En nuestro país actualmente el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la información sólo está regulado por el decreto 1172/2003; por eso es necesario debatir este proyecto de ley que nos va a permitir ponernos a la altura de los noventa países del mundo que tienen una normativa vigente en esta área.

En este sentido, es imprescindible contar con una ley que incluya a los tres poderes del Estado, porque el derecho a acceder a la información pública es un derecho humano fundamental que se deriva de nuestra forma republicana de gobierno, que establece como principios la publicidad de los actos de gobierno y la obligación de los funcionarios y los representantes de dar cuenta de sus actos.

El proyecto de ley, que ya tuvo su primer tratamiento ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de la Nación, se encuentra en concordancia con los principios rectores para una efectiva y correcta regulación del derecho de acceso a la información pública: publicidad, igualdad, celeridad, informalidad —toda persona puede solicitarla sin acreditar representatividad alguna— y gratuidad.

La norma enviada al Congreso, que establece un plazo de 15 días para que el Estado provea la información solicitada, se elaboró respetando los estándares internacionales en la materia y promueve, como marca la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que la información pertenece a las personas, que no es propiedad del Estado y que el acceso a ella no se debe a una gracia o un favor del Gobierno.

Es por eso que el proyecto de ley será una herramienta que servirá a la ciudadanía para acceder a la información pública sin restricción alguna; promoviendo la transparencia en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales, y en cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.

La norma también propone la creación de una autoridad de aplicación por cada poder del Estado, que deberá tener con autonomía funcional y autarquía financiera; también se prevé la creación de un Consejo Federal para la Transparencia, que estará integrado por todas las provincias y desde el cual se podrá evaluar el funcionamiento de la aplicación de la ley y también sugerir modificaciones.

Esta iniciativa que enviamos al Congreso de la Nación viene a dar respuesta a una creciente demanda social que durante años venía exigiendo a sus representantes mayor transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Por eso, desde el Gobierno nos hemos hecho eco de esta necesidad de cambio y buscamos, a través de este proyecto, dejar en el pasado el atraso que tiene Argentina en esta materia y pasar a una nueva etapa, donde el ciudadano pueda acceder sin restricciones a la información pública para tomar mejores decisiones y seguir fortaleciendo la democracia.

Personalmente, participé de un debate entre candidatos a la vicepresidencia para las elecciones de 2011 y lo recuerdo con gran alegría, a pesar de que el candidato oficialista de entonces, Amado Boudou, no quiso asistir y el electorado no nos acompañó en la medida esperada. Aprendí mucho: la semana previa me preparé junto con mi equipo y volví a mi casa con la sensación de haber hecho lo correcto. Creo que hoy Macri y Scioli habrán experimentado un sentimiento similar. El electorado dará su opinión el próximo domingo.

El debate de hoy es un triunfo de la ciudadanía, que castigó en la primera vuelta a quién se negó a presentarse aun habiéndose comprometido. Ya no hay espacio para esos desplantes por cálculo electoral. De aquí en más, quien quiera conducir los destinos de los argentinos, deberá someterse a este tipo de prácticas que nos permiten a los ciudadanos elegir con mayor libertad e información.

La realización de un debate entre los candidatos permite a la ciudadanía conocer mejor a los aspirantes a la presidencia, porque los obliga a mostrar sus opiniones, ideas y proyectos ante la compulsa de sus colegas y de los moderadores. Esto fuerza a los candidatos a salir de discursos predefinidos, dándole mayor espontaneidad al intercambio. Su realización genera una instancia de igualdad en el proceso electoral, porque fomenta la equidad entre los candidatos. Poder expresarse cada uno con igual cantidad de tiempo es un fenómeno poco frecuente.

Quienes presenciamos el debate de hoy pudimos advertir con qué temas se sintieron seguros Scioli y Macri y cuáles los incomodaron y pudimos sacar nuestras conclusiones.

En esta oportunidad al ser solo dos los protagonistas el debate fue mucho más dinámico, fluido y en un tono más confrontativo de lo que se podía suponer. Además, este segundo debate, a diferencia del primero, contó con la instancia de repregunta. Sin embargo en la gran mayoría de los casos ambos utilizaban ese tiempo extra para extender su propio discurso.

En los cuatro tópicos planteados por Argentina Debate, el tiempo para el desarrollo no fue utilizado para profundizar cada una de las propuestas ni los ejes planteados y hubo muchos discursos preformados.

Llama la atención el recorrido equívoco de Scioli encerrado en la trampa de querer diferenciarse del gobierno nacional pero utlizando como referencia para su eventual futura gestión las bases cimentadas por el Frente para la Victoria, no desde la crítica sino en su contundente defensa.

El Congreso de la Nación tiene pendiente de tratamiento una ley que establezca y regule la obligatoriedad de realizar debates entre los aspirantes a la presidencia. Muchos diputados presentamos proyectos en ese sentido. En muchos países existen este tipo de regulaciones. Por caso, los debates presidenciales son obligatorios por ley en Estados Unidos, España, Francia e Italia. Espero que el avance que significó este debate impulse la sanción definitiva de la norma y de aquí en más la excepción de hoy sea la regla de las próximas elecciones.

En un sistema mundial complejo y cambiante, que parece retornar al viejo esquema dominado por la puja entre los dos bloques de poder del siglo pasado, el esfuerzo de la Argentina por posicionar la reivindicación de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur adquiere creciente visibilidad en la agenda internacional. En ese sentido es importante destacar la importancia del apoyo de la comunidad mundial como la única salida viable para alcanzar instancias de diálogo en la construcción de futuras negociaciones con Gran Bretaña. Además de las reiteradas denuncias en Naciones Unidas y la OEA, la Argentina obtuvo el reconocimiento de sus legítimos derechos de soberanía en varios organismos multilaterales como el Mercosur, la Unasur, la CELAC, entre otros. También, otros foros interregionales como el ASPA, el Movimiento de Países No Alineados, el G-77, la Cumbre de Países Árabes y de América del Sur, la Cumbre de América del Sur y África y las Cumbres Iberoamericanas, en donde nuestro país ha reivindicado de manera permanente el reclamo de soberanía sobre las islas.

En 2015, se cumplirán 50 años de la aprobación de la resolución 2065 de la Organización de Naciones Unidas, medida por medio de la cual la Asamblea General afirmó la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la soberanía de las islas. Los resultados de la  votación, que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1965 fueron: 94 a favor, 14 abstenciones y ninguno en contra. Desde 2004, Malvinas figura en el temario permanente del organismo. La Organización de los Estados Americanos, en 1993, aprobó una declaración que establece que la causa Malvinas es de interés hemisférico permanente, y  convoca a la Argentina y al Reino Unido a concluir la disputa a la brevedad por medio de una solución pacífica de la controversia. También, las Cumbres Iberoamericanas -que agrupan a los mandatarios de los 19 países iberoamericanos, España y Portugal-, reiteran anualmente, desde el año 2000 la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones, de conformidad con las resoluciones de la ONU  y de la OEA. Por medio del comunicado emitido el 29 de octubre de 2011, los estados presentes pronunciaron su rechazo a cualquier práctica unilateral, en la zona disputada, que incluya la explotación de recursos naturales y la realización de ejercicios militares. Además, indicaron la incompatibilidad con la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por su parte, el Mercosur llevó adelante el 25 de junio de 1996 la Declaración de Potrero de los Funes, en las que el bloque dio apoyo a los legítimos derechos argentinos en la disputa de soberanía por Malvinas y advirtió acerca de su desacuerdo con la exploración de los recursos naturales en la plataforma continental argentina por parte del Reino Unido. Finalmente, en las Cumbres presidenciales de la Unasur, organización establecida en 2008 para reemplazar a la Comunidad Sudamericana de Naciones, se emiten desde 2009, comunicados que subrayan el respaldo a las peticiones de argentinas. A fines de 2012 en la IV Cumbre de la Unasur, celebrada en Lima, los mandatarios se pronunciaron sobre el referéndum celebrado en Malvinas y argumentaron que el resultado no altera la esencia del reclamo, ya que el principio de libre determinación ha sido excluido de la resolución relativa a la cuestión Malvinas por la Asamblea de la ONU en 1985.

Cada uno de las adhesiones que genera nuestro país en la persistencia del reclamo en las distintas instancias -cumbres, foros o espacios multilaterales- configura un único marco institucional posible para cualquier acción que se quiera emprender. La existencia de una estrategia nacional que adopte el mecanismo de apertura al diálogo como proceso de negociación es clave en pos de la defensa de los derechos y deberes argentinos en los temas vinculados a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y de los espacios marítimos circundantes.

Es posible y necesario el regreso de Argentina a las Islas Malvinas. Requiere de un esfuerzo constructivo en el diseño y sostenimiento de una política de Estado estratégica que incluya a todas las fuerzas políticas. Hay consenso para ello y es nuestra obligación como dirigentes estar dispuestos a encarar el desafío.

En lo económico, no cabe duda que el modelo implementado en 2003 que se sustentaba en tres pilares -tipo de cambio competitivo, superávits gemelos (fiscal y comercial) y acumulación de reservas internacionales- hace tiempo dejó de existir, aunque el gobierno se obstine en asegurar lo contrario. Hasta 2006 las altas tasas de crecimiento están explicadas por un lado por las excelentes condiciones de la economía internacional, que crecía a tasas que duplicaban el promedio histórico, acompañado por el crecimiento de la demanda generalizada de materias primas y su impulso sobre los precios, lo que conllevaba a una mejora significativa de los términos de intercambio, y por consiguiente su impacto positivo sobre la producción local. En el orden interno la mejora del tipo de cambio que significó la devaluación del 2002 junto con la decisión de establecer un esquema de flotación administrada para evitar la revaluación del peso, significaron un adecuado incentivo para impulsar el aumento de la producción, especialmente del segmento industrial que es la más sensible a la competencia internacional.

A partir de 2007 las condiciones internas ya no eran las mismas, aunque el gobierno se negó a reconocerlo, y en pos de sustentar su permanencia en el poder, decidió continuar con la expansión del gasto. De esta manera comenzó a aparecer el fenómeno de la inflación, que a lo largo de los años se consolidó en niveles cada vez más altos. La inflación es el principal problema de la administración kirchnerista, porque representa un límite para los logros que se había alcanzado en materia de reducción de la pobreza y mejora de la capacidad de consumo de la población a partir del incremento del salario real, y además impacta contra la competitividad de la economía.

En materia energética el balance también es claramente negativo, ya que la falta de inversiones de envergadura, llevó a la pérdida del autoabastecimiento, que no logró resolverse con la estatización de YPF. Por lo tanto hoy somos altamente dependientes de la energía importada, que absorbe tres de cuatro dólares del superávit de la balanza comercial. Tal vez si no se hubiesen despilfarrado recursos en los sobreprecios pagados en las obras realizadas habría habido dinero para hacer las inversiones energéticas que requería el país. En 2006 la balanza energética aportaba casi el 50% del superávit comercial, mientras que en 2012, aun en un contexto de menor demanda por el enfriamiento de la economía, el déficit comercial externo del sector alcanzó los U$S 3.500 millones.

En términos productivos el gobierno kirchnerista tampoco realizó grandes cambios, ya que a pesar de las altas tasas de crecimiento registradas, se mantuvo la misma matriz productiva. Ésta se basa en una estructura exportadora muy concentrada en sectores extractivos de recursos naturales, con alta concentración en pocas empresas, en donde las Pyme fueron perdiendo participación, pasando de representar en 2001 el 13% del total de exportaciones al 10% en el último año.

Pero donde es más grave el deterioro evidenciado en la década es en los niveles de calidad institucional. Asistimos a un proceso de concentración del poder en manos del Ejecutivo que se erige como omnímodo a partir de resultados electorales favorables, al mismo tiempo que ha hecho todos sus esfuerzos por debilitar e ignorar a los otros poderes republicanos.

Se acentuaron los rasgos presidencialistas del sistema con la utilización de DNU, facultades delegadas y los superpoderes en materia presupuestaria. Simultáneamente el Gobierno vació los organismos de control  (SIGEN, OA, FIA) y manipuló las estadísticas públicas al destruir el Indec. También persistió en el bloqueo a la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública y a la publicidad de las agendas de los funcionarios.

En resumen el balance de estos diez años de gobierno kirchnerista pone en evidencia que las políticas económicas aplicadas en los últimos años fueron un ejemplo de lo opuesto al progresismo, porque en un período de alto crecimiento se dilapidaron recursos públicos en subsidios que no llegaron de manera efectiva a los sectores de menores ingresos. Se gastó en obras que por sus sobreprecios terminaban costando un valor muy superior al que correspondía, y no hubo un compromiso para atacar la inflación, que impacta muy fuertemente sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Y como una mueca trágica de la decadencia final, hoy asistimos al espectáculo triste de la puesta en evidencia de una matriz de corrupción basada en negociaciones incompatibles, sobreprecios, facturas truchas y eventuales sobornos. La consecuencia de esta gestión con pretensiones hegemónicas y autoritarias es el debilitamiento de las instituciones que deben garantizar los derechos ciudadanos y la afectación de percepción que los ciudadanos tienen del funcionamiento del sistema democrático.