Argentina consiguió con la Convertibilidad la estabilidad monetaria que se la había negado durante muchas décadas, pero hacia el final del milenio las dificultades emergieron con fuerza, tanto por causas exógenas al modelo, como la crisis asiática de 1997, el default ruso de 1998 y la devaluación brasileña de 1999, como también por causas endógenas, como el continuo desequilibrio fiscal y la acumulación de deudas para financiarlo.

El gobierno de Fernando De La Rúa asumió en 1999 con el objetivo de sostener el “uno a uno”, pero no supo o no quiso avanzar en los necesarios ajustes fiscales que le habrían permitido mantenerlo. Domingo Cavallo, su ministro de Economía en la etapa más compleja de su corta administración, jamás creyó en las bondades de la Convertibilidad que él mismo había ayudado a crear, y en lugar de apuntar a equilibrar las cuentas públicas, apuntó a un gradual abandono del modelo, lo que profundizó la crisis con una fuga de capitales creciente que dejó a la Convertibilidad sin las reservas necesarias para sostenerla. Con un desempleo real (incluyendo sub-empleo) que rondaba el 30 % de la población económicamente activa, y luego de tres años de estancamiento (había comenzado en el tercer trimestre de 1998), Argentina eligió el peor camino, una fuerte devaluación de la moneda que obligó a romper contratos en masa, a pesificar depósitos y a agravar todos los indicadores de la economía real.

Los países miembros de la Unión Europea también supieron beneficiarse de la unión comercial y el Euro para solucionar dificultades macroeconómicas previas, como los sucesivos períodos inflacionarios en distintos países, pero hoy el bloque presenta similares dificultades a las entonces argentinas en el plano de la generación de empleo y también en las carencias para encontrar una fase de crecimiento económico sostenido, lo que ya lleva varios años. Es cierto que el Estado de Bienestar permite paliar la situación quizás por algún tiempo más que el modelo argentino, pero si los problemas en la generación de empleo persisten, las dificultades por  mantenerse dentro de la Unión Europea serán crecientes.

Grecia acaba de elegir a su nuevo Presidente,  quien promueve mantenerse dentro de la Unión Europea a cambio de una fuerte quita de capital en su deuda pública. La Unión Europea rechazó la medida, y los mercados tiemblan por las consecuencias que puede sufrir la región ante una salida de Grecia del bloque comunitario.

Lo cierto es que la Unión Europea también ha evadido los necesarios ajustes fiscales que le permiten a la región mantenerse dentro de la Unión Europea y del Euro. Ni Grecia, ni España, ni el resto de los PIIGS avanzaron lo suficiente en el ajuste fiscal. Al igual que el FMI con la Argentina, Angela Merkel exige ajustes a estos países a cambio de seguir ofreciendo deuda para evitar el peor desenlace. El acceso a la nueva deuda que toman los PIIGS es precisamente la causa que evita alcanzar el equilibrio presupuestario. Los problemas persisten y la economía acumula cada vez más desequilibrios.

Bajo este contexto, los sucesivos desequilibrios necesariamente desenvocarán en la salida de Grecia y los PIIGS de la Unión Europea, quizás hacia una integración comercial más restringida, aunque nadie puede negar el efecto contagio que estos mercados “débiles” pueden ocasionar sobre los mercados más “fuertes”. Después de todo, la deuda impaga que surgiría de la salida de los PIIGS de la Unión Europea, es deuda que debilitaría a las economías más fuertes del bloque, incluyendo a Alemania.

Angela Merkel es a la Unión Europea lo que Domingo Cavallo y el FMI fueron a la Argentina. Si no fortalece su posición de ajuste fiscal y rechaza seguir financiando los desequilibrios fiscales de los países más débiles del bloque, sólo generará un daño mayor sobre la región, pudiendo quizás postegar el peor desenlace, pero alcanzando inevitablemente el fin de la Unión. La medida desesperada de la Unión Europea de avanzar en los Quantitative Easing impulsados por el Banco Central Europeo son un paso más en el mismo sentido. Nunca se promueve corregir los desequilibrios, sino tan solo postergar el desenlace creando otros nuevos.

Lo que no dijo Kicillof es que esas restricciones, como las cláusulas RUFO, las firmó el mismo gobierno argentino. Y no los gobiernos anteriores a 2001, sino esta misma administración en las dos reestructuraciones de 2005 y 2010 que calificó de exitosas. Tampoco dijo que si estamos negociando en una jurisdicción norteamericana, esto se debe a que Argentina no habría podido colocar esos bonos bajo jurisdicción propia, por la falta de independencia judicial que tiene nuestro país.

Por supuesto que Kicillof cargó contra las gestiones previas a 2001, exaltó que este gobierno no necesitó tomar nueva deuda y enfatizó la exitosa política de desendeudamiento, que nos dejaría hoy con una deuda sobre PIB de alrededor del 40 %. Pero hay que agregar dos cosas: i) el dato es incompleto, al menos hasta que la reestructuración se complete; ii) no fue la austeridad la que permitió este desendeudamiento, sino las expropiaciones varias y una extraordinaria fortuna con la evolución de los precios de los commodities.

Kicillof no parece comprender los costos a los que se enfrenta el país. Es cierto que la deuda de los holdouts representa el 1 % de la deuda a reestructurar después de 2001. De todas formas, el incumplimiento del fallo, avalado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos –que a la vez es el Tribunal al que Argentina se sometió cuando colocó aquellos bonos-, pone en riesgo toda la deuda reestructurada por un posible incumplimiento de pago.

No es que Argentina mañana decida no pagar los bonos reestructurados. Es que las “reglas de juego” indican que se le puede impedir a la Argentina pagar intereses de los bonos reestructurados. Si esto ocurre, podría surgir una avalancha de juicios de los tenedores de esos bonos. Kicillof puede gritar contra estas “reglas de juego” que su agónico marxismo promueve, pero el mundo se rige por estas reglas y conviene no contradecirlas. Durante el discurso de ayer, por un momento, parecía que el ministro volvía al aula y se olvidaba del lugar de representación que estaba ocupando.

La única salida que hoy se visualiza en la Argentina es la que ofrecieron los banqueros privados –independientemente de que hayan sido presionados o no por el Presidente del BCRA-, comprando la deuda de los holdouts. Sin embargo, es muy difícil que los banqueros arriesguen comprar el 100 por ciento de esta deuda sin garantías de que podrán recuperar en 2015 el capital total.

Si esta salida no prospera parece muy difícil encontrar un acuerdo hasta enero de 2015, cuando las cláusulas RUFO pierden vigencia. Empezará entonces una carrera contra reloj por llegar a esa fecha sin sobresaltos, sabiendo que la Argentina no podrá tomar deuda para hacer frente a sus compromisos, y sólo podrá responder con sus limitadas reservas.

“Todo pasa”, decía ayer el ministro. Pero su liviandad, en un momento tan delicado como este, muestra cierta incomprensión por los costos de la falta de un acuerdo. Que quede claro: esta negociación no sólo pone en juego el 1 % de la deuda a reestructurar, sino toda la reestructuración de la deuda. Será difícil afrontar el déficit fiscal, la inflación, la recesión y el creciente desempleo sin acceso al crédito externo, y especialmente si se mantiene un modelo que rechaza cualquier ajuste fiscal.

Tomemos, a modo de ejemplo, el caso de una empresa. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a una empresa a incrementar sus ingresos? Imaginemos que esta empresa vende en el año unos 1000 escritorios a $ 1000 cada uno. En este caso, la empresa logra acumular ingresos anuales por $1.000.000

Crecimiento tipo 1: Estudiemos la primera razón por la cual pueden incrementarse sus ingresos. Si la gente ahora valora más estas mesas e incrementa su demanda, su precio subirá, digamos a $2000, permitiendo que ahora los ingresos sean de $2.000.000, sin necesidad de elevar la producción.

Crecimiento tipo 2: Otro modo de incrementar los ingresos sería si la empresa logra producir el doble de escritorios. Si en lugar de 1000, lograra producir y vender 2000 a ese mismo precio, entones acumularía también $2.000.000. Pero esto último no ocurre gratuitamente. Para duplicar la capacidad productiva la empresa debe ahorrar e invertir mucho dinero, incorporar maquinarias, contratar más trabajadores y quizás incluso ampliar el espacio donde se lleva adelante el proceso productivo.

Crecimiento tipo 3: Hay sin embargo una excepción al caso anterior. Si la empresa tuviera –como consecuencia de una crisis- capacidad ociosa, esto es trabajadores desocupados, máquinas en desuso y espacio libre, podría quizás poner a trabajar estos recursos y con ello aumentar los ingresos, sin necesidad de nueva inversión. Que la empresa produzca 1000 escritorios no nos dice nada acerca de su potencial.

Volviendo ahora sobre la economía argentina, hay que señalar que hubo en estos años un crecimiento tipo 1 y tipo 3, pero estuvo ausente o limitado el crecimiento tipo 2.

En primer lugar, los precios de los commodities alcanzaron niveles récord, especialmente por la mayor demanda china, lo cual permitió incrementar los ingresos, sin aumentar la producción. Pienso que este punto no requiere profundización porque ha sido reconcido por todos.

En segundo lugar, la última década tuvo una expansión de la inversión pública, pero hubo muy poca inversión privada. Está claro que surgieron empresas para sustituir las importaciones, apoyadas sobre subsidios y proteccionismo, pero el costo de estas políticas no parece poder sostenerse en el largo plazo y sin esta ayuda estatal el efecto de esta mala inversión puede desaparecer en un espacio muy corto de tiempo. El desafío que enfrenta el gobierno es complejo. Mantener una industria “artificial” e “ineficiente” que sólo se sostiene con subsidios y proteccionismo, implica un costo social muy fuerte, más aun si el costo lo pagamos con inflación y consumidores descontentos, tanto por la mala calidad de los productos como también por su alto precio en comparación con los bienes importados.

En tercer lugar, es cierto que podemos mostrar aumentos de producción si comparamos 2014 con 2002, pero no nos engañemos acerca de aquellas circunstancias. Un dato de la economía Argentina es que al cierre de 2002, después de la gran depresión, tenía una capacidad instalada del orden del 50 %. Los defensores del modelo vigente toman precisamente ese piso para reflexionar acerca del “crecimiento” económico argentino, cuando esta expansión no fue más que un proceso de recuperación de la crisis anterior. No quiero con esto negar su importancia, pero no es lo mismo utilizar recursos ociosos existentes que ampliar la capacidad productiva.

Fue recién en 2008 cuando la economía argentina pudo más o menos alcanzar valores normales de capacidad instalada y con ello acercarse al potencial de su economía. Pero entonces sufrimos la crisis global de 2009, y el leve crecimiento de los tres años siguientes no parece despegar de aquel potencial alcanzado en 1998, hace ¡16 años!

Si somos optimistas y suponemos que los precios de los commodities permanecerán en estos niveles históricos elevados, y además asumimos que la economía norteamericana , europea y china mantienen las políticas de liquidez, aun así el contexto no parece ser suficiente para mostrar una economía en crecimiento. Aun si dejamos de lado el debate de los últimos 10 años, necesitamos abrir el debate de cara al futuro. Argentina no podrá tener en los próximos años un crecimiento tipo 1 o un crecimiento tipo 3, y es por eso, que necesitamos del crecimiento tipo 2 para tener un futuro prometedor. Y aquí viene el desafío: un crecimiento tipo 2 implica necesariamente cambiar de modelo.

Eduardo Duhalde intentó rescatar por ejemplo a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, al punto de candidatearlo como una persona de experiencia para resolver la situación actual. Martín Redrado o Martín Lousteau escriben decenas de columnas críticas en las que intentan separarse del actual gobierno, cuando hace unos pocos años acompañaron el proceso. Es cierto, se podrá decir que desde 2007 Cristina Fernández de Kirchner se ocupó personalmente de profundizar ese mismo populismo que “nació” post-convertibilidad, pero cada uno de estos tres economistas tuvo su responsabilidad en la actual situación que sufrimos.

Para empezar, diré que la salida de la convertibilidad fue la peor que se podía haber diseñado. Eduardo Duhalde acusa al gobierno actual de improvisación, cuando él mismo prometió devolver dólares a quienes depositaron dólares, y sólo unos días después pesificó todos los depósitos y fue el responsable de la mayor estafa al pueblo argentino de las últimas décadas. En segundo lugar, hay que ser claros en que esa devaluación, que implicó el abandono de la convertibilidad y que hoy es vista como el comienzo de la “década ganada”, en realidad nos dejó con otra “década perdida”. Es cierto que entre 1998 y 2001 la economía estaba estancada y con alto desempleo, pero la devaluación convirtió esa crisis en una profunda depresión que hizo caer el PIB más del 10 % en 2002, además de destruir el Estado de Derecho.

A partir de 2003, la economía se fue recuperando, pero fue recién en 2008 cuando el PIB real alcanzó el nivel de 1998. Mientras Brasil o Chile emprendieron un proceso de crecimiento desde el techo alcanzado hacia fines de la década de 1990, Argentina tuvo que retroceder primero, para observar cómo en la década más afortunada en un siglo –en lo que refiere al contexto internacional-, tan sólo recuperábamos lo perdido. En pocas palabras, entre 1998 y 2008 Argentina no creció, sino que recuperó el terreno perdido por la desafortunada devaluación.

Recordemos que en 1999 hubo otra opción, que fue la dolarización propuesta por Steve Hanke y Kurt Schuler, claramente ignorada. De haberla implementado en su momento, la Argentina sería la primera economía latinoamericana en presentar un PIB per cápita de niveles europeos.

Volviendo a nuestros tres personajes de hoy, Roberto Lavagna asumió como ministro de Economía del presidente interino Eduardo Duhalde en abril de 2002, ratificado en el puesto por el presidente electo Néstor Kirchner en 2003 y desplazado en 2005 producto de disputas internas. Se destaca en general que lideró la recuperación de la economía argentina, pero durante su gestión inicia también el modelo económico vigente, que llamaremos “populismo”, caracterizado por un incremento acelerado del gasto público (especialmente en el nivel Nación), que se financió especialmente con mayor presión tributaria. Recordemos que con Lavagna como ministro de economía, ésta fue ascendiendo desde un 24 % hasta el 30 % del PIB.

Ser reemplazado por Felisa Miceli claramente no mejoró las cosas, aunque se puede decir que a partir de allí y hasta su muerte, Néstor Kirchner se mantuvo como un virtual ministro de Economía, aun con la llegada de Cristina Kirchner al poder. El nombramiento del joven Martín Lousteau como ministro de Economía en diciembre de 2007 iba en línea con esto mismo. Su margen de decisión era muy acotado, aunque cometió el incomprensible error de intentar aumentar aún más la presión tributaria que entonces estaba en el orden del 36 % del PIB. Todos recordamos su propuesta de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja por encima del ya excesivo 35 %, que sólo se detuvo por el voto “no positivo” del vicepresidente. Más peleas internas dentro del gobierno, lo terminaron alejando en abril de 2008, y a partir de entonces se convirtió en un crítico del modelo.

El caso de Martín Redrado es un poco más complejo, ya que fue presidente del Banco Central entre septiembre de 2004 y enero de 2010. Durante su gestión jamás reconoció la inflación real, la que duplicaba y hasta triplicaba la oficial declarada por la institución que él presidía. Desde 2007 y hasta su renuncia la inflación sólo estuvo por debajo del 20 % en 2009, el año de la recesión global, al que la Argentina no pudo escapar. Redrado jamás reclamó la independencia del Banco Central, ni se negó a financiar el exacerbado gasto público del Ejecutivo, sino hasta que el oficialismo decidió apartarlo del gobierno.

En esta selección arbitraria de personajes responsables de la debacle que se viene, toca el turno ahora de Axel Kicillof. Claro, muchos dirán que Redrado y Kicillof piensan diferente y es cierto. Pero recordemos que era Kicillof quien antes de integrar el gobierno criticaba a Redrado por sus políticas inflacionarias en el Banco Central. Una vez dentro del modelo, Kicillof olvidó sus críticas, y al momento no hizo nada por corregir las contradicciones obvias de este modelo populista e inflacionario que él llama de “inclusión social”. La sensación que queda entonces es que no importa qué economistas se suman al modelo. Sin importar lo que piensen o en qué autores creen, una vez dentro del modelo se transforman en parte de él, y apoyan incluso aquello que va en contra de sus principios. Volviendo a esta última década, y con una mirada parcial, se podrá decir que hasta 2007 la economía argentina mostraba un superávit fiscal primario, que la inflación estaba controlada y que no existían los problemas cambiarios actuales, pero mi impresión es que se estaban generando las semillas de aquellos problemas que hoy sufrimos.

Y es que en la primera etapa del populismo, uno siempre observa el éxito del modelo, y especialmente cuando la economía parte de una situación deteriorada de actividad económica y empleo. Entre 2003 y 2007 entonces, el modelo populista muestra recuperación de la actividad económica, del empleo y del salario real. La continuidad del kirchnerismo era entonces obvia. Somos muchos, sin embargo, los que ya en esa etapa exitosa pedíamos cautela, y es que el gasto público empezaba a desbordarse, y las tendencias mostraban que ni el precio creciente de la soja, ni sus crecientes retenciones, podían sostenerlas.

No pasó mucho tiempo, hasta que los economistas que revisamos los datos nos empezamos a dar cuenta que la presión tributaria no cedía en su aumento constante, y al mismo tiempo, empezaba a ser normal la monetización del ahora evidente déficit fiscal primario. La aparición de los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios caracterizan precisamente a esta segunda etapa del populismo.

Preocupados por una inflación creciente, muchos economistas empezamos a alertar de los problemas en el modelo, pero fuimos ignorados. La tercera etapa del populismo es la actual, cuando estos desequilibrios básicos se extienden y empiezan a ser evidentes para toda la población a través de la mayor suba de precios, falta de ciertos productos, y anuncios desesperados del gobierno para ocultar lo que en realidad sucede.

Si el lector se pregunta por lo que vendrá, entonces debemos hablar de la cuarta etapa, la del “ajuste”, una etapa de la que nadie quiere hablar, pero que es difícil evitar. El “ajuste” viene acompañado de una inflación acelerada, recesión, problemas de empleo, caída en el salario real y aumento de pobreza e indigencia. Los economistas científicos pedimos a quienes niegan la necesidad del ajuste que nos muestren cómo se sostiene este nivel de gasto a lo largo del tiempo, pero no hay respuesta.

Ante esta realidad, la oposición debería presentar propuestas, pero éstas brillan por su ausencia. Muchos economistas identifican los desequilibrios, pero nada dicen de que es lo que se debe hacer. Nuestra propuesta, junto a Nicolás Cachanosky, es otra vez la dolarización, porque se corrigen los tres desequilibrios, se minimizan los efectos del ajuste y se genera una regla para evitar seguir cometiendo los mismos errores. Pero está claro que esta propuesta aislada es insuficiente. Ella debe entenderse sólo como una parte de una propuesta integral que poco a poco iremos presentando para delinear la Argentina del futuro.

Mis estudios de grado fueron en la Universidad de Buenos Aires entre 1997 y 2002. En ese entonces -y esto se mantiene al día de hoy- se ofrecía cursar algunas materias del Ciclo Básico Común (CBC) bajo la modalidad de UBA XXI, es decir, un programa de educación a distancia. En la propia página web se puede observar que “UBA XXI desarrolla materiales y recursos que enriquecen la organización del estudio de las asignaturas y promueven la autonomía de los alumnos, como así también una formación flexible, sin tener la obligación de asistir a clases. Ofrece en la actualidad un entorno virtual, UBAXXI Campus Virtual, que potencia la interacción entre docentes y alumnos y da cuenta, a su vez, de una práctica histórica, en la inclusión de soportes multimediales, hoy convergentes”.

Numerosas universidades han incorporado esta modalidad en sus carreras, complementando programas tradicionales con una plataforma virtual desde la cual se puede acceder al programa de la materia, al material bibliográfico, a sitios de interés, a una planificación de las clases, a ciertos trabajos prácticos, e incluso a un blog o chat para que docentes y alumnos interactúen. Algunas universidades complementan esto con el acceso a bibliotecas virtuales como J-store o EBSCO.

En aquellos años, pude cursar además algunas materias del ciclo profesional bajo la modalidad “a distancia”, como Análisis Económico II e Historia del Pensamiento Económico. El alumno compraba un libro “guía” que básicamente introducía los temas, y luego nos derivaba a ejercicios prácticos o lecturas del programa. En ambos casos, en UBA XXI y en educación a distancia, los exámenes eran presenciales en la Facultad, bajo los mismos lineamientos, condiciones y exigencia de la cursada tradicional.

La tecnología, sin embargo, siguió avanzando y con ello surgieron plataformas superadoras. Hoy se permite dictar clases presenciales, en tiempo real, a diferentes alumnos de todas partes del mundo. Ya no hablamos de clases asincrónicas o a distancia donde el alumno estudia solo, sino de clases sincrónicas donde el profesor y el alumno conversan en tiempo real.

Sería similar a una reunión en teleconferencia. La tecnología desarrollada por Webex o Adobe connect -seguramente existen otras- permiten al docente y a los alumnos verse las caras mutuamente por video en tiempo real, al mismo tiempo que interactúan verbalmente a través de un micrófono o por escrito a través de un chat. El profesor además utiliza un pizarrón sobre el cual puede escribir con el ratón, el teclado, o bien, con un lápiz electrónico. También se puede llevar al aula el paquete Office, utilizando presentaciones en PowerPoint elaboradas con carácter previo a la clase, o bien, una planilla de Excel que resulta útil especialmente en materias financieras.

La dinámica del docente con sus alumnos no sólo es similar a la tradicional, sino que es superadora por la tecnología que puede utilizarse. Esto se vuelve especialmente importante para programas ejecutivos y de posgrado, donde los empresarios que viajan pueden conectarse a clase desde cualquier lugar del mundo, o bien disfrutando de la alternativa de grabar las reuniones para verlas cuando cuenten con el tiempo necesario.

Por citar mi propio ejemplo, me encontraré este primer semestre de 2014 dictando clases de economía en un MBA de la Edinburgh Business School (EBS), universidad líder en Escocia que cuenta hoy con más de 11.000 estudiantes en todo el mundo, y que hace escala en América Latina a través de CMT Group. Lo mismo se puede decir de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) de Guatemala, asociada con OMMA de España, ofreciendo un Master en Economía totalmente virtual. Finalmente, la Swiss Management Center University (SMC) de Suiza, ofrece un Master in Political Economy y un PhD in Economics, ahora en español, para estudiantes de toda América Latina.

Para ser más gráficos, quienes ejercemos la docencia en estos programas nos encontramos semanalmente con una o dos docenas de alumnos de Estados Unidos, España, México, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina o Uruguay para discutir cierto material asignado en el programa. No sólo se enriquecen los alumnos de este proceso cosmopolita y multicultural, sino que los mismos profesores nos vemos obligados a internacionalizar estos programas de estudio.

Es importante notar que al completar estos programas, los alumnos reciben títulos oficiales y certificados. Esto representa un desafío para los Ministerios de Educación latinoamericanos que exigen a estas y otras casas de estudio cumplir con numerosos burocráticos requisitos si quisieran instalarse en el país. Pero nótese que bajo esta modalidad todos estos requisitos se pueden sortear a bajo costo. El título lo emite el Ministerio de Educación del país extranjero, al que luego se le agrega la apostilla de La Haya para que tenga validez nacional.

Esto que abre una oportunidad única para aquellas casas de estudio que han logrado construir reputación durante las últimas décadas o siglos. También abre una oportunidad única para aquellos alumnos que viven en lugares donde ciertos programas no se dictan y tienen la imposibilidad de viajar. Estudiar bajo los programas certificados de Estados Unidos y Europa es ahora una posibilidad accesible, lo que debe conducir a los Ministerios de Educación y a las universidades públicas y privadas tradicionales a adaptarse rápidamente a un mundo virtual que no se detiene.

Ahora es el turno de Kicillof, que estratégicamente supo hacer silencio y dejar caer la imagen de su socio en el gobierno sin ver deprimida la propia. Pero él es el ministro de Economía, y las noticias no son buenas en la órbita que maneja: las reservas siguen cayendo, el dólar blue se volvió a disparar, la inflación no cesa, la escasez de productos es cada vez más visible y el desequilibrio fiscal no encuentra financiamiento.

La Argentina necesita cambios estructurales, pero la apuesta oficial -especialmente de la presidente- va por otro camino. Se trata de llegar al 2015 sin abandonar la línea que caracterizó al gobierno todos estos años. Bajo esa premisa, conjeturo que veremos un fracaso atrás de otro, con caras nuevas recurrentemente que intentarán lo imposible. Kicillof no podrá escapar a lo sucedido con sus antecesores. El problema central, una vez más, es el exacerbado gasto público. La teoría de las finanzas públicas nos enseña que para financiarlo hay tres instrumentos centrales. Impuestos, deuda y emisión.

En el primer caso, la presión tributaria ha ido aumentando incesantemente desde el comienzo del kirchnerismo. De poco más del 20% al final del menemismo a más del 40% en 2012. Este es un dato relevante que destaca la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno argentino durante los últimos 10 años.

Algunos analistas creyeron encontrar el límite a la presión tributaria hace algunos años, pero el ingenio y la creatividad de este gobierno siempre encontró nuevas respuestas. Hoy muchos analistas dicen que no habrá más recursos por esta vía, aunque yo no lo veo tan claro. Este gobierno tiene una única meta, otra vez, que es llegar a 2015 sin cambiar la línea. No importa que paguemos un nivel de impuestos europeo o nórdico y recibamos servicios públicos africanos. Sólo importa evitar el ajuste a cualquier costo. Conjeturo entonces que la presión tributaria continuará su ascenso aunque resta definir qué sector de la población pagará el costo.

En el segundo caso, el gobierno buscará tomar deuda. Cinco o diez mil millones de dólares que refuercen las reservas harían la diferencia. En este sentido, Kicillof sólo hizo una cosa desde su llegada al nuevo rol en el gobierno. Trató de llegar a un acuerdo con Repsol tras la expropiación de YPF y viajó a Asia en busca de fondos. Muchos analistas destacan el “alto costo” de este potencial financiamiento, sin embargo, esto no será un limitante. Si alguien accede a prestarle dinero al gobierno y esto le permite evitar el ajuste antes de 2015, el gobierno avanzará “sin importar el costo”. Conjeturo entonces que el endeudamiento aumentará en estos dos últimos años de mandato.

Por último, la fuente de financiamiento que el gobierno viene utilizando y que también parece llegar a un límite es la de la emisión monetaria. La consecuente inflación ya está en boca de todos. El malestar social por la suba continua de precios es generalizado. Y muchos analistas concluyen entonces que no podrán seguir abusando de este “recurso”. Sin embargo, insisto, lo único que está en juego en este último período del kirchnerismo es evitar el ajuste. Conjeturo entonces que emitirán todo lo necesario para sostener el modelo. Las fuentes alternativas de financiamiento están agotadas, pero el gobierno se niega a creerlo. No habrá un cambio estructural de la política económica, y sólo decantará el modelo cuando los estallidos sociales impongan un límite. Ahora sólo podemos sentarnos a ver lo que la creatividad de Kicillof nos depara, pero aumentando a la vez la presión tributaria, el endeudamiento y la inflación, mientras la oposición va preparando propuestas estructurales que recién en 2015 iniciarán el cambio.

“Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros. Dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal-cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde este sistema lo he conocido, que hay en varias partes. Bien señores, ¿qué paso después? En 1956, el Estado acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas, es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado, sino de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otros que no tenían nada que ver con las Cajas de Jubilaciones y Pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces naturalmente que después de ese asalto los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario, ni ninguna jubilación. Y llegaron a cobrar en la proporción como poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en 1955, el dólar estaba en el mercado libre a 14,50 y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un dólar de 1400 pesos. Entonces era lógico, señores. Cualquiera hubiera sido el arreglo que se hiciera esto no tenía arreglo. Lo que pasa es que se habían desfalcado las cajas. ¡Las habían asaltado! Y las cajas como todas las organizaciones económicas y financieras tienen sus límites. El límite está indicado por su capital. Una vez que le han sacado el capital es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera.”

Lo que decía Perón es una muestra de lo que hoy es sabido por todos. El sistema de previsión social “de reparto” que experimentó la Argentina hasta 1994 es el principal responsable de la precariedad con la que han vivido los jubilados y pensionados. La característica central de este sistema es que la contribución de los trabajadores se destina a financiar las prestaciones de los jubilados. Este sistema, que ha quebrado sucesivamente a lo largo de nuestra historia y que podríamos denominarlo como “coactivo”, no ha sido en el pasado, y no es en el presente, ni previsor ni social. Los actuales jubilados reciben sumas de dinero que no guardan relación con las contribuciones que han ido realizando durante su vida activa.

El cambio introducido al sistema en 1994, si bien lo reformó en cierto modo, conservó la naturaleza “coactiva” del sistema, ya que se le negó al trabajador la posibilidad de decidir sobre su patrimonio. Es cierto que se crearon las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que han tenido como objetivo la administración de las contribuciones de los trabajadores. Sin embargo, estas agencias no compitieron en el mercado libre con otras posibles inversiones previsionales dentro y fuera del país, sino que recibieron compulsivamente una porción fija de los salarios de todos los trabajadores, cobraron comisiones astronómicas en relación con los sistemas vigentes en otros países del mundo y lo más importante: no se les permitió gestionar el cien por cien de los fondos según sus propios criterios, sino de acuerdo a las directrices aprobadas por el Gobierno. En definitiva, fueron más bien gerentes del Estado, que empresas privadas.

Cristina Kirchner envió en su momento un proyecto al Congreso para intentar modificar este sistema. Pero en lugar de girar hacia la dirección correcta, es decir, hacia un sistema privado voluntario, decidió empeorar la situación eliminando las AFJP y volviendo a un sistema de reparto.

En lugar de eliminar la “coacción” que obliga a los trabajadores a elegir o bien por las AFJP locales (aprobadas por el Gobierno) o bien por el sistema de reparto, la propuesta pasó por suprimir las AFJP y, con ellas, el ínfimo espacio con el que contaba el mercado. El proyecto tuvo como objetivo apropiarse de los fondos acumulados en el sistema, esto es, casi treinta mil millones de dólares e impagar la deuda de los últimos catorce años. Al mismo tiempo, los más de nueve millones de trabajadores debieron contribuir de forma obligatoria al sistema de pensiones de reparto público, lo que equivale a una cifra superior a los trescientos millones de dólares mensuales. Recordemos que un año antes de presentar este proyecto de ley, se ofreció la posibilidad a los trabajadores de pasar de las AFJP al sistema público, y sólo entre un 20% y un 30% aceptó el cambio (es decir, entre el 70 y el 80% de los trabajadores permaneció en el sistema de las AFJP). Los argentinos no deseaban regresar a los sistemas de reparto justamente porque conocen sus consecuencias tan bien explicadas por el propio Perón. Ya en 2009, los legisladores de la oposición denunciaron lo que era lógico, que la ANSES estaba manejando los fondos con arbitrariedad, sin informes públicos y sin los controles que se prometieron a la hora de conseguir rápidamente los votos en el Congreso.

¿Cuánto del dinero transferido de las AFJP hoy mantiene ANSES? ¿Que proporción de esos activos son bonos del gobierno (de difícil cobro en el futuro)? Son preguntas simples, que hasta el momento nadie responde. Lo cierto es que ante la crisis fiscal en la que ya está el gobierno, y que lamentablemente se profundizará en los próximos años, los que sufrirán serán precisamente nuestros viejos. Hay quienes dicen que las jubilaciones y las pensiones son algo demasiado importante para dejarlo en manos del mercado. Yo pienso que las jubilaciones y las pensiones son algo demasiado importante para dejarlo en manos del Estado. En una sociedad libre, el Estado no debería imponer ningún sistema de jubilación. En su lugar, tendría que permitir que hubiera tantos como los que establezcan los interesados según sean sus preferencias y sus situaciones económicas.

Fernando De la Rúa prometió mantener la convertibilidad, pero no supo, no pudo o no quiso hacer el necesario ajuste para equilibrar las cuentas. La pérdida de reservas fue aumentando día a día. Ricardo López Murphy llegó al Ministerio de Economía en marzo de 2001 con la renuncia en el bolsillo, si no lo dejaban avanzar en el ajuste que el país necesitaba, y pocos días después abandonó el cargo, ante las manifestaciones sociales contrarias a esas intenciones. De la Rúa no soportó la presión que el plan de ajuste necesitaba. El retorno de Domingo Cavallo sólo empeoró las cosas. Explicó que el problema no era el déficit, sino la competitividad, y dio señales claras de un gradual abandono de la convertibilidad, lo que aceleró la fuga de capitales y dejó al Banco Central de la República Argentina sin reservas, obligando a los gobiernos siguientes a abandonar la convertibilidad y pesificar. La dolarización pudo ser la alternativa, pero debió aplicársela antes de quedarse sin reservas.

Ya escribí hace unos pocos días acerca de la coyuntura actual, con serios problemas en el frente fiscal, monetario y cambiario. Sintetizando algunas magnitudes clave, el presupuesto 2014 prevé un gasto público total cercano al billón (1.000.000.000.000) de pesos, cuya ejecución promete exceder aún ese valor. La presión tributaria récord de nuestra historia -y una de las más altas del mundo- no alcanza para financiar dicho gasto, diferencia que será financiada con mayor emisión de dinero y el restringido acceso a deuda pública, que se elevó de US$ 144.000 millones en 2001 a US$ 237.500 millones, una vez que sean regularizados los saldos pendientes. En el frente cambiario, la fuga de capitales ya perforó el nivel de reservas del Banco Central de los US$ 33.000 millones, lo que promete seguir presionando el alza de precios.

El problema que enfrenta hoy el gobierno es cómo evitar que continúe esta pérdida de reservas, dado que esto atenta contra el modelo económico. Sugería en aquel artículo un cambio de rumbo o de modelo, pero eso no pasará si atendemos al discurso oficial. Las reformas económicas que se comentan, sea una profundización, ampliación o desdoblamiento del cepo cambiario, o bien medidas concretas contra aquellos que quieran salir del país en el verano que se avecina, son sólo un maquillaje que de ningún modo podrán resolver esta difícil situación.

¿Qué hacer entonces? En primer lugar, reconocer nuestros fallos. La Argentina es incapaz de gestionar su propio dinero, aspecto que queda claro al estudiar nuestra historia o revisando la situación inflacionaria actual. El cepo cambiario además ha fracasado, si atendemos que en un año y medio desde su implementación generó una fuga de capitales de 19.000 millones de dólares, apenas por debajo de los 20.000 millones de dólares que se fugaron entre enero de 2001 y mitad de 2002.

En segundo lugar, actuar en consecuencia, esto es, quitar el cepo cambiario. Preocupa una acelerada fuga de capitales que liquide las reservas, lo que sólo puede ser resuelto con medidas que transmitan credibilidad. En este contexto, no puedo pensar más que en dos alternativas. La dolarización o una nueva convertibilidad. En el primer caso, la medida podría implementarse en cuestión de días y con bajo costo relativo. Un cálculo de la base monetaria ampliada dividido por las reservas declaradas y auditadas por el Banco Central de la República Argentina nos deja con un dólar por cada 15 pesos. En este caso, el Banco Central de la República Argentina debe cerrar sus puertas e invitar a todas las personas a que se acerquen a los bancos a cambiar sus pesos a esta paridad. Los contratos de aquí en más deberán ser denominados en dólares, y se podría liberar al mercado, esto es a la gente, a que elija monedas alternativas como el euro, el yuan, o cualquier otra divisa para realizar sus contratos. Incluso se podría alentar una banca off shore, para atraer nuevos bancos internacionales, reducir el riesgo país y asegurar la atracción de inversiones. Además, los impuestos comenzarán a pagarse en dólares, que sería la moneda de curso legal, y los salarios públicos, incluyendo docentes y jubilados, también comenzarán a pagarse en esa moneda.

En el segundo caso, se podría implementar una nueva convertibilidad a $ 15 por dólar, bajo condiciones similares a la Ley 23.928 pero me temo que se pueda repetir la experiencia de 2001. El costo de salir de la convertibilidad siempre es menor que el de abandonar la dolarización. En cualquier caso, ambas propuestas tendrán una consecuencia lógica e inmediata en la estabilidad monetaria. Una medida u otra obligará al gobierno a buscar fuentes alternativas de financiamiento del gasto que la monetización del déficit fiscal. Quizás la deuda pública sea útil en la transición al equilibrio fiscal, pero habría que implementar un plan económico para alcanzar el equilibrio fiscal en menos de tres años. Un presupuesto base cero debería estar también en la agenda del gobierno, lo mismo que el abandono de los subsidios y un sinceramiento de la economía, en especial en lo que refiere a las tarifas de los servicios públicos y en los precios de bienes y servicios hoy regulados. La viabilidad del plan requiere que estas medidas sean inmediatas, puesto que una continua fuga de capitales y caída de reservas sólo conducirán a consecuencias muy graves en lo económico y especialmente en lo social.

En este artículo sólo podré concentrarme en este último punto, el que ha sido tratado ampliamente en un libro del catedrático español Jesús Huerta de Soto titulado “Socialismo, cálculo económico y función empresarial”. El libro cuenta con más de 400 páginas, pero el lector puede acceder a una reseña que personalmente escribí sobre este debate, y que fuera publicado en la revista Cuadernos de Economía (Vol. 30, Nº 54), de la Universidad Nacional de Colombia. El argumento básico explica que en un mundo de incertidumbre y conocimiento disperso, la propiedad privada es necesaria para dar lugar a los precios, pues sólo ellos pueden permitir a los empresarios advertir de ganancias y pérdidas en sus proyectos de inversión, y con ello asignar con relativa eficiencia los recursos escasos. Más en limpio, si no tenemos propiedad privada de los medios de producción, no tenemos mercados para esos medios de producción. Sin mercados para esos bienes de producción, no habrá precios. Sin precios, los empresarios no pueden advertir si sus proyectos de inversión son rentables.

Si algo funciona -aún en el capitalismo intervenido- es precisamente ese proceso de prueba y error, en donde los empresarios van probando distintas inversiones, y sólo cuando son rentables, los proyectos se mantienen. Ganancias y pérdidas contables representan una información en el mercado acerca de si estamos asignando bien o mal los recursos. Y vale recordar que esos resultados son consistentes con la soberanía del consumidor, donde gana el que sabe satisfacer las necesidades del consumidor, y pierde el que no logra la demanda de sus consumidores. El socialismo propone terminar con la propiedad privada, terminar con estas señales de mercado, terminar con la función empresarial y reemplazar todo ello por la propiedad pública de los medios de producción. Aquí se abren un abanico de opciones, pero nunca ha quedado claro qué es lo que en definitiva proponen los socialistas. Y el problema es que el propio Marx careció de una propuesta concreta de cómo funcionaría el socialismo.

De un lado, se propone que el gobierno administre públicamente esos medios de producción, como de hecho ocurrió en Alemania Oriental, en Rusia o actualmente es en Cuba. Aquí los problemas son al menos dos. Primero, como señaló el Premio Nobel en Economía James M. Buchanan –recientemente fallecido- el gobierno puede no tener los mejores incentivos para administrar “solidariamente” estos recursos. Si asumimos que los individuos siempre persiguen su propio beneficio, ¿por qué vamos a suponer que las personas que lleguen al poder van a tender a interesarse por el “bien común”? Buchanan insistía en que lo más probable es que estas personas tiendan siempre a alejarse de ese “bien común” y persigan más bien su propio beneficio y de aquellos a quienes representan, o que han financiado sus campañas electorales. Cuando uno mira la Argentina, ¡cuánta razón tenía!

El segundo problema fue mencionado por otro premio Nobel en Economía, en este caso, Friedrich Hayek. Si aceptamos que el problema económico consiste en advertir cuáles son los bienes y servicios que deben producirse, en qué cantidad y calidad y de qué manera distribuirlos, debemos comprender que ese “conocimiento” no es dado a nadie en particular. Los bienes y servicios que necesitamos producir son los que la gente quiere. Y ese conocimiento está disperso en la sociedad, en las preferencias individuales de cada sujeto, en la forma de bits de información que cada uno tiene en su propia mente. ¡Es información no revelada! Salvo que permitamos que la gente demande y comunique esa información a los empresarios a través de los precios, precisamente.

Los socialistas del siglo XXI han dado un paso atrás. Ahora se hacen llamar “socialistas de mercado”, y afortunadamente han dejado de sugerir la propiedad pública de los medios de producción. En realidad se han dado cuenta de que nada es mejor que permitir que la producción de bienes y servicios la lleve adelante el mercado, lo que se traduce en alimentos, ropa y todo tipo de bienes y servicios en calidad y bajos precios, lo que es resultado precisamente del proceso competitivo.

La discusión ahora se resume al rol del Estado. El “socialista de mercado” o aquellos que buscan un mayor “Estado de bienestar” piden un Estado que, paradójicamente, “intervenga”, que ofrezca “bienes públicos”, que evite o minimice “externalidades negativas” y subsidie las “externalidades positivas”. Que aplique “políticas antimonopólicas” y “redistribuya los ingresos” de manera conveniente. Lo que no han advertido aún es que ese Estado al repartir la torta se queda con una porción enorme de la renta para beneficio propio, lo que impide la reinversión de quienes la generan -creando potenciales puestos de trabajo- y dejando a las clases más desfavorecidas sin salida.

Dirán algunos pocos socialistas que este “socialismo de mercado” no es socialismo. Yo estoy de acuerdo. Dirán otros socialistas que la propuesta ideal tampoco es la propiedad pública de los medios de producción, sino la propiedad “comunal” de los medios de producción. En este caso se trataría de pequeñas comunidades de personas que manejarían las “empresas”, y  nótese que estas comillas no son arbitrarias. En tal caso las preguntas sin respuesta son cuantiosas. ¿Cómo se distribuyen los ingresos de esta empresa? Se dirá, quizás, que se lo hará igualitariamente, según las horas trabajadas. ¿Ganará lo mismo un ingeniero que un obrero? ¿Qué incentivo tendrá el ingeniero para capacitarse si finamente sus ingresos serán iguales? ¿Qué incentivo tendrá un obrero para trabajar eficientemente si los otros obreros no lo hacen? “Conocimiento” e “incentivos” son los dos grandes problemas del socialismo. Dejemos el socialismo para otro mundo. ¡Y por favor, dejemos de destinar tinta a un debate acabado!