En nuestro país actualmente el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la información sólo está regulado por el decreto 1172/2003; por eso es necesario debatir este proyecto de ley que nos va a permitir ponernos a la altura de los noventa países del mundo que tienen una normativa vigente en esta área.

En este sentido, es imprescindible contar con una ley que incluya a los tres poderes del Estado, porque el derecho a acceder a la información pública es un derecho humano fundamental que se deriva de nuestra forma republicana de gobierno, que establece como principios la publicidad de los actos de gobierno y la obligación de los funcionarios y los representantes de dar cuenta de sus actos.

El proyecto de ley, que ya tuvo su primer tratamiento ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de la Nación, se encuentra en concordancia con los principios rectores para una efectiva y correcta regulación del derecho de acceso a la información pública: publicidad, igualdad, celeridad, informalidad —toda persona puede solicitarla sin acreditar representatividad alguna— y gratuidad.

La norma enviada al Congreso, que establece un plazo de 15 días para que el Estado provea la información solicitada, se elaboró respetando los estándares internacionales en la materia y promueve, como marca la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que la información pertenece a las personas, que no es propiedad del Estado y que el acceso a ella no se debe a una gracia o un favor del Gobierno.

Es por eso que el proyecto de ley será una herramienta que servirá a la ciudadanía para acceder a la información pública sin restricción alguna; promoviendo la transparencia en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales, y en cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.

La norma también propone la creación de una autoridad de aplicación por cada poder del Estado, que deberá tener con autonomía funcional y autarquía financiera; también se prevé la creación de un Consejo Federal para la Transparencia, que estará integrado por todas las provincias y desde el cual se podrá evaluar el funcionamiento de la aplicación de la ley y también sugerir modificaciones.

Esta iniciativa que enviamos al Congreso de la Nación viene a dar respuesta a una creciente demanda social que durante años venía exigiendo a sus representantes mayor transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Por eso, desde el Gobierno nos hemos hecho eco de esta necesidad de cambio y buscamos, a través de este proyecto, dejar en el pasado el atraso que tiene Argentina en esta materia y pasar a una nueva etapa, donde el ciudadano pueda acceder sin restricciones a la información pública para tomar mejores decisiones y seguir fortaleciendo la democracia.