En la Argentina de hoy la crisis que viene será asociada a la burbuja del gasto público, que se fue gestando desde 2003 y especialmente a partir de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con sucesivos planes y programas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, aunque presentados cronológicamente, recordamos ya en agosto de 2003 el Plan Manos a la Obra de Néstor Kirchner, seguido por la prolongación del Programa Remediar, la creación del Museo de la Memoria, el Plan Federal de Salud, el Plan Nacer Argentina, el Plan Espacial Nacional, el Programa de Becas del Bicentenario, el Programa de Apoyo de Infraestructura Universitaria, el Programa Argentina Trabaja, Fútbol para Todos, la asignación universal por hijo, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, Pakapaka, Tecnópolis, la recuperación de YPF, Procrear, el Programa Sumar (que fue una ampliación del Programa Nacer) o el Plan Raíces, entre otros.

Tres críticas presentamos los economistas a estos programas.

En primer lugar, que varios de estos programas y planes no se presentan como temporarios -mientras duró la crisis de 2002, con más de un 50 % de pobres y más de un 20 % de desempleados-, sino como continuos, garantizando a mucha gente una serie de ingresos que perdurarán en el tiempo. Esto evita que los beneficiarios tengan incentivos para buscar por sí mismos la generación de ingresos que les permitan abandonar esta dependencia del Estado. Más grave aún ha resultado el caso en que muchas personas rechazan posibilidades de trabajo para no perder un plan del Gobierno.

En segundo lugar, preocupa la sustentabilidad del gasto público total, el que no puede mantenerse aun con la mayor presión tributaria de la historia argentina, requiriéndose ahora de emisión monetaria para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, y sometiendo a toda la población a niveles elevados de inflación. Axel Kicillof inició un proceso de ajuste por la vía de la inflación, pero el costo político de su sucesor será elevado, lo que puede implicar problemas de gobernabilidad para quien ocupe el sillón de Rivadavia en 2016.

En tercer lugar, desconocer que mucho de lo que estos programas hacen el mercado podría hacerlo por sí solo y de manera mucho más eficiente. Esto se vincula con el primero de los puntos planteados. Basta observar a nuestros países vecinos, con niveles de desempleo y pobreza radicalmente inferiores a los de Argentina, para comprender el daño que estos planes y programas le hacen a la población. Esto se vincula al debate que la Presidente ha querido abrir en distintos discursos -sobre qué Estado queremos-, pero al que nadie de la oposición atendió. Personalmente, pienso que el objetivo final debería ser que los argentinos tengan trabajo, ingresos propios, y a través de ese ingreso y el acceso a crédito puedan adquirir su casa, su auto o incluso pagar por los bienes y los servicios que deseen consumir, sean estos remedios, computadoras o incluso fútbol. En la medida en que esto se vaya logrando, el Estado debería ir reduciendo su tamaño, desmantelándose muchos de los programas y los planes o también los ministerios y las secretarías que este Gobierno ha creado. Que en esta “década ganada” el proceso haya sido contario a este ideal es una muestra de que hemos tomado el camino inverso al deseado. Que Daniel Scioli esté pensando hoy en crear nuevos ministerios y secretarías también es un camino opuesto al deseado.

Los economistas no exigimos un cambio hacia la anarquía y la desaparición inmediata de todos los planes sociales y programas, y menos aún en las condiciones de la Argentina en 2002 o 2003, sino un llamado de atención a los excesos de gasto que el kirchnerismo ha iniciado y el costo político y social que puede implicar revertir este proceso.

Tal como ocurrió en sucesivas crisis económicas, la Argentina no podrá retornar al crecimiento hasta que desinfle la burbuja del gasto público. Si la fase de desarrollo requiere inversión, como definió recientemente Miguel Bein -el asesor principal de Daniel Scioli-, y como sostiene también el equipo económico de Mauricio Macri, debemos tomar conciencia de que nadie querrá invertir en un país que mantiene un nivel de gasto público en torno al 50 % del PIB, con una inflación que supera -al menos- el 20 %, cuya presión tributaria es récord de todo el continente y que aún mantiene un déficit fiscal del 7 %-8 % del PIB.

El primer “salto” de la deuda llega poco después de esto, cuando en junio de 1982 Domingo Cavallo asume la Presidencia del Banco Central, desencadenando una hiperinflación primero, para luego –dada la carencia de divisas-, nacionalizar la deuda privada. Como resultado, el gobierno del proceso entregó el país al gobierno de Alfonsín con una deuda pública externa de 45.000 millones de dólares en 1983.

Las dificultades fiscales no terminaron con el gobierno de Alfonsín, y su monetización lo condujo a un nuevo proceso hiperinflacionario. En 1989 la deuda ascendió a 66.300 millones de dólares, de los cuales sólo 3000 eran deuda interna.

El segundo “salto” de la deuda aparece en los años 1990. En 1999, cuando culmina el gobierno menemista, la deuda pública externa se había duplicado, alcanzando los 121.400 millones de dólares. Cavallo tuvo un paso significativo en la primera mitad de esta década gestionando la quita de capital del Plan Brady, pero también fue responsable de no utilizar el capital de las privatizaciones para cancelar capital -más de 30.000 millones de dólares- ni preocuparse jamás por el equilibrio fiscal. Tras su salida, la responsabilidad fiscal y el posterior “déficit cero” fueron sólo palabras.

El gobierno de De la Rúa sólo se preocupó por “apagar incendios” y se sucedieron canjes, como los famosos “blindaje” y “megacanje”. Para cuando se declaró la suspensión de pagos en 2001, la deuda era de 144.000 millones de dólares.

Tras una transición de dos años, en 2003 asumió Néstor Kirchner. El kirchnerismo ofreció a los acreedores dos reestructuraciones en 2005 y 2010, reemplazando la deuda con nuevos bonos, a partir de los cuales los acreedores volvieron a cobrar intereses. Esta reestructuración también implicó una quita de capital y fue asociada a las cláusulas RUFO, que básicamente definían que si el gobierno ofrecía a los bonistas que no aceptaron las mencionadas dos reestructuraciones una oferta superior, entonces estos bonistas tenían derecho a reclamar el mismo acuerdo. Estas cláusulas vencen en diciembre de 2014.

El monto de la deuda externa desde entonces fue difícil de estimar, y los números que surgieron fueron siempre parciales, ya que nunca se completó la reestructuración, ni se pudo salir completamente del default anterior.

Sólo la urgencia del gobierno por tomar deuda nuevamente aceleró las negociaciones para pagarle al Club de París y arreglar la expropiación de Repsol-YPF. En este contexto, el juez Griesa determinó que Argentina debía cancelar el capital adeudado con los acreedores pendientes, quienes en realidad ya habían vendido sus bonos a otros acreedores dispuestos a adelantar el capital y esperar por la determinación judicial.

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno argentino está aprovechando los últimos 30 días de negociación, antes de cancelar ese capital adeudado. Preocupa al gobierno que las mejores condiciones determinadas por el juez Griesa, activen las cláusulas RUFO y entonces surjan juicios por entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

Esta preocupación, sin embargo, resulta injustificada, ya que la cancelación en efectivo del fallo judicial no es una “mejor oferta del gobierno”, sino la determinación del juez. Por el contrario, las negociaciones iniciadas para cancelar parte del capital en efectivo, y parte en bonos, sí podrían activar las cláusulas RUFO, y con ello implicar un nuevo salto de la deuda pública externa.

Dejando de lado las sucesivas e innecesarias descalificaciones del gobierno argentino hacia el juez Griesa y los holdouts, parece apropiado cancelar este capital en efectivo y definitivamente abandonar la situación de default mantenida desde diciembre de 2001.

El peligro asociado a este acuerdo, sin embargo, es que la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno, lo conduzca ahora a continuar evitando el ajuste tomando deuda externa, y que entonces se abra la única puerta de financiamiento que permanecía cerrada.

Dado el consenso que los partidos políticos han mostrado en los últimos meses por el desprecio a la deuda externa, me parece que es el momento adecuado para una discusión en el Congreso y el voto de una ley que coloque límites al endeudamiento, por ejemplo, fijando el requerimiento de mantener el porcentaje actual de deuda pública sobre PBI. No hacerlo en el momento apropiado puede convertir a Kicillof en el nuevo Cavallo de la deuda externa argentina, conduciéndonos a un nuevo “salto” antes de las elecciones de 2015, un problema que se trasladará a las generaciones futuras que ni siquiera participaron de la elección del actual gobierno.

Lo que me propongo analizar aquí es el escenario económico argentino de los próximos dos años y para eso, lo mejor es tomar las palabras de los propios dirigentes del oficialismo. Resumiendo: aquí no ha pasado nada. Una coyuntura electoral legislativa no cambiará el rumbo que tomó el gobierno hace 10 años.

Los problemas de la economía argentina se representan en tres desequilibrios básicos en el frente fiscal, monetario y cambiario, pero se podrían ordenar con voluntad política.

1. Desequilibrio fiscal

En el frente fiscal el gobierno año a año presenta un nivel de gasto muy elevado en comparación con los ingresos que genera la recaudación tributaria. En 2013, por ejemplo, el presupuesto ejecutado (según estimaciones oficiales) probablemente termine siendo 15% mayor al autorizado por el Congreso y el resultado financiero pasaría de un superávit de $ 587 millones a un déficit cercano a $ 45.000 millones. Esto viene ocurriendo desde hace siete años, aunque en 2007 la diferencia llegó a ser del 30 %. En este sentido, el Presupuesto aprobado por el Congreso vuelve a ser letra muerta como lo fue en los años ’80, y el déficit estimado para 2014, según un informe de Cippec, alcanzaría los $ 65.000 millones.

2. Desequilibrio monetario

La principal fuente de financiamiento de este déficit fiscal ha sido su monetización, lo que se observa en un crecimiento interanual de la base monetaria en torno al 40%. Mercedes Marcó del Pont ya ha declarado en reiteradas ocasiones que no existe “independencia del Banco Central”, y que la función de la autoridad monetaria es asistir al gobierno cuando lo requiera. Esto garantiza una aceleración de la inflación, pues el gobierno inundará al mercado de pesos. Esto además presionará sobre el tipo de cambio oficial y sobre el “blue”, siendo muy difícil establecer un “techo” para la divisa.

Una alternativa que baraja el gobierno es acceder a deuda externa, aunque aquí se abren dos interrogantes. El primero es si el gobierno realmente desea tomar este camino cuando ha criticado al menemismo por hacerlo. Los mismos integrantes del oficialismo ofrecen respuestas contradictorias. El segundo es si el gobierno podrá acceder a tomar deuda, más allá de su voluntad, y si lo hacen, a qué costo financiero.

Es que se ha hablado mucho de una política de desendeudamiento, pero esto es sólo un mito. En diciembre de 2001 el stock de deuda pública, al momento de anunciarse el default, sumaba US$ 144.222 millones (fuente ASAP). En diciembre de 2011 la deuda pública total subió a US$ 178.963 millones y en junio de 2012 a US$ 182.741 millones (fuente MECON).

3. Desequilibrio cambiario

En el frente cambiario, la economía muestra un “retraso” que se evidencia en el tipo de cambio real. Cuantificar ese retraso es todo un debate, pero varios analistas lo han estimado con el índice Big Mac en torno al 40%, más del doble de Finlandia, Brasil y Francia, países que siguen en la lista.

Una posible devaluación y un cambio en el “cepo cambiario” están en la agenda del gobierno, pero es factible que estas políticas “aisladas” sólo agraven el problema.

Conclusión

En este contexto, el gobierno debe prender una vela para que haya cosechas récord y a la vez, apuntar a que la próxima Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, amplíe la política de liquidez que viene tomando Ben Bernanke. Si esto ocurre, aumentarán aun más los precios de los commodities y esto elevará la recaudación tributaria por derechos de exportación.

Decía al comienzo que estos desequilibrios tienen solución, sin embargo, las propuestas implican necesariamente un cambio de rumbo. El gobierno elige seguir su camino, independientemente de que el pueblo le ha dado la espalda en las urnas. La economía argentina es una olla hirviendo, y el déficit fiscal, la inflación y el retraso cambiario garantizan que estos dos últimos años de kirchnerismo no serán tranquilos.