde de la cornisa. Si hoy este nivel de déficit es “manejable”, es porque se accedió a deuda interna y porque la ausencia de convertibilidad permite monetizar el déficit fiscal.

5. Anses descapitalizado

Anses es una institución que, por supuesto, tiene una finalidad muy distante de aquella de financiar los proyectos de gasto público como Procrear o Fútbol para Todos. Luego de estatizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), Anses recuperó entre 30 mil y 40 mil millones de dólares, cuyo destino debió estar en inversiones diversificadas que permitieran cubrir de la mejor manera posible las pensiones a pagarse en el futuro, a medida que los trabajadores de la población económicamente activa se pasen al retiro. Lejos de ello, utilizar Anses para financiar el gasto público generó un vaciamiento de la institución, lo que descapitalizó las cajas de retiro y provocó una deuda interna compleja que deberá ser tratada en el futuro. Este problema está lejos de abordarse en estos cuatro años, pero será una temática a tratar en un futuro que hoy parece muy lejano.

6. Alta inflación

La sumatoria de la enorme presión tributaria y la deuda con Anses o PAMI tampoco alcanzan para cubrir el gasto público. El Gobierno necesita además monetizar el resto del déficit fiscal, con su lógico efecto inflacionario. La expansión de la base monetaria durante cada mes de 2015 superó el 30% respecto de igual mes del año anterior, pero en diciembre el alza fue del 42,4 por ciento. La suba se puede interpretar de distintas maneras, a saber, dar un impulso a la actividad económica que no despegaba o financiar un mayor nivel de gasto público como consecuencia de los gastos de campaña por la elección que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia.

La tasa de inflación que había disminuido gracias a la contracción monetaria provocada por Fábregas volvió a aumentar una vez que se revirtió tal política. La elevada tasa de inflación actual se puede comprender como consecuencia del reacomodamiento de precios tras las reformas que el nuevo Gobierno viene aplicando, pero también se alimentó de la expansión monetaria de 2015, cuyo efecto llega con rezago en este 2016.

7. Controles de precios, subsidios y tarifas atrasadas

El Gobierno anterior luchaba contra la inflación de la peor manera que podía hacerlo. Controlando precios, persiguiendo empresarios, multiplicando subsidios y con tarifas atrasadas en los servicios públicos o en el transporte. El costo político de levantar estos controles recayó sobre el nuevo Gobierno, con un reacomodamiento difícil, especialmente en un contexto recesivo, o al menos de estancamiento económico.

8. Cepo cambiario

Entre esos controles de precios, quizás el más dañino fue el cepo cambiario, que provocó una fuga de capitales que redujo las reservas del Banco Central desde poco más de 50 mil a menos de 30 mil millones de dólares, con las conocidas discusiones aún abiertas acerca de su composición, que ponen dudas sobre la solvencia del Banco Central.

Numerosos analistas aseguraban en 2015 que las reservas netas eran cercanas a cero, una vez que se devolvían los dólares a los depositantes, o incluso se quitaban préstamos chinos en yuanes y otras deudas o asistencias de último momento que permitieron sostener la debilitada moneda nacional.

El cepo cambiario además impedía relaciones comerciales normales con el mundo, tanto en la exportación como en la importación, lo que estancaba a las economías regionales y paralizaba al sector industrial.

9. Aislamiento y déficit en infraestructura

El cepo cambiario fue asociado a una política de aislamiento que también golpeó la cuenta capital. La falta de inversión extranjera directa hizo que se perdieran, según un estudio de Libertad y Progreso, unos 32 mil millones de dólares durante el Gobierno de Néstor Kirchner, 60 mil millones de dólares durante el primer Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 63.500 millones de dólares durante el segundo. Esta pérdida de inversiones tiene como consecuencia lógica una infraestructura débil para acompañar el desarrollo de la economía argentina.

A su vez, las tarifas atrasadas en los servicios públicos impidieron a los concesionarios invertir lo suficiente para garantizar servicios de calidad, lo que comprometió la capacidad productiva de la Argentina, que, antes de volver a crecer, necesitará desarrollar inversiones en todos estos sectores para evitar cuellos de botella.

10. Estancamiento económico o recesión

Todo lo dicho no puede tener otra consecuencia que un profundo estancamiento económico que comenzó en 2011, pero que ya se extendió hasta 2015 y que repercute también en una parálisis del consumo y la inversión. En definitiva, lo dicho ha resultado clave en el triunfo de Macri en la última elección, si consideramos que la gente siempre vota con el bolsillo. Este estancamiento promete extenderse también en este 2016, o incluso profundizar la crisis, una vez que se reconoce la inflación reprimida y se sincera el tipo de cambio. De hecho, la devaluación de los primeros meses de 2016 redujo el ingreso per cápita en dólares desde 14.747 a 8.920 dólares. No sorprende entonces que la presión sindical vaya creciendo con el correr de los meses.

Su exposición me recordó a un clásico de la economía. Me refiero a La economía en una lección, de Henry Hazlitt (1946). Un libro que he recomendado durante años a toda persona que desee tener una primera introducción a esta ciencia. Se analizan allí falacias económicas diversas que, en los últimos años de esta vapuleada Argentina, se han convertido en una nueva ortodoxia.

¿Pero cuál esa famosa lección? Consiste en la tendencia a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo particular, sin inquirir cuáles produciría a largo plazo y sobre toda la comunidad.

El libro en cuestión repasa diversos casos, como las obras públicas, el efecto de los impuestos o el crédito estatal sobre la producción, el odio a la máquina, los planes sociales, los aranceles, los controles de precios, el proteccionismo sobre una industria en particular, el salario mínimo, la inflación o el injustificado ataque de algunos economistas al ahorro, entre otras cuestiones.

He pensado durante mucho tiempo que si tales lecciones llegaran a las manos de un gobierno, se abandonarían tales falacias —esa nueva ortodoxia— y la economía iniciaría un proceso de desarrollo económico genuino sin precedentes.

La disertación de Federico Sturzenegger deja en claro que el presidente del Banco Central hizo propias aquellas lecciones. Su análisis es un poco más técnico, ya que distingue entre equilibrios parciales y equilibrio general, pero el mensaje es el mismo, lo cual resulta esperanzador.

Sturzenegger ofrece en este documento nuevos ejemplos, como la reciente baja en el precio del petróleo. Expertos en política económica mundial destacan que esta caída es mala por la pérdida de poder adquisitivo y de la voluntad inversora de los países exportadores, pero sin atender correctamente el poder expansivo sobre la demanda agregada de los países receptores.

Otro ejemplo fundamental está relacionado con el modelo de demanda agregada keynesiano, en el que se asume que una caída en el gasto público reducirá la demanda agregada. Un análisis más completo, sin embargo, puede mostrar que el gasto público no es independiente del gasto privado (consumo e inversión privados), y que una baja del gasto también implicará baja de impuestos y mayor poder de compra de parte de los consumidores, o mayor reinversión privada. La demanda agregada no tiene por qué caer ante un ajuste.

Lo mismo debemos decir respeto del ahorro, que según algunos economistas es nocivo, porque quita dinero del mercado, lo que implica a su turno menores compras, menores ventas y finalmente estancamiento y desempleo. Un economista que atiende al panorama completo observa que si alguien ahorra, depositando sus recursos en un banco a plazo fijo, por ejemplo, la institución bancaria intermedia ese dinero y lo canaliza hacia los inversionistas, que vuelven a introducir el dinero al mercado. “Si fuera cierto que el ahorro no genera demanda agregada, China debería ser el país más recesivo del mundo”.

Otro caso polémico que cita el economista es el del plan Procrear. Los economistas parecen atender sólo al efecto positivo que este plan tiene sobre la demanda agregada, como si esos recursos no se obtuvieran de otros destinos. Si el plan fracasó en impulsar la actividad económica, es porque aquello que generó por un lado se detrajo por el otro.

Finalmente, Sturzenegger llega al mercado monetario, de radical importancia para nosotros, no sólo por el alto nivel de inflación que nos acompaña, sino también porque Sturzenegger es el máximo responsable de paliar esta situación. El presidente de Banco Central explica la importancia del equilibrio monetario, y cómo una mayor oferta de dinero respecto de su demanda es la única causa de este flagelo. Con este conocimiento, y destacando el trabajo conjunto con el ministro de Hacienda, señala que en estos últimos meses se ha reducido a cero la monetización del déficit fiscal, que resulta posible por la reducción parcial de subsidios y también por el paro casi total de la obra pública. Hay un rezago, por supuesto, pero la rápida baja de la inflación en los próximos meses será una consecuencia lógica de lo que se viene haciendo.

¿Por qué entonces se ha acelerado el aumento de precios en estos últimos meses? Esto es un reacomodamiento de precios que surge como consecuencia de la herencia recibida. No sólo hubo que ajustar tarifas de servicios públicos (algunas aún están pendientes), sino también enfrentar la famosa venta de dólar futuro, que generó un gran daño al país.

Ya en una nota previa ofrecí un positivo análisis del primer mes de gestión. A cien días del inicio de este nuevo Gobierno mantengo mi pronóstico esperanzador. Sin desconocer los desafíos que quedan por delante (el déficit fiscal sigue siendo elevado, mientras que la obra pública no puede mantenerse parada por mucho más tiempo), el proceso de normalización continúa, más lento de lo que todos quisiéramos, pero en la buena dirección.

Antecedentes históricos

A principios del siglo XX, regía en la Argentina una clara estructura de imputabilidad fiscal. La nación financiaba sólo un 5% del gasto público provincial. Este hecho aseguraba un auténtico federalismo fiscal y garantizaba la vigencia del principio de correspondencia.

La correspondencia fiscal supone que existe un vínculo entre las decisiones de gasto extra del Gobierno provincial y el esfuerzo contributivo adicional de los votantes provinciales. Este principio es la clave para una buena gestión del gasto público, el que nos asegura que el gasto no excederá el nivel que los votantes están dispuestos a sufragar; garantiza que su composición se ajustará a las demandas de la población.

Pese a las advertencias y las críticas de prestigiosos constitucionalistas (Germán Bidart Campos, Rafael Bielsa, Horacio García Belsunce, Carlos María Giuliani Fonrouge, Dino Jarach y Segundo Linares Quintana), a partir de 1935 las provincias cedieron potestades tributarias sustantivas a la nación. Como consecuencia, la nación pasó a fijar bases de imposición y alícuotas, creó nuevos tributos y procedió a recaudar y coparticipar (transferir) recursos a las provincias.

En 1939, el nuevo federalismo fiscal aumentó a 29% la fracción de gasto provincial financiado con transferencias nacionales. Los impuestos creados en la década de 1950 profundizaron todavía más la disociación entre las responsabilidades de gasto y de financiamiento en las provincias, que llegaron en 1960 a un 47% del gasto provincial financiado con recursos nacionales. Luego de escalar a un 62% en 1977, la proporción alcanzó su máximo histórico en 1983, con el retorno a la democracia, al fijarse en 72 por ciento. Varios analistas señalan que nunca fue la Argentina tan poco federal como entonces.

En el período 2003-2008, más del 60% del gasto público de las provincias reconoció financiamiento nacional, circunstancia más propia de una organización unitaria que de una federal.

Ausencia de correspondencia fiscal: ganadores y perdedores

El cuadro n.º 1 muestra precisamente la ausencia de correspondencia fiscal que gobernó a las provincias argentinas durante el período 2003-2008, considerando que —en promedio— la recaudación de la nación participó en un 60,9% de los ingresos provinciales.

La situación, sin embargo, no fue igual para todas las provincias. Tomando en cuenta los porcentajes de participación de recursos nacionales en los ingresos provinciales, podríamos separar cuatro grupos.

En primer lugar, tenemos en este período a aquellas provincias cuyas transferencias tributarias nacionales componen menos de un 60% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de las provincias de Buenos Aires (45,5%) y Neuquén (56%).

El caso de la Ciudad de Buenos Aires (11,4%) no es comparable con el resto de las autonomías provinciales si consideramos que percibió servicios de transporte, seguridad o Justicia financiados por la nación que deberían ser sumados a los montos transferidos. El reciente traspaso de fondos para pasar la seguridad a manos de la ciudad contribuye a hacer comparables estos números.

En segundo lugar, contamos con aquellas provincias que reciben de la nación entre un 60 y un 70% de sus ingresos. Tal es el caso de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz.

Nota: (1) Representa el total de la recaudación que la nación transfiere a provincias
* El dato 2008 corresponde sólo al primer semestre.

En tercer lugar, encontramos un grupo de provincias que componen entre un 70% y un 85% de sus ingresos con recaudación nacional. Aquí encontramos a Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Salta y Misiones.

En cuarto lugar, encontramos los casos extremos en los que ninguna provincia logra recaudar más de un 15% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de San Juan, Corrientes, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Formosa. En estos casos, el principio de correspondencia fiscal está quebrado. La mayor ausencia de correspondencia se verifica precisamente en Formosa, provincia que logra recaudar sólo un 5,5% de sus ingresos.

El cuadro no pudo actualizarse debido a que la mayoría de las provincias no presenta información actualizada sobre su recaudación, especialmente las provincias del último grupo, pero hay excepciones. El cuadro n.º 2 contribuye a actualizar algunos de estos números.

Al comparar la información de 2014 con 2008, puede notarse que la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo similar, aunque cambiará el año próximo con el traspaso de fondos de nación a ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de la seguridad. Neuquén y Buenos Aires siguen siendo también las provincias menos dependientes de las transferencias nacionales. Tucumán, por su parte, mantiene una fuerte dependencia de los recursos transferidos de nación.

Consecuencias de la ausencia de correspondencia fiscal

Completo el diagnóstico, podemos observar a continuación algunas implicancias de esta situación:

1. Incentivo del incremento constante del gasto público provincial. La nación afronta el costo político de recaudar, la provincia recibe el beneficio político de gastar y el contribuyente mira con indiferencia el ir y venir de fondos. Este desequilibrio vertical conduce a los gobernadores de varias provincias a emprender obras públicas sin considerar la voluntad de los contribuyentes de financiar el proyecto. En todo caso, los recursos no los proveen los ciudadanos de cada provincia, sino el conjunto de la nación.

2. Ausencia de ciudadanía fiscal. Nada incentiva al contribuyente a controlar y reclamar una buena gestión del gasto público en su jurisdicción. En otras palabras, el sistema conspira contra el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, que deben pagar los impuestos a un nivel de Gobierno distinto a aquel que, en general, perciben que les presta o financia el servicio.

3. Incremento de la evasión impositiva. Las causas de la evasión impositiva en la Argentina son varias y complejas, pero el régimen de coparticipación no está exento de culpa. ¿Qué incentivo tiene, por ejemplo, el gobernador de San Juan a colaborar con los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la detección de evasores, cuando por cada cien pesos que se recauden gracias a la movilización de su policía y el cierre de negocios y locales, la provincia recibiría apenas $1,90? (El gobernador hace esta cuenta: $100 multiplicados por 0,57, que es la participación primaria de las provincias, multiplicados por 0,0338, según ley 23558, que es la participación secundaria de San Juan, es igual a $1,90). Y con respecto a la nación, aunque la distorsión de incentivos en este caso es menor, cabe preguntar: ¿no se esforzaría más la AFIP si de cada $100 recaudados, la nación pudiera gastar $100 en vez de los $43 que le asigna el régimen de coparticipación?

Ya es conocida públicamente la estrategia utilizada por los gobernadores de expulsar a los inspectores de la AFIP cuando estos comienzan a controlar los establecimientos de sus provincias.

4. Premio al lobby. Con regímenes de distribución de fondos como la coparticipación existe un poderoso incentivo para que los gobernadores inviertan mucho ingenio, esfuerzo y tiempo en Buenos Aires, en el intento de modificar las reglas de juego a su favor. Un ejemplo en tal sentido es la promoción industrial basada en exenciones de grandes tributos nacionales sujetos a coparticipación, como IVA e impuesto a las ganancias. De cada $100 que le cuestan las exenciones al país, una provincia como San Juan pierde $1,90 y gana la radicación industrial, y con ella, una variedad de beneficios sobre el empleo, la actividad económica y las rentas generales de la jurisdicción. El saldo es netamente favorable a la provincia y su consecuencia es obvia e inevitable.

5. Riesgo moral. El riesgo moral es un concepto que en economía se utiliza para describir una situación en la que un individuo, aislado de la consecuencia de sus acciones, podría cambiar su comportamiento del que habría tenido si hubiera estado expuesto completamente a las consecuencias de sus acciones. Esto describe precisamente lo que ocurre con algunas provincias.

Cuando el gasto público provincial se financia en tan alta proporción con recursos nacionales, la nación sufre una consecuencia sutil pero recurrente. A los ojos de las provincias, el Gobierno nacional se convierte en el responsable último de las caídas de las remesas de fondos, cualquiera fuera su causa.

La paradoja es que históricamente la nación ha asumido tal responsabilidad y convalidado los déficit de las provincias a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, o bien a través de la atención directa de los servicios de deuda de los organismos multilaterales de crédito. Esta actitud sesga las finanzas provinciales hacia la bancarrota.

6. Ausencia de transparencia. En la actualidad rige un complejo sistema de remesas basado en: a) la coparticipación federal de impuestos, que distribuye la recaudación de los tres principales impuestos nacionales (valor agregado, ganancias e internos) de acuerdo con ponderados mágicos, después de descontarle una pre-coparticipación para las grandes urbes y otra para el sistema previsional; b) varias coparticipaciones menores y paralelas, que distribuyen otras recaudaciones según criterios ad hoc, y c) aportes del Tesoro Nacional distribuidos en forma discrecional.

No existe un criterio único de reparto, ni existe un organismo único que administre el reparto. Nos movemos dentro de un laberinto fiscal que hace imposible que el votante-contribuyente pueda identificar qué nivel de gobierno o cuál organismo estatal es el que gasta o grava y con qué fin. Está rota, en consecuencia, una relación costo-beneficio que es indispensable para asegurar la eficiente acción del Estado.

Conclusiones

La Argentina presenta una centralización de sus ingresos en la nación, pero una descentralización en los gastos. Avanzar hacia un federalismo real implicaría avanzar únicamente en la descentralización de la recaudación tributaria.

Lo que proponemos es que cada provincia se responsabilice por generar los recursos que luego gastará, para así alcanzar responsabilidad fiscal y limitar el crecimiento del gasto. Ir en este sentido supone modificar completamente los incentivos en la administración pública provincial y aun en el contribuyente, además de limitar el poder que hoy posee el ejecutivo a través de su gasto discrecional.

Comenzando por el frente fiscal, el Gobierno eliminó retenciones a la industria y a los productos agropecuarios, excepto para la soja, que se redujo de 35 a 30 por ciento. La apuesta consistió en recuperar las economías regionales mejorando los incentivos, tanto por reducción de la presión tributaria que recaía sobre el sector como por supresión del cepo cambiario, que lo contenía acorralado en los márgenes de ganancia. La medida contribuiría, en paralelo, a incentivar en la inmediatez a los productores agropecuarios para que liquiden las cosechas y ayuden con ello a engrosar las debilitadas reservas del Banco Central.

El impacto fue positivo, si uno toma en cuenta que se revirtió el continuo descenso diario de las reservas hacia valores positivos que transmiten tranquilidad, aunque las liquidaciones no cubrieron las expectativas de la autoridad monetaria y del Gobierno. ¿Por qué no se cumplieron estas expectativas? Porque hay fuertes expectativas de que el sinceramiento del tipo de cambio oficial sólo fue parcial y que habría una nueva devaluación hacia marzo del corriente, una vez que venzan los contratos de futuros.

Algunos analistas señalan, sin embargo, que ese valor que hoy ronda los 14 pesos no lo fija la autoridad monetaria sino el mercado, pero esto no parece ser del todo cierto cuando observamos las altas tasas que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo (una alternativa a la demanda de dólares), o la absorción de pesos que el Banco Central viene generando en las últimas dos semanas con la emisión de letras.

En el frente fiscal también hay que destacar el cumplimiento de otra promesa de campaña en la que se confirmó la quita del impuesto a las ganancias para el aguinaldo de los que cobran hasta 30 mil pesos. La medida parece justa y popular, pero no conveniente ni oportuna dado el fuerte déficit fiscal. Quizás debió el Gobierno compensar la consecuente caída de ingresos tributarios con una baja inmediata en los subsidios, que si bien fueron anunciados, aún se desconoce su instrumentación.

En el frente monetario, lo dicho, la autoridad en la materia utiliza dos instrumentos para contener la inflación: por un lado, eleva los tipos de interés; por otro lado, absorbe todos los pesos que puede a través de la emisión de letras. Pero los analistas estiman una inflación para 2016 del orden del 35%, mientras la misma autoridad monetaria la estimó apenas arriba del 20 por ciento.

¿Por qué no ataca el Gobierno la inflación de manera más radical? Mi interpretación es que el Gobierno sabe que no hay otra forma que reducir el gasto público que no sea por la vía de la inflación. Si no se puede reducir el salario nominal, ni se pueden generar despidos en un sector público sobredimensionado, sólo queda avanzar en una baja real de los salarios por la vía del impuesto inflacionario. Si los analistas privados tienen razón y la inflación de 2016 se acerca a sus pronósticos, mientras el Gobierno logra acordar con los sindicatos aumentos salariales del orden del 20 o 25%, la baja real de los salarios permitirá avanzar en el requerido ajuste fiscal que todos los analistas reclaman. Por supuesto que la política no está exenta de críticas y se sabe que el mayor desafío pasará por afrontar las negociaciones salariales con los sindicatos, que nunca fue una tarea sencilla. Resumiendo, la baja de la tasa de inflación no parece ser prioridad en 2016, lo que es parte del programa gradualista que el Gobierno viene aplicando.

En el frente cambiario, además de lo dicho, la nueva administración apuesta a generar un fuerte ingreso de divisas que sólo puede ser la consecuencia de un cambio rotundo en la política exterior. Al respecto, Mauricio Macri lleva adelante una amplia agenda política internacional que comenzó con el cuestionamiento directo al eje bolivariano, empezando por Venezuela y siguió con la anulación del polémico memorándum con Irán. Además, extendió lazos dentro del Mercosur con Brasil y Uruguay, además de Chile, y relanzó vínculos con la Unión Europea y Estados Unidos. Aceptó el fallo de la Organización Mundial del Comercio sobre las importaciones y ofreció señales claras en su voluntad de atraer capitales.

Todo el arco liberal sigue reclamando como deuda pendiente atacar el desorbitante gasto público y su consecuente déficit fiscal. La noticia de los últimos días, sin embargo, ha sido el gesto de parte de la Vicepresidente de despedir a 2035 empleados del Senado por decreto, advirtiendo que los ministros van a tomar medidas del mismo estilo para erradicar del Estado estructuras políticas compuestas por “militancia del kirchnerismo”.

La medida, a la que se sumaron otros despidos en otros organismos, como el Banco Central y el Centro Cultural Néstor Kirchner, es una gota en el océano teniendo en cuenta los más de dos millones de nuevos asalariados nombrados durante el kirchnerismo en el Gobierno nacional, en provincias y en municipios, pero deja entrever que también habrá ajustes en el gasto público una vez se complete la auditoría general de los organismos públicos.

La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.

¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.

El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.

Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.

No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.

En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

En la entrevista arremetió una vez más contra los economistas ortodoxos, defendió la política de desendeudamiento, de reindustrialización y de inclusión social, enfatizó el fuerte crecimiento económico que el país experimentó desde 2003, recordó la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas. Se apoyó sobre ciertos economistas como Miguel Ángel Broda, Orlando Ferreres y Carlos Melconian para señalar que la economía está bien, creciendo un 1 %, que la inflación se desaceleró de un 40 % a un 25 % -sin recetas ortodoxas-, que las reservas están estables, que no hay problemas con los vencimientos de deuda, lo que deja una buena herencia para el próximo Gobierno, garantizando continuidad del modelo luego de 2015.

Cuando se le cuestionó el bajo crecimiento, el ministro de Economía explicó el complejo contexto internacional que nos acompaña, con caída en los precios de los commodities, con las locomotoras de China y Estados Unidos bajo ciertas dificultades y con Brasil en recesión.

Es precisamente ese contexto el que lo obligó a decidir aplicar una política contracíclica desde principios de 2014 para estimular el consumo interno mediante planes y programas, apoyado en un supuesto consenso de los economistas en las recetas keynesianas que se presentan en todos los manuales de macroeconomía y política económica.

Dejando de lado los discutibles números del ministro de Economía -que él mismo se ocupó de criticar antes de asumir funciones oficiales-, presentaré a continuación mis problemas con su administración de la política económica, que se pueden resumir en ocho puntos fundamentales.

1. No hubo crecimiento, sino recuperación.

El ministro de Economía enfatiza que la economía argentina duplicó el PIB en dólares desde 2003 a la fecha. Este puede ser un dato cierto, pero sesgado. La Argentina no logró en este período expandir su capacidad productiva, sino tan solo recuperar la actividad económica de la devaluación de 2001. En términos económicos, la receta de “impulsar la demanda para crecer” puede tener resultado visibles mientras hay capacidad ociosa, pero una vez que la economía se acerca al pleno empleo, el crecimiento económico solo puede ser generado a través de un proceso de ahorro e inversión. Tomando en cuenta que el propio ministro solo administró la política económica de este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el rumbo debió cambiar desde el consumo a la inversión, y sin embargo, se sostuvo en una dirección -con un diagnóstico equivocado-, manteniendo el relato de 2001, cuando la realidad que le tocó enfrentar ya era diferente.

2. La recuperación está basada en un enorme gasto público que empuja la demanda y crea empleo público, el que no se puede sostener en el tiempo.

El tamaño del Estado, medido como gasto público sobre PIB, ha alcanzado una proporción que es récord en el continente, y que no puede financiarse ni siquiera con la mayor presión tributaria de nuestra historia, que a la vez es récord en el mundo. Devolver a la Argentina a un nivel de gasto sostenible y reducir la presión tributaria a niveles normales solo puede dejar un alto desempleo y una nueva recesión que pone en duda el éxito del modelo. La Argentina se encuentra en el dilema de sostener la burbuja del gasto público, pero sin crecimiento económico, o equilibrar las finanzas públicas pero a costa de un alto desempleo estructural cuya solución fue solo temporal. Si en lugar de crear estas proporciones de empleo público, la economía argentina hubiera alentado realmente la inversión privada, entonces el aprovechamiento de esta década dorada para la región habría sido de largo plazo y el problema de desempleo estructural habría empezado a recibir una solución más genuina.

3. Comete los mismos errores del menemismo, multiplicando el déficit.

El ministro de Economía no pierde oportunidad para identificar las comparaciones entre el kirchnerismo y el menemismo, pero esto constituye una falsa dicotomía. Ambos modelos surgen del mismo partido político, pero lo más importante es que ambos han cometido el mismo error fundamental, que -como bien explicó- nos obsesiona a los economistas ortodoxos. Nos referimos al déficit fiscal. El ministro de Economía reconoció en la entrevista un déficit fiscal financiero de 3,7 % del PIB para 2014, el que dijo ser más bajo que el de Estados Unidos (4,2 %), Brasil (5,2 %) y el promedio de la región (4,9 %). Sin embargo, y sin entrar a cuestionar “sus” números, no es menor que la Argentina mantenga este déficit después de la enorme carga tributaria que señalamos con anterioridad, además de que los analistas pronostican que el déficit para este 2015 estará entre un 6 % a un 8 % del PIB. Este nivel de déficit aun está algo lejos de aquel que condujo a la economía argentina al Rodrigazo (12,1 %) y el fin de la tablita de José Martínez de Hoz (11,3 %), pero se acerca a aquel que condujo a la hiperinflación de 1988-89 (8,5 %) y al fin de la convertibilidad (7 %).

4. La política del desendeudamiento es un mito, si consideramos la deuda interna con el Banco Central y Anses.

El ministro de Economía muestra como un logro del oficialismo el bajo nivel de deuda externa sobre el PIB. Es un dato que debemos reconocer. Sin embargo, este resultado no se generó por medio de una política conservadora, sino por haber financiado el mencionado déficit fiscal con otras alternativas, como ser la emisión monetaria del Banco Central y los recursos de Anses. Lo dicho ha generado un Banco Central en quiebra bajo cualquier estándar contable, además de la mayor inflación del continente -después de Venezuela-, y de hipotecar el futuro de la población activa, gastando incluso los 30.000 millones de dólares que estaban en manos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) al momento de la nacionalización. Resulta curioso que parte de los logros del kirchnerismo son herencia directa del menemismo, pues se han gastado los recursos ahorrados en la década anterior y se ha apoyado el “crecimiento” de esta década en la infraestructura que expandió el Gobierno anterior.

5. La inflación no es necesaria.

El ministro de Economía lanzó una inflación estimada del 18 %, pero al margen de este número discutible, enfatizó que la oposición redujo sus estimaciones de 40 % a 25 %. Es cierto que la inflación se desacelera en este último año, sin embargo, surgen dos cuestiones para señalar. Por un lado, que la desaceleración de la inflación va acompañada de una desaceleración de la actividad económica, mostrando en este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un preocupante estancamiento económico, con pérdida de empleo. Por otro lado, el ministro de Economía parece estar convencido de que la inflación -a estos niveles- es necesaria, lo que obliga a los argentinos a convivir con una moneda enferma, que afecta y reduce el potencial de crecimiento de los próximos años.

6. La devaluación es una consecuencia inevitable por la enorme expansión de la circulación y el bajo nivel de reservas.

Con estos niveles de inflación que el ministro de Economía reconoce, la dolarización espontánea es una consecuencia obvia. Pretender que la gente acepte la pesificación porque existe “estabilidad en la política económica”, que genera a su vez una “inflación estable” superior al 20 %, es confundir causalidad. Si realmente deseamos la pesificación, debemos empezar por la estabilidad monetaria, que el Ministro de Economía declaró que es un aspecto secundario como objetivo de política económica. Si a la vez tenemos en cuenta la relación pesos en circulación frente a dólares en reservas netas del Banco Central, la tendencia ofrece un tipo de cambio de largo plazo superior a $ 20, que es lo que -en definitiva- marca la expectativa del mercado. Quienes hoy especulamos con una devaluación, lo hacemos porque entendemos que es una consecuencia inevitable de la política monetaria del Banco Central, que solo se puede postergar a costa de seguir perdiendo reservas, aun con innumerables cepos que la economía ya no puede soportar.

7. El tipo de cambio que importa es el real, no el nominal.

En este aspecto, preocupa además la comparación que hace el ministro de Economía con Brasil. Mientras Argentina pasó el tipo de cambio oficial de 3 a 9 pesos por dólar, en Brasil pasaron de 4 reales por dólar -cuando asume Lula da Silva- a 3,30 reales por dólar hoy, comparación que ilustró para identificar su problemática apreciación cambiaria. Habría que señalarle al ministro de Economía, sin embargo, que la evolución del tipo de cambio nominal no representa nada, y menos aun en un país como Argentina, donde la inflación ha tenido valores elevados. Reconocer esta situación lo llevaría a comprender que la misma apreciación cambiaria que criticó en Brasil es la que sufre hoy la economía argentina, y no como consecuencia del desarrollo productivo, sino como consecuencia de la política económica elegida.

8. La “fatal arrogancia” de creer que se puede controlar todo el mercado.

El ministro de Economía señaló que es natural que los importadores soliciten un dólar más barato, mientras los exportadores pretenden un dólar más caro. Ofreció el ejemplo de un industrial que resultó librecambista para el insumo, pero proteccionista para el producto. A partir de allí justificó el proteccionismo, los cepos y una política económica selectiva, dirigida y coordinada por él y su equipo. Esto atrasa el debate de política económica, por lo menos, hasta 1810, cuando Manuel Belgrano enfrentó los intereses creados de todos aquellos que se veían favorecidos por la política económica de la colonia. También cae el ministro de Economía en la fatal arrogancia de creer que realmente puede controlar todas las operaciones del mercado. El ministro de Economía no parece saber distinguir entre empresarios y pseudoempresarios, o entre industriales y pseudoindustriales. El objetivo de la política económica debería estar basado en la igualdad ante la ley, lejos del clientelismo político y tendría que dar lugar -de una buena vez- a los empresarios en serio, sean chicos o grandes.

Cierro con las sabias palabras de Frédéric Bastiat (1850): “Yo, lo confieso, soy de los que piensan que la capacidad de elección y el impulso deben venir de abajo, no de arriba, y de los ciudadanos, no del legislador. La doctrina contraria me parece que conduce al aniquilamiento de la libertad y de la dignidad humanas.”

En esta oportunidad me propongo explicar el error fundamental que los equipos económicos de ambos cometen al ignorar el necesario ajuste, propio de un error de diagnóstico que puede costar caro a un eventual próximo gobierno de cualquiera de los dos candidatos.

No está de más aclarar que los economistas trabajamos como los médicos: hacemos un diagnóstico de una situación dada a través de ciertos indicadores (actividad económica, empleo, presupuesto de ingresos y gastos, índice de precios, balanza de pagos, balance del Banco Central, índices de confianza, etc.) y planteamos una solución que puede contener efectos indeseados, lo que no significa que ignoremos esos efectos o los deseemos.

Los equipos económicos de Scioli y Macri no advierten correctamente la magnitud de los problemas que enfrentarán. Parten de un diagnóstico erróneo que no sería problemático si solo fuera parte de la campaña política en la que compiten, pero sí lo será si realmente creen que el escenario macroeconómico de 2016 solo requiere de ciertos retoques al modelo.

Macri, por ejemplo, reconoce cierto desequilibrio fiscal -mayor quizás del que reconoce Scioli-, pero su propuesta de corrección es insuficiente para sortear el problema central que la economía heredará tras 12 años de kirchnerismo. Es acertado, creo yo, apostar a la eliminación de los diversos cepos, pero es extremadamente optimista creer que la confianza en la inversión consecuente generará niveles de recaudación suficientes para eliminar la brecha que existe entre ingresos y gastos.

El problema es de causalidad. Si la inflación no vuelve a un dígito, la inversión privada no emergerá; si la inversión privada no emerge, la recaudación seguirá estancada y la brecha entre ingresos y gastos seguirá estando en el orden del 6 % al 8 % del PIB. Lo que debemos plantearnos es una política que permita equilibrar las cuentas públicas, que permitirán luego generar confianza y un retorno de la inversión.

Es allí donde aparece el arreglo con los holdouts. Se estima que un rápido acuerdo -que de hecho podría alcanzarse en menos de un mes de conversaciones- también ayudará a generar confianza y podremos volver a acceder a tomar deuda pública externa. Como el nivel de deuda heredado es bajo, incluso es probable que se pueda tomar deuda a tasas convenientes. Sin embargo, la pretensión de corregir, o más bien financiar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo, ya ha dado pésimos resultados en la década de 1990 y volverá a dar el mismo resultado en la actualidad.

Argentina hoy financia la brecha con emisión de moneda (deuda con el Banco Central de la República Argentina) y también con deuda interna (deuda con Anses). Si se reemplazan estas fuentes de financiamiento con deuda externa, el problema cambiará -se reducirá la inflación y también se dará mayor independencia a la administración de fondos de la Anses-, pero en el fondo el problema persistirá.

La Argentina presenta hoy un nivel de gasto público consolidado (nación más provincias), en relación con el PIB, que es el más elevado del continente americano, y encabeza el podio de los tres países con mayor gasto en el mundo. En estos 12 años es cierto que se ha generado empleo para recuperar la economía de la crisis de 2001, sin embargo, el principal empleador fue el Estado y hoy contamos con una estructura de empleo público sobredimensionada que será socialmente costoso de revertir.

Scioli, por su parte, reduce los problemas económicos a mínimas correcciones. Su equipo plantea, por ejemplo, una regla fiscal según la cual el gasto público crecerá a una tasa menor que la recaudación. El problema es que con una economía estancada, los ingresos fiscales no crecerán en términos reales. La estrategia entonces queda reducida a continuar por el mismo camino que hoy plantea el ministro de Economía Axel Kicillof, en el que la recaudación fiscal crece al ritmo de la inflación, pero los gastos no, lo que en definitiva es un ajuste basado en la ilusión monetaria de los argentinos, que no perciben correctamente que sus ingresos reales caen día tras día. Este proceso puede continuar por varios años, incluso por todo un mandato, pero difícilmente la actividad económica se recupere con una inflación de dos dígitos que de a poco avanza sobre los salarios reales de los trabajadores. Por el contrario, la estrategia genera una dinámica compleja donde los sindicatos sistemáticamente pelearán por sostener los salarios reales, y los empresarios piensan más en las luchas internas que en los negocios.

Lo mismo ocurre con los subsidios a numerosos servicios públicos. Si los subsidios se mantienen, el problema persiste. Macri -entiendo, por una cuestión electoral- promete mantener planes sociales y subsidios, y enfatiza su propuesta de eliminación de trabas, cepos y controles, augurando que esto permitirá generar una recuperación de la confianza. Esto es acertado. Pero los números no cierran. Si se eliminan retenciones y Registro de Operaciones de Exportación (ROE), la recaudación fiscal se reducirá y la brecha será mayor. La mayor confianza y consecuente inversión puede ayudar a paliar la caída en la actividad económica, e incluso generar una mayor recaudación, pero constituye un error fundamental sostener que la brecha fiscal se eliminará por esa vía.

Ningún politólogo recomendará a los candidatos hablar de ajuste. Pero debemos ser claros. El ajuste empezó hace dos años, avanzó primero en el sector privado (por la vía de los despidos y las quiebras), y hoy avanza en el sector público (por la vía de la inflación). Lo que queda es explicitar el diagnóstico y el escenario que el votante tiene ante sus ojos, y ser muy claros en las políticas que pueden remediarlo. De otro modo, cualquiera sea el que gane las elecciones estará mintiéndole desde el primer día a quienes confiaron en ellos.

Daniel Scioli ha intentado en los últimos años alinearse en su discurso con el modelo kirchnerista, aunque al evaluar su gobierno en la provincia de Buenos Aires, o los comentarios y las entrevistas que han ofrecido sus asesores, se puede advertir cierta confrontación con el kirchnerismo puro, que es en definitiva lo que provoca cierta desconfianza aun entre sus propios seguidores.

Sostenemos aquí que la política económica de Scioli estaría en una posición intermedia entre la que representa Axel Kicillof, como continuidad de la política económica actual, frente a los comentarios de sus asesores, y en particular del consultor Miguel Bein y el expresidente del Banco Central Mario Blejer, que es, en definitiva, corregir los desequilibrios y tomar un nuevo rumbo.

El actual ministro de Economía comentó ante los medios, hace unas pocas semanas, que de ganar Scioli seguirán haciendo “más o menos lo mismo”. Básicamente se trata de seguir ocultando los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios por todos conocidos -y también por el ministro-, pero al mismo tiempo intentar corregirlos sin un ajuste abrupto. En otros términos, permitir un ajuste lento de los excesos fiscales por la vía de la inflación, pero intentando mantener los “logros del modelo”, que se resumen en la continuidad de los planes sociales implementados.

Con Kicillof manejando la economía, en 2016 habría una continuidad en la inflación por varios años más, seguiría la intervención sobre el Indec, Argentina seguiría enfrentada a los holdouts, se mantendría cierta alineación con los gobiernos venezolano, boliviano y ecuatoriano, y la política exterior apuntaría más hacia los BRICS, y China en particular, que hacia Estados Unidos y Europa. Me surge una duda puntual respecto de su voluntad de devaluar poselecciones para resolver parcialmente el atraso cambiario y con ello permitir una leve recuperación de la industria, que ya muestra dos años de caída continua.

El equipo económico de Scioli ha enfatizado en que “no existe una crisis a punto de estallar como algunos quieren convencernos, sino desequilibrios a corregir”, que luego definen precisamente como los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. Nuestra lectura de esta propuesta económica sería similar a la que hemos definido para el PRO, aunque presentada de manera más conservadora, o menos crítica del modelo kirchnerista.

Se trata de mantener los logros del modelo y los diversos planes, pero reduciendo o eliminando sus excesos, hoy representados en un déficit fiscal del 6 & al 8 % del PIB, según han descrito varios analistas.

En este caso se ve a una Argentina que rápidamente resolvería la disputa con los holdouts y accedería a los mercados internacionales para tomar deuda, como vía para reducir la monetización de los déficits públicos y el consecuente proceso inflacionario.

En relaciones exteriores, Argentina abandonaría su vinculación con Venezuela, Bolivia y Ecuador, y apuntaría más bien a una integración tanto con los BRICS como con Estados Unidos, Europa y el mundo desarrollado. Los asesores de Scioli han sido muy claros en la necesidad de recuperar confianza como medio para elevar los niveles de inversión privada -necesaria para recuperar el crecimiento- y pública -para mantener la infraestructura.

En este caso, la inflación se iría reduciendo gradualmente. Las razones para ello se dividen en tres propuestas: 1. Al resolver las disputas con los holdouts se accedería a crédito externo; 2. Se aplicaría una regla fiscal según la cual el gasto público aumentaría a una tasa menor que el aumento en la recaudación; 3. Se subirían las tasas de interés.

Dicho en otros términos, habría endeudamiento externo nuevamente -lo que recibirá resistencia del kirchnerismo puro- y al mismo tiempo una caída continua de los salarios reales, especialmente de los trabajadores del sector público -esto ya está ocurriendo también con Kicillof-, lo que garantiza un mayor enfrentamiento con los sindicatos, que lucharán por mantener el nivel real de los ingresos. La suba en las tasas de interés augura dificultades en la actividad económica para los dos primeros años.

El levantamiento del cepo cambiario encabezaría también la agenda, incluyendo una fuerte devaluación para devolver el mercado cambiario a su nivel de equilibrio real. Alcanzado este, se intentará aplicar una regla cambiaria para evitar la sobrevaluación cambiaria -que destruye las actividades de exportación- y también la devaluación -que destruye los salarios.

Cuando se consultó a Axel Kicillof por una posible candidatura a vicepresidente, este respondió que prefería continuar en su posición actual, manejando los hilos de la economía. Ha surgido, sin embargo, la hipótesis de que Scioli habría aceptado a Carlos Zannini como su vicepresidente solo en la medida en que Kicillof se mantenga al margen de su gestión. Scioli tiene su propio equipo económico y si bien se le han definido los nombres de legisladores que lo acompañarán en la lista del Frente para la Victoria, será él mismo quien defina su gabinete.

Mi postura es que Kicillof estará ocupando su banca en el Congreso, pero tendrá reducida incidencia en las decisiones de política económica del posible gobierno de Scioli. Por el lado de Zannini, me parece que nunca un vicepresidente jugó un rol relevante en la política económica argentina.

La importante presencia del kirchnerismo puro en el Congreso garantiza, al mismo tiempo, que los proyectos a presentarse estén, al menos en los dos primeros años, alineados con el mantenimiento de los logros alcanzados, en particular la vigencia de los planes sociales implementados en los últimos 12 años, aunque es inevitable la caída real de esos ingresos como medio para ir ajustando el desequilibrio fiscal a través de la inflación.

Mi hipótesis es que -de ganar Scioli- Bein y Blejer reemplazarán a Kicillof en la conducción económica de la Argentina. Si éste es el caso, las similitudes con la propuesta del Pro es visible. Pero hay diferencias. Macri ofrece, por ejemplo, mayor certeza en el electorado por sus políticas a favor del campo -en sus firmes propuestas por eliminar las retenciones y los ROE- y también mayor certeza en la “eliminación de cepos” y su integración al mundo, con la consecuente generación de confianza para atraer inversión privada. Scioli, mientras tanto, le garantiza al sector público y los beneficiarios de los planes sociales una mayor certeza en su intención de lograr una continuidad de los beneficios del modelo actual. Si bien ambos candidatos han buscado imitarse en los últimos meses -Macri prometiendo mantener los planes sociales, y Scioli buscando generar confianza e inversión- lo cierto es que las propuestas pueden ser incompatibles. Sólo en la medida en que se avance en los ajustes de los tres grandes desequilibrios, la Argentina podrá recuperar la senda del crecimiento. Pero no hay que temer al ajuste, ya que no necesita ser tan prolongado como la crisis de 1998-2002, ni tampoco tan abrupto como la debacle de 2001. La corrección ya ha sido advertida por ambos candidatos como necesaria, pero puede ser muy rápida y poco dolorosa si hay convencimiento en combinar disciplina fiscal, equilibrio monetario y apertura económica.

Análisis del mercado blue

Como todo mercado, cuando uno quiere comprender su dinámica debe analizar la oferta y la demanda. La oferta de dólares blue es bastante restringida, y dada una clara tendencia a que exista en la Argentina escasez de la divisa, la oferta de dólares en el mercado informal tiende a ser atesorada, lo que implica que es retirada del mercado, al menos hasta que exista mayor certidumbre de las variables macroeconómicas.

Por el lado de la demanda, los ahorristas empiezan a observar que sus ahorros en pesos se derriten entre sus dedos por la acelerada inflación. El gobierno niega este problema, y además promueve un excesivo gasto público que en el año electoral promete seguir ampliándose hasta niveles impredecibles para los analistas. Además, la contención relativa de Juan Carlos Fábrega para limitar la monetización del déficit e incluso ir retirando pesos del mercado con el fin de contener la inflación, ya fue eliminada, suplantando su presencia al frente del Banco Central por alguien afín al Ministro de Economía.

Un escenario lógico bajo estas decisiones del gobierno, conducen a los agentes a formar expectativas de que:

1.       En un año electoral como es 2015, el gasto público aumentará.

2.       Dado que la economía está en recesión y que el precio de los commodities tiende a caer, la recaudación tributaria, en términos reales, caerá.

3.       La brecha entre ingresos tributarios y gastos se ampliará.

4.       Dado que no hay acceso al crédito externo, ese déficit se monetizará, aumentando la circulación de pesos.

5.       La inflación se acelerará.

6.       Ergo, la presión de la demanda sobre la divisa seguramente aumentará.

Políticas del gobierno

Ante este escenario, el Gobierno viene aplicando políticas concretas que restrinjan la demanda del dólar blue. Primero, flexibilizó los límites para la compra de la divisa, lo que fue exitoso en retirar a parte de la clase media en la demanda de divisas de este mercado. Segundo, presiona a los bancos para que eleven los tipos de interés que paga por los plazos fijos. Haciendo esto, se supone que muchos ahorristas podrán optar por ahorrar en plazos fijos, en lugar de apostar a un mercado informal y prohibido. Tercero, apuesta a criminalizar con sanciones penales la compra-venta de dólares en el mercado informal, lo que transmite miedo entre quienes operan en este mercado. Y, cuarto, aunque puede discutirse la voluntad del Gobierno en esto, la crisis económica se acelera y los márgenes de ganancia tienden a caer, reduciéndose en la clase media la tenencia de pesos necesarios para comprar el dólar informal.

Escenario futuro

El arte de la predicción económica es muy complejo, pero conjeturo que durante el mes de octubre el dólar blue podría caer como lo ha hecho en febrero del corriente, justo después de la acelerada suba señalada en enero. Sin embargo, la tendencia de largo plazo, y en esto en la Argentina no pueden ser más de 6 meses, indica que el dólar blue debería alcanzar hacia marzo de 2015 nuevos picos máximos.

Fernando De la Rúa prometió mantener la convertibilidad, pero no supo, no pudo o no quiso hacer el necesario ajuste para equilibrar las cuentas. La pérdida de reservas fue aumentando día a día. Ricardo López Murphy llegó al Ministerio de Economía en marzo de 2001 con la renuncia en el bolsillo, si no lo dejaban avanzar en el ajuste que el país necesitaba, y pocos días después abandonó el cargo, ante las manifestaciones sociales contrarias a esas intenciones. De la Rúa no soportó la presión que el plan de ajuste necesitaba. El retorno de Domingo Cavallo sólo empeoró las cosas. Explicó que el problema no era el déficit, sino la competitividad, y dio señales claras de un gradual abandono de la convertibilidad, lo que aceleró la fuga de capitales y dejó al Banco Central de la República Argentina sin reservas, obligando a los gobiernos siguientes a abandonar la convertibilidad y pesificar. La dolarización pudo ser la alternativa, pero debió aplicársela antes de quedarse sin reservas.

Ya escribí hace unos pocos días acerca de la coyuntura actual, con serios problemas en el frente fiscal, monetario y cambiario. Sintetizando algunas magnitudes clave, el presupuesto 2014 prevé un gasto público total cercano al billón (1.000.000.000.000) de pesos, cuya ejecución promete exceder aún ese valor. La presión tributaria récord de nuestra historia -y una de las más altas del mundo- no alcanza para financiar dicho gasto, diferencia que será financiada con mayor emisión de dinero y el restringido acceso a deuda pública, que se elevó de US$ 144.000 millones en 2001 a US$ 237.500 millones, una vez que sean regularizados los saldos pendientes. En el frente cambiario, la fuga de capitales ya perforó el nivel de reservas del Banco Central de los US$ 33.000 millones, lo que promete seguir presionando el alza de precios.

El problema que enfrenta hoy el gobierno es cómo evitar que continúe esta pérdida de reservas, dado que esto atenta contra el modelo económico. Sugería en aquel artículo un cambio de rumbo o de modelo, pero eso no pasará si atendemos al discurso oficial. Las reformas económicas que se comentan, sea una profundización, ampliación o desdoblamiento del cepo cambiario, o bien medidas concretas contra aquellos que quieran salir del país en el verano que se avecina, son sólo un maquillaje que de ningún modo podrán resolver esta difícil situación.

¿Qué hacer entonces? En primer lugar, reconocer nuestros fallos. La Argentina es incapaz de gestionar su propio dinero, aspecto que queda claro al estudiar nuestra historia o revisando la situación inflacionaria actual. El cepo cambiario además ha fracasado, si atendemos que en un año y medio desde su implementación generó una fuga de capitales de 19.000 millones de dólares, apenas por debajo de los 20.000 millones de dólares que se fugaron entre enero de 2001 y mitad de 2002.

En segundo lugar, actuar en consecuencia, esto es, quitar el cepo cambiario. Preocupa una acelerada fuga de capitales que liquide las reservas, lo que sólo puede ser resuelto con medidas que transmitan credibilidad. En este contexto, no puedo pensar más que en dos alternativas. La dolarización o una nueva convertibilidad. En el primer caso, la medida podría implementarse en cuestión de días y con bajo costo relativo. Un cálculo de la base monetaria ampliada dividido por las reservas declaradas y auditadas por el Banco Central de la República Argentina nos deja con un dólar por cada 15 pesos. En este caso, el Banco Central de la República Argentina debe cerrar sus puertas e invitar a todas las personas a que se acerquen a los bancos a cambiar sus pesos a esta paridad. Los contratos de aquí en más deberán ser denominados en dólares, y se podría liberar al mercado, esto es a la gente, a que elija monedas alternativas como el euro, el yuan, o cualquier otra divisa para realizar sus contratos. Incluso se podría alentar una banca off shore, para atraer nuevos bancos internacionales, reducir el riesgo país y asegurar la atracción de inversiones. Además, los impuestos comenzarán a pagarse en dólares, que sería la moneda de curso legal, y los salarios públicos, incluyendo docentes y jubilados, también comenzarán a pagarse en esa moneda.

En el segundo caso, se podría implementar una nueva convertibilidad a $ 15 por dólar, bajo condiciones similares a la Ley 23.928 pero me temo que se pueda repetir la experiencia de 2001. El costo de salir de la convertibilidad siempre es menor que el de abandonar la dolarización. En cualquier caso, ambas propuestas tendrán una consecuencia lógica e inmediata en la estabilidad monetaria. Una medida u otra obligará al gobierno a buscar fuentes alternativas de financiamiento del gasto que la monetización del déficit fiscal. Quizás la deuda pública sea útil en la transición al equilibrio fiscal, pero habría que implementar un plan económico para alcanzar el equilibrio fiscal en menos de tres años. Un presupuesto base cero debería estar también en la agenda del gobierno, lo mismo que el abandono de los subsidios y un sinceramiento de la economía, en especial en lo que refiere a las tarifas de los servicios públicos y en los precios de bienes y servicios hoy regulados. La viabilidad del plan requiere que estas medidas sean inmediatas, puesto que una continua fuga de capitales y caída de reservas sólo conducirán a consecuencias muy graves en lo económico y especialmente en lo social.