El punto de inflexión fue quizás esa carta de renuncia que Ricardo López Murphy tuvo en su bolsillo por unos pocos días entre el 5 y el 20 de marzo de 2001, antes de que retornara Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía. Ricardo López Murphy fue quien tenía un diagnóstico apropiado y quien explicó con claridad a la sociedad y a la dirigencia las consecuencias de abandonar la convertibilidad. Fernando de la Rúa le dio la espalda y el peor escenario se hizo realidad. Domingo Cavallo partió de un diagnóstico equivocado: “El problema no es el déficit, es la competitividad”. Y con aquella frase y una mala idea de una canasta de monedas inició una gradual salida de la convertibilidad que ocasionó una fuga de capitales fenomenal. Ya sin reservas, y con Eduardo Duhalde en la Presidencia, que siempre se le fue esquiva en el proceso electoral, Argentina se entregó nuevamente a una enorme intervención estatal, con mucha propaganda política y con ello vinieron las dos décadas perdidas en materia de crecimiento económico.

En 2015 Argentina tenía un ingreso promedio por habitante en dólares similar al de 1996. ¿Pero cómo es esto posible tras una década ganada? Porque no hubo crecimiento, sólo recuperación. El siguiente gráfico muestra con claridad la evolución del PIB per cápita en dólares de 2015.

Se puede observar allí el pico de la década de 1990 en el año 1998, con 12 mil dólares por habitante, que comienza a caer en el tercer trimestre de 1998, hasta llegar a fines del 2001 a unos diez mil dólares por habitante. La devaluación y la salida de la convertibilidad ocasionaron una fuerte caída en el ingreso, a sólo cuatro mil dólares per cápita. Desde entonces, la economía argentina emprendió una recuperación que en 2008 alcanzó los 11.300 dólares. La crisis internacional de 2009 redujo el ingreso per cápita pero rápidamente la economía se recuperó y el crecimiento de los siguientes tres años rompió el pico de la década de 1998, al alcanzar los 14 mil dólares de ingreso per cápita. El efecto Kicillof, sin embargo, no se hizo esperar y la economía argentina llegó al 2015 con un ingreso per cápita de 12 mil dólares, el mismo nivel de 1998.

¿Por qué consideramos el PIB per cápita? Porque el PIB no toma en cuenta el crecimiento poblacional. ¿Por qué tomamos el dólar para medir el ingreso en Argentina? Porque el alto nivel de inflación y la intervención en Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) impiden evaluar correctamente la evolución del ingreso de los argentinos en moneda local. Gran parte del relato al que fuimos sometidos todo este tiempo se produjo por no poder diferenciar las variables nominales de las reales.

¿Por qué tomamos el PIB per cápita en dólares de 2015? Porque no es lo mismo el dólar de la década de 1990 que el dólar actual, tras la depreciación que esta divisa sufrió en estas dos últimas décadas.

El PIB per cápita en dólares de 2015 nos ofrece un acercamiento más apropiado a la realidad, que muestra que la economía argentina no creció en 20 años. Hubo, por supuesto, una recuperación de aquella devaluación, que en realidad se habría completado en 2009, si no fuera por la crisis internacional y por malas políticas económicas tomadas especialmente en el último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empezando por el cepo cambiario.

La foto aún no está completa. Faltan en este gráfico dos fenómenos fundamentales: 1) el sinceramiento del tipo de cambio en los primeros meses de 2016, que sin duda volvió a reducir el ingreso en dólares (¿volvimos a 1996 o a la década de 1970?) y 2) la confirmación de si realmente la economía argentina recuperará el esperanzador crecimiento económico en 2017, lo que parece difícil si tenemos en cuenta los desequilibrios macroeconómicos que todavía resta corregir, comenzando por un déficit fiscal que en 2015 cerró con 9% del PIB y que aún no está claro en qué medida fue corregido, además del elevado nivel de inflación, la presión tributaria récord y la sobredimensión del Estado.

El desafío de Mauricio Macri no sólo es resolver los desequilibrios macroeconómicos. El desafío es volver a crecer después de varias décadas perdidas.

Argentina inició, con estas y otras medidas, un proceso de cambio de modelo económico que todavía necesita definir en sus aspectos fundamentales. Uno de ellos trata acerca de la integración comercial global, a través del mantenimiento de las relaciones con el Mercosur y con China, pero también de la integración con Estados Unidos y Europa, aspecto que se comenzará a profundizar en la cumbre del Mercosur en Paraguay. No estoy en la mesa chica del PRO, pero creo que la ambición de pertenecer al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) o generar acuerdos bilaterales con Europa y el Primer Mundo es una de las intenciones del nuevo Gobierno.

Al respecto, uno de los temas que deben discutirse es de qué modo desmantelar todo el arsenal de medidas proteccionistas que el kirchnerismo formó durante estos últimos doce años para proteger a la débil industria local de la “amenaza extranjera”. Recordemos que uno de los requisitos para ingresar en estos bloques es no contar precisamente con este tipo de obstáculos a la inversión extranjera, ni tampoco a los productos extranjeros.

Tanto en campaña como también durante estas dos primeras semanas de gobierno, el tema giró en torno a liberar el tipo de cambio y que sea determinado por la oferta y la demanda, pero nada se ha dicho sobre eliminar aranceles o, al menos, unificarlos en un valor para todas las ramas industriales, para no generar arbitrariedades entre sectores. Esto es precisamente el camino que tomó Chile tras las recomendaciones de Milton Friedman, al unificar todos los aranceles en el 10% y luego ir descendiendo año a año un uno por ciento. Con ello, en diez años se llega a una economía libre de aranceles.

Argentina necesita abrir el debate acerca de esta transición que le permita ordenar también las relaciones con el mundo y el modo en que se librará de numerosas intromisiones del Estado en el ámbito comercial.

El desafío no es menor, ya que hoy toda la estructura productiva —apoyada sobre este arsenal de medidas proteccionistas— genera manufacturas que abastecen el mercado interno, al tiempo que crea millones de puestos de trabajo que no podrían ser reemplazados en el corto plazo por el esperado desarrollo de la agroindustria.

Más de un lector ahora mismo estará recordando la década de 1990, la que —se dice— avanzó en levantar intromisiones del Gobierno para importar productos extranjeros, lo que generó un aluvión de importaciones que barrieron con la débil industria local y obtuvieron un alto desempleo. En línea con aquella argumentación, la débil industria argentina heredada del poskirchnerismo no podría competir en condiciones de libre mercado con las baratas manufacturas importadas de China o Brasil, lo que en definitiva produciría un fuerte desempleo que pondría en riesgo, incluso, el avance de la transición.

Este tema fue estudiado en profundidad por Eduardo Conesa, doctor en Economía en la University of Pennsylvania, en su libro titulado Desempleo, precios relativos y crecimiento económico (Ediciones Depalma). En sus clases de Macroeconomía II en la Universidad de Buenos Aires, a las que tuve la oportunidad de asistir en 1999, Conesa planteaba que uno de los errores fatales de los años noventa fue fijar una convertibilidad 1 a 1 con un tipo de cambio real bajo, sobrevaluado, el que sólo podía terminar con el hiperdesempleo que todos conocimos. A partir de allí, y sobre la base de estudios empíricos en la misma Argentina, Chile, Corea, Japón o Alemania, concluía Conesa que el desarrollo económico debía iniciar con un tipo de cambio real alto, acompañado, por supuesto, con equilibrio fiscal y estabilidad monetaria.

Esta medida, de fijar un tipo de cambio real alto, puede resultar atractiva para el Gobierno como punto de partida del nuevo modelo y como transición para eliminar las otras intromisiones en el ámbito del comercio internacional, pero teniendo en claro que, una vez que el desarrollo económico avance y que esto repercuta en mejoras salariales reales, el Gobierno evitará volver a devaluar el tipo de cambio para conseguir una nueva mejora en la competitividad. Así permitirá que el tipo de cambio real alcance su valor de equilibrio.

Ejemplo de este tipo de transición lo observamos bajo el Gobierno de Arturo Frondizi, cuando Álvaro Alsogaray era ministro de Economía y de Trabajo. Alsogaray vio que el tipo de cambio que había llegado a 100 pesos moneda nacional en mayo, retrocedió hacia 83 en agosto, gracias a mayor confianza y a la entrada de capitales, lo que condujo al Banco Central a establecer una paridad fija antes de que siga apreciándose hacia su valor de equilibrio.

Recordemos que la propuesta presenta ventajas y desventajas. Entre las primeras, se puede señalar que un tipo de cambio real alto deprime el nivel de salarios, lo que permite que la industria de manufacturas cuente con mano de obra más barata para enfrentar la competencia extranjera. Entre las segundas, se puede indicar el mismo factor, ya que un bajo nivel de salarios perjudica a los consumidores, que verán reducida su capacidad de ahorro y de consumo. Otra desventaja, no menor, es que el tipo de cambio real alto encarece la importación de insumos, lo que en definitiva afectará también transitoriamente a parte de la industria local y a parte de los propios exportadores.

Debemos reconocer, sin embargo, que, en los términos planteados por Conesa, un tipo de cambio real alto y permanente, como cualquier control de cambios que se quiera fijar, impide un desarrollo sano de la economía y de la población, ya que, a medida que el crecimiento económico va generando mejoras salariales, el Gobierno o la autoridad monetaria reducirán esa mejora con políticas sucesivas de devaluación. Esto no es otra cosa que el fracaso continuo al que se nos ha expuesto en nuestra historia macroeconómica argentina.

Argentina puede fijar inicialmente el tipo de cambio real alto para compensar transitoriamente el desmantelamiento de las políticas proteccionistas, pero una vez que la economía empiece a crecer y los salarios se vayan recuperando de la devaluación, es importante que la estructura productiva se vaya configurando sin contar con nuevas devaluaciones al tipo de cambio. A medida que la economía argentina se desarrolle y el tipo de cambio real se vaya apreciando, las empresas deben emprender un proceso de mejoras en la competitividad incorporando las nuevas tecnologías, a la vez que el Gobierno debe avanzar en una fuerte reducción tributaria que permita bajar costos y quitar obstáculos al desarrollo empresarial.

Para mostrar esta rebaja en el valor del peso entre 2011 y 2015, cabe una mirada a la evolución de las distintas partidas del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), institución que cuenta con el monopolio de emisión de estos billetes depreciados. El cuadro presentado a continuación es un extracto del resumen estadístico que elabora trimestralmente Nicolás Cachanosky para nuestro blog Punto de Vista Económico.

Nótese, por ejemplo, la evolución del pasivo, que pasó de 0,4 a 1,2 billones de pesos entre 2011 y junio de 2015. El pasivo se triplicó desde que Kicillof incide en la política monetaria del BCRA, lo que se logró con dos políticas concretas:

-          Emitiendo billetes que más que duplicaron la base monetaria (pasó de 223 a 483 mil millones de pesos).

-          Colocando títulos del BCRA en pesos (pasó de 84 a 355 mil millones de pesos).

Una mirada al activo nos puede explicar el destino de estos fondos. Mientras el activo pasó de 0,4 a 1,2 billones de pesos entre 2011 y junio de 2015, las reservas apenas pasaron de 200 a 308 mil millones de pesos. De nuevo, hay dos destinos concretos para la emisión monetaria del BCRA:

-          La compra de títulos públicos (pasó de 127 a 534 mil millones de pesos).

-          Adelantos del BCRA al tesoro del Gobierno nacional (pasó de 67 a 272 mil millones de pesos).

Para ser claros, el Gobierno quebró al BCRA. En 2011 las reservas representaban el 46 % del activo del BCRA; en 2015 esa misma relación cayó a menos del 25 %. La sumatoria de títulos públicos y adelantos del BCRA al Tesoro del Gobierno Nacional representaban en 2011 el 44 % del activo del BCRA, en 2015 estas mismas partidas representan el 63 % del activo.

La situación se agrava, lógicamente, si en lugar de tomar las reservas brutas, se tomaran las reservas netas, es decir, si se descontara aquella porción de esas reservas que no son propiedad del BCRA.

Resulta claro que un desafío difícil de lograr para el próximo Gobierno es el saneamiento del BCRA. Los asesores de ambos candidatos, Mauricio Macri y Daniel Scioli, apuestan a crear un marco de confianza que conduzca a una gran atracción de capitales en el país, pero esta confianza difícilmente ocurra mientras el BCRA presente este estado de situación. Por eso, volvemos al comienzo. “La devaluación del peso está hecha, solo resta sincerarla.”

Y entonces sí, los costos de esta devaluación serán más bajos si se ofrece un plan integral de reformas al Estado, que significan -necesariamente- un cambio de modelo.

En este sentido, nos preguntamos qué haría el PRO a nivel nacional en caso de ser gobierno. Es cierto que no se ha presentado aún un plan concreto sobre cómo se solucionaría cada uno de los problemas identificados, pero sí se puede afirmar que Mauricio Macri -el candidato presidencial y líder del partido-, ha dado numerosas evidencias de lo que haría si llegara al gobierno. Aquí ordenamos parte de sus anuncios y agregamos aquello que consideramos necesario para que el plan sea consistente y factible.

Comenzando con el plano internacional, Macri cambiaría el eje Argentina-Venezuela-Bolivia-Ecuador por lazos estrechos hacia Estados Unidos, Europea, Asia, África y el Mercosur. El objetivo es volver al mundo con acuerdos bilaterales como los de Chile, y sin discriminar a una región respecto de otra. Priorizar un acuerdo con el Mercosur y desde el bloque negociar con el mundo no parece factible en el corto plazo, pero sí se privilegiará recuperar el libre comercio con nuestro vecino más importante. Si el contexto internacional de liquidez se mantiene, Argentina debería recibir mayor inversión extranjera directa de lo que ha recibido en los últimos 12 años, recuperando un rol protagónico junto a Brasil y México, y aprovechando la necesidad que China tiene de nuestros productos, tanto en alimentos como en lo que refiere a insumos.

En el plano local, y siempre insistiendo en recuperar los mercados perdidos, el modelo que Macri plantea es el de fortalecer la agro-industria. Aquí es donde juega un rol central su principal propuesta en campaña para el campo de eliminar las retenciones y los ROEs.

En el mercado cambiario, y para resolver el atraso cambiario que tiene a la industria en recesión desde hace 20 meses, imagino una fuerte devaluación producto de eliminar el cepo cambiario y de dejar flotar el peso. Tras una suba importante, el tipo de cambio se estabilizará e imagino una nueva convertibilidad o tipo de cambio fijo.

Aquí preocupa el impacto inflacionario que esa devaluación puede tener, por lo que resulta imperioso dar señales claras de que el Banco Central de la República Argentina abandonará por completo la monetización de los déficits públicos.

Sin emisión monetaria y sin retenciones, el plano fiscal queda debilitado. Macri apuesta a que la recaudación tributaria aumente producto de la mayor confianza que generarán sus políticas y la mayor inversión consecuente.

Cualquiera sea el éxito que Macri puede tener en fortalecer los ingresos por la vía de la actividad económica, resulta fundamental en el plano internacional acordar una renegociación de la deuda en default. Esto tiene un doble objetivo: por un lado fortalece las instituciones y abre las puertas al mundo, pero además, permite financiar el desequilibrio fiscal que se vaya generando en la transición al ordenamiento de las cuentas públicas.

Para no abusar del endeudamiento externo, el gasto público se verá reducido desde los primeros meses, con incrementos en las tarifas de los servicios y el transporte público, lo que le permitirá eliminar parcialmente los subsidios. Además, se alentará la competencia en los mercados internos, eliminando todos los controles de precios máximos, sugeridos o cuidados. La competencia promete ser más eficiente para sostener el nivel de precios que los “precios cuidados”.

La promesa de campaña fue sostener los planes sociales, pues constituyen un derecho adquirido, pero difícilmente se observe la creación de nuevos programas semejantes. La apuesta consiste en que los beneficiados de estos planes comiencen a ocupar empleos formales gracias a la generación de confianza y las nuevas inversiones, y entonces vayan renunciando gradualmente a aquellos beneficios.

Si finalmente el traspaso del poder político en diciembre es ordenado y pacífico, las reformas no requieren implementarse a modo de shock, sino de forma gradual y sin sobresaltos.

Lo cierto es que hace algunos años los economistas en general predecimos dificultades económicas crecientes que hoy se manifiestan con claridad en desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, los que a su vez tienen como consecuencia lógica la recesión –especialmente en la industria que acumula 20 meses de caída continua según el Estimador Mensual Industrial del INDEC-, la inflación –que sigue en niveles elevados, aun cuando haya disminuido un poco producto de la misma recesión- y un nivel de desempleo y pobreza en aumento –que él mismo se niega a medir, pero que alcanzaría a más de un cuarto de la población-. Un balance real de la gestión de Kicillof que acompañó el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2015 mostraría las consecuencias lógicas de las políticas implementadas.

El único aspecto en el que los economistas han fallado es en lo que hace a la política cambiaria, pues muchos estimábamos que durante el verano evitaría el atraso cambiario y devaluaría, como de hecho ya había hecho a comienzos de 2014. Kicillof decidió no devaluar y con ello profundizar la recesión comentada, con su impacto negativo en la industria y en la generación de empleo.

La devaluación en sí misma abre otro debate, ya que los mismos que hoy la estimamos necesaria, en otros tiempos la rechazábamos. Y es que no creemos los economistas ortodoxos que la devaluación sea un medio adecuado para ganar competitividad, salvo que el dólar se encuentre revaluado a un nivel insostenible en el largo plazo. Si hoy comparamos el nivel de circulante en pesos argentinos con las reservas líquidas en dólares que mantiene el Banco Central de la República Argentina, el coeficiente nos conduce a un nivel bastante superior que el tipo de cambio oficial e incluso del tipo de cambio informal.

El punto es que el tipo de cambio, como cualquier precio, no debería ser fijado arbitrariamente por el gobierno, sino que debería ser la consecuencia de lo que ocurre en el mercado cambiario, es decir, en la dinámica de dólares que entran y salen del país. Cuando Argentina experimentó una fuerte fuga de capitales, la consecuencia lógica en un mercado libre habría sido la suba del tipo de cambio, pero el gobierno decidió sostener el dólar, lo que atrasó el tipo de cambio, y comprometió al sector industrial que hoy ya ni siquiera puede hacerse de las divisas necesarias para comprar insumos básicos.

Lo que pedimos los economistas ortodoxos es devolver algo de cordura a la economía, como también lo pedíamos en tiempos de Menem cuando la convertibilidad 1 a 1 generaba un atraso cambiario similar, con consecuencias idénticas sobre la actividad económica. Resulta paradójico que el mismo Kicillof cometa idénticos errores que el noventismo que siempre ataca, especialmente en lo que refiere a los desequilibrios fiscal y cambiario.

Así como Kicillof piensa en un sentido opuesto a los economistas ortodoxos, su política cambiaria también va a contramano del mundo. Mientras las monedas se fortalecían frente al dólar, el peso argentino se debilitaba. Ahora que el dólar se fortalece y las monedas de todo el mundo se debilitan contra él, Kicillof paradójicamente decide revaluar el peso, lo que a su vez profundiza la situación patrimonial del Banco Central, que en términos contables se acerca a la quiebra.

Kicillof es impredecible, pero no lo es el resultado de su política económica. Si me preguntan por lo que viene, la respuesta la debemos buscar en lo que hace el Ministro de Economía. Que su próxima política sea colocar deuda en dólares, es una manifestación de que la variable clave en su estrategia 2015 está en sumar reservas para traer calma a los mercados de cara a las elecciones. El resto de los problemas, mejor negarlos, sea que hablemos del cepo cambiario, de la sostenibilidad de los planes sociales, de la inflación, de la pobreza o de la mismísima recesión.

Eduardo Duhalde intentó rescatar por ejemplo a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, al punto de candidatearlo como una persona de experiencia para resolver la situación actual. Martín Redrado o Martín Lousteau escriben decenas de columnas críticas en las que intentan separarse del actual gobierno, cuando hace unos pocos años acompañaron el proceso. Es cierto, se podrá decir que desde 2007 Cristina Fernández de Kirchner se ocupó personalmente de profundizar ese mismo populismo que “nació” post-convertibilidad, pero cada uno de estos tres economistas tuvo su responsabilidad en la actual situación que sufrimos.

Para empezar, diré que la salida de la convertibilidad fue la peor que se podía haber diseñado. Eduardo Duhalde acusa al gobierno actual de improvisación, cuando él mismo prometió devolver dólares a quienes depositaron dólares, y sólo unos días después pesificó todos los depósitos y fue el responsable de la mayor estafa al pueblo argentino de las últimas décadas. En segundo lugar, hay que ser claros en que esa devaluación, que implicó el abandono de la convertibilidad y que hoy es vista como el comienzo de la “década ganada”, en realidad nos dejó con otra “década perdida”. Es cierto que entre 1998 y 2001 la economía estaba estancada y con alto desempleo, pero la devaluación convirtió esa crisis en una profunda depresión que hizo caer el PIB más del 10 % en 2002, además de destruir el Estado de Derecho.

A partir de 2003, la economía se fue recuperando, pero fue recién en 2008 cuando el PIB real alcanzó el nivel de 1998. Mientras Brasil o Chile emprendieron un proceso de crecimiento desde el techo alcanzado hacia fines de la década de 1990, Argentina tuvo que retroceder primero, para observar cómo en la década más afortunada en un siglo –en lo que refiere al contexto internacional-, tan sólo recuperábamos lo perdido. En pocas palabras, entre 1998 y 2008 Argentina no creció, sino que recuperó el terreno perdido por la desafortunada devaluación.

Recordemos que en 1999 hubo otra opción, que fue la dolarización propuesta por Steve Hanke y Kurt Schuler, claramente ignorada. De haberla implementado en su momento, la Argentina sería la primera economía latinoamericana en presentar un PIB per cápita de niveles europeos.

Volviendo a nuestros tres personajes de hoy, Roberto Lavagna asumió como ministro de Economía del presidente interino Eduardo Duhalde en abril de 2002, ratificado en el puesto por el presidente electo Néstor Kirchner en 2003 y desplazado en 2005 producto de disputas internas. Se destaca en general que lideró la recuperación de la economía argentina, pero durante su gestión inicia también el modelo económico vigente, que llamaremos “populismo”, caracterizado por un incremento acelerado del gasto público (especialmente en el nivel Nación), que se financió especialmente con mayor presión tributaria. Recordemos que con Lavagna como ministro de economía, ésta fue ascendiendo desde un 24 % hasta el 30 % del PIB.

Ser reemplazado por Felisa Miceli claramente no mejoró las cosas, aunque se puede decir que a partir de allí y hasta su muerte, Néstor Kirchner se mantuvo como un virtual ministro de Economía, aun con la llegada de Cristina Kirchner al poder. El nombramiento del joven Martín Lousteau como ministro de Economía en diciembre de 2007 iba en línea con esto mismo. Su margen de decisión era muy acotado, aunque cometió el incomprensible error de intentar aumentar aún más la presión tributaria que entonces estaba en el orden del 36 % del PIB. Todos recordamos su propuesta de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja por encima del ya excesivo 35 %, que sólo se detuvo por el voto “no positivo” del vicepresidente. Más peleas internas dentro del gobierno, lo terminaron alejando en abril de 2008, y a partir de entonces se convirtió en un crítico del modelo.

El caso de Martín Redrado es un poco más complejo, ya que fue presidente del Banco Central entre septiembre de 2004 y enero de 2010. Durante su gestión jamás reconoció la inflación real, la que duplicaba y hasta triplicaba la oficial declarada por la institución que él presidía. Desde 2007 y hasta su renuncia la inflación sólo estuvo por debajo del 20 % en 2009, el año de la recesión global, al que la Argentina no pudo escapar. Redrado jamás reclamó la independencia del Banco Central, ni se negó a financiar el exacerbado gasto público del Ejecutivo, sino hasta que el oficialismo decidió apartarlo del gobierno.

En esta selección arbitraria de personajes responsables de la debacle que se viene, toca el turno ahora de Axel Kicillof. Claro, muchos dirán que Redrado y Kicillof piensan diferente y es cierto. Pero recordemos que era Kicillof quien antes de integrar el gobierno criticaba a Redrado por sus políticas inflacionarias en el Banco Central. Una vez dentro del modelo, Kicillof olvidó sus críticas, y al momento no hizo nada por corregir las contradicciones obvias de este modelo populista e inflacionario que él llama de “inclusión social”. La sensación que queda entonces es que no importa qué economistas se suman al modelo. Sin importar lo que piensen o en qué autores creen, una vez dentro del modelo se transforman en parte de él, y apoyan incluso aquello que va en contra de sus principios. Volviendo a esta última década, y con una mirada parcial, se podrá decir que hasta 2007 la economía argentina mostraba un superávit fiscal primario, que la inflación estaba controlada y que no existían los problemas cambiarios actuales, pero mi impresión es que se estaban generando las semillas de aquellos problemas que hoy sufrimos.

Y es que en la primera etapa del populismo, uno siempre observa el éxito del modelo, y especialmente cuando la economía parte de una situación deteriorada de actividad económica y empleo. Entre 2003 y 2007 entonces, el modelo populista muestra recuperación de la actividad económica, del empleo y del salario real. La continuidad del kirchnerismo era entonces obvia. Somos muchos, sin embargo, los que ya en esa etapa exitosa pedíamos cautela, y es que el gasto público empezaba a desbordarse, y las tendencias mostraban que ni el precio creciente de la soja, ni sus crecientes retenciones, podían sostenerlas.

No pasó mucho tiempo, hasta que los economistas que revisamos los datos nos empezamos a dar cuenta que la presión tributaria no cedía en su aumento constante, y al mismo tiempo, empezaba a ser normal la monetización del ahora evidente déficit fiscal primario. La aparición de los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios caracterizan precisamente a esta segunda etapa del populismo.

Preocupados por una inflación creciente, muchos economistas empezamos a alertar de los problemas en el modelo, pero fuimos ignorados. La tercera etapa del populismo es la actual, cuando estos desequilibrios básicos se extienden y empiezan a ser evidentes para toda la población a través de la mayor suba de precios, falta de ciertos productos, y anuncios desesperados del gobierno para ocultar lo que en realidad sucede.

Si el lector se pregunta por lo que vendrá, entonces debemos hablar de la cuarta etapa, la del “ajuste”, una etapa de la que nadie quiere hablar, pero que es difícil evitar. El “ajuste” viene acompañado de una inflación acelerada, recesión, problemas de empleo, caída en el salario real y aumento de pobreza e indigencia. Los economistas científicos pedimos a quienes niegan la necesidad del ajuste que nos muestren cómo se sostiene este nivel de gasto a lo largo del tiempo, pero no hay respuesta.

Ante esta realidad, la oposición debería presentar propuestas, pero éstas brillan por su ausencia. Muchos economistas identifican los desequilibrios, pero nada dicen de que es lo que se debe hacer. Nuestra propuesta, junto a Nicolás Cachanosky, es otra vez la dolarización, porque se corrigen los tres desequilibrios, se minimizan los efectos del ajuste y se genera una regla para evitar seguir cometiendo los mismos errores. Pero está claro que esta propuesta aislada es insuficiente. Ella debe entenderse sólo como una parte de una propuesta integral que poco a poco iremos presentando para delinear la Argentina del futuro.

Fernando De la Rúa prometió mantener la convertibilidad, pero no supo, no pudo o no quiso hacer el necesario ajuste para equilibrar las cuentas. La pérdida de reservas fue aumentando día a día. Ricardo López Murphy llegó al Ministerio de Economía en marzo de 2001 con la renuncia en el bolsillo, si no lo dejaban avanzar en el ajuste que el país necesitaba, y pocos días después abandonó el cargo, ante las manifestaciones sociales contrarias a esas intenciones. De la Rúa no soportó la presión que el plan de ajuste necesitaba. El retorno de Domingo Cavallo sólo empeoró las cosas. Explicó que el problema no era el déficit, sino la competitividad, y dio señales claras de un gradual abandono de la convertibilidad, lo que aceleró la fuga de capitales y dejó al Banco Central de la República Argentina sin reservas, obligando a los gobiernos siguientes a abandonar la convertibilidad y pesificar. La dolarización pudo ser la alternativa, pero debió aplicársela antes de quedarse sin reservas.

Ya escribí hace unos pocos días acerca de la coyuntura actual, con serios problemas en el frente fiscal, monetario y cambiario. Sintetizando algunas magnitudes clave, el presupuesto 2014 prevé un gasto público total cercano al billón (1.000.000.000.000) de pesos, cuya ejecución promete exceder aún ese valor. La presión tributaria récord de nuestra historia -y una de las más altas del mundo- no alcanza para financiar dicho gasto, diferencia que será financiada con mayor emisión de dinero y el restringido acceso a deuda pública, que se elevó de US$ 144.000 millones en 2001 a US$ 237.500 millones, una vez que sean regularizados los saldos pendientes. En el frente cambiario, la fuga de capitales ya perforó el nivel de reservas del Banco Central de los US$ 33.000 millones, lo que promete seguir presionando el alza de precios.

El problema que enfrenta hoy el gobierno es cómo evitar que continúe esta pérdida de reservas, dado que esto atenta contra el modelo económico. Sugería en aquel artículo un cambio de rumbo o de modelo, pero eso no pasará si atendemos al discurso oficial. Las reformas económicas que se comentan, sea una profundización, ampliación o desdoblamiento del cepo cambiario, o bien medidas concretas contra aquellos que quieran salir del país en el verano que se avecina, son sólo un maquillaje que de ningún modo podrán resolver esta difícil situación.

¿Qué hacer entonces? En primer lugar, reconocer nuestros fallos. La Argentina es incapaz de gestionar su propio dinero, aspecto que queda claro al estudiar nuestra historia o revisando la situación inflacionaria actual. El cepo cambiario además ha fracasado, si atendemos que en un año y medio desde su implementación generó una fuga de capitales de 19.000 millones de dólares, apenas por debajo de los 20.000 millones de dólares que se fugaron entre enero de 2001 y mitad de 2002.

En segundo lugar, actuar en consecuencia, esto es, quitar el cepo cambiario. Preocupa una acelerada fuga de capitales que liquide las reservas, lo que sólo puede ser resuelto con medidas que transmitan credibilidad. En este contexto, no puedo pensar más que en dos alternativas. La dolarización o una nueva convertibilidad. En el primer caso, la medida podría implementarse en cuestión de días y con bajo costo relativo. Un cálculo de la base monetaria ampliada dividido por las reservas declaradas y auditadas por el Banco Central de la República Argentina nos deja con un dólar por cada 15 pesos. En este caso, el Banco Central de la República Argentina debe cerrar sus puertas e invitar a todas las personas a que se acerquen a los bancos a cambiar sus pesos a esta paridad. Los contratos de aquí en más deberán ser denominados en dólares, y se podría liberar al mercado, esto es a la gente, a que elija monedas alternativas como el euro, el yuan, o cualquier otra divisa para realizar sus contratos. Incluso se podría alentar una banca off shore, para atraer nuevos bancos internacionales, reducir el riesgo país y asegurar la atracción de inversiones. Además, los impuestos comenzarán a pagarse en dólares, que sería la moneda de curso legal, y los salarios públicos, incluyendo docentes y jubilados, también comenzarán a pagarse en esa moneda.

En el segundo caso, se podría implementar una nueva convertibilidad a $ 15 por dólar, bajo condiciones similares a la Ley 23.928 pero me temo que se pueda repetir la experiencia de 2001. El costo de salir de la convertibilidad siempre es menor que el de abandonar la dolarización. En cualquier caso, ambas propuestas tendrán una consecuencia lógica e inmediata en la estabilidad monetaria. Una medida u otra obligará al gobierno a buscar fuentes alternativas de financiamiento del gasto que la monetización del déficit fiscal. Quizás la deuda pública sea útil en la transición al equilibrio fiscal, pero habría que implementar un plan económico para alcanzar el equilibrio fiscal en menos de tres años. Un presupuesto base cero debería estar también en la agenda del gobierno, lo mismo que el abandono de los subsidios y un sinceramiento de la economía, en especial en lo que refiere a las tarifas de los servicios públicos y en los precios de bienes y servicios hoy regulados. La viabilidad del plan requiere que estas medidas sean inmediatas, puesto que una continua fuga de capitales y caída de reservas sólo conducirán a consecuencias muy graves en lo económico y especialmente en lo social.

Lo que me propongo analizar aquí es el escenario económico argentino de los próximos dos años y para eso, lo mejor es tomar las palabras de los propios dirigentes del oficialismo. Resumiendo: aquí no ha pasado nada. Una coyuntura electoral legislativa no cambiará el rumbo que tomó el gobierno hace 10 años.

Los problemas de la economía argentina se representan en tres desequilibrios básicos en el frente fiscal, monetario y cambiario, pero se podrían ordenar con voluntad política.

1. Desequilibrio fiscal

En el frente fiscal el gobierno año a año presenta un nivel de gasto muy elevado en comparación con los ingresos que genera la recaudación tributaria. En 2013, por ejemplo, el presupuesto ejecutado (según estimaciones oficiales) probablemente termine siendo 15% mayor al autorizado por el Congreso y el resultado financiero pasaría de un superávit de $ 587 millones a un déficit cercano a $ 45.000 millones. Esto viene ocurriendo desde hace siete años, aunque en 2007 la diferencia llegó a ser del 30 %. En este sentido, el Presupuesto aprobado por el Congreso vuelve a ser letra muerta como lo fue en los años ’80, y el déficit estimado para 2014, según un informe de Cippec, alcanzaría los $ 65.000 millones.

2. Desequilibrio monetario

La principal fuente de financiamiento de este déficit fiscal ha sido su monetización, lo que se observa en un crecimiento interanual de la base monetaria en torno al 40%. Mercedes Marcó del Pont ya ha declarado en reiteradas ocasiones que no existe “independencia del Banco Central”, y que la función de la autoridad monetaria es asistir al gobierno cuando lo requiera. Esto garantiza una aceleración de la inflación, pues el gobierno inundará al mercado de pesos. Esto además presionará sobre el tipo de cambio oficial y sobre el “blue”, siendo muy difícil establecer un “techo” para la divisa.

Una alternativa que baraja el gobierno es acceder a deuda externa, aunque aquí se abren dos interrogantes. El primero es si el gobierno realmente desea tomar este camino cuando ha criticado al menemismo por hacerlo. Los mismos integrantes del oficialismo ofrecen respuestas contradictorias. El segundo es si el gobierno podrá acceder a tomar deuda, más allá de su voluntad, y si lo hacen, a qué costo financiero.

Es que se ha hablado mucho de una política de desendeudamiento, pero esto es sólo un mito. En diciembre de 2001 el stock de deuda pública, al momento de anunciarse el default, sumaba US$ 144.222 millones (fuente ASAP). En diciembre de 2011 la deuda pública total subió a US$ 178.963 millones y en junio de 2012 a US$ 182.741 millones (fuente MECON).

3. Desequilibrio cambiario

En el frente cambiario, la economía muestra un “retraso” que se evidencia en el tipo de cambio real. Cuantificar ese retraso es todo un debate, pero varios analistas lo han estimado con el índice Big Mac en torno al 40%, más del doble de Finlandia, Brasil y Francia, países que siguen en la lista.

Una posible devaluación y un cambio en el “cepo cambiario” están en la agenda del gobierno, pero es factible que estas políticas “aisladas” sólo agraven el problema.

Conclusión

En este contexto, el gobierno debe prender una vela para que haya cosechas récord y a la vez, apuntar a que la próxima Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, amplíe la política de liquidez que viene tomando Ben Bernanke. Si esto ocurre, aumentarán aun más los precios de los commodities y esto elevará la recaudación tributaria por derechos de exportación.

Decía al comienzo que estos desequilibrios tienen solución, sin embargo, las propuestas implican necesariamente un cambio de rumbo. El gobierno elige seguir su camino, independientemente de que el pueblo le ha dado la espalda en las urnas. La economía argentina es una olla hirviendo, y el déficit fiscal, la inflación y el retraso cambiario garantizan que estos dos últimos años de kirchnerismo no serán tranquilos.