Ante esto, la reacción de de dos de los principales referentes de la llamada oposición, Mauricio Macri y Sergio Massa, no dudaron en apelar al argumento favorito de la clase política a la hora explicar o intentar comprender la causa de un problema: la ausencia del Estado. Para ambos, las feroces golpizas contra delincuentes son producto de la falta de acción del Estado en materia de persecución a los delincuentes. Es una salida fácil para ellos, más cuando ambicionan un éxito electoral en las próximas elecciones presidenciales.

El argumento de la ausencia del Estado les permite posicionarse –ante un eventual éxito de sus chances presidenciales – como la persona adecuada para tomar la iniciativa y resolver el problema de la inseguridad. Estos son los casos en los cuales se puede observar con mayor claridad cómo la clase política funciona al estilo de una corporación cuyo único fin es resguardar el poder que ostenta. La solución siempre la encuentran en sumarle más poder al Estado.

Ahora, dejando de lado de las declamaciones demagógicas de los políticos, en tiempos en los que la presencia del Estado es total en la vida diaria de las personas, el ámbito de la política criminal  no es una excepción. Es difícil concebir una situación en la cual el Estado pudiera estar más presente que en el ámbito de las políticas de seguridad y la política criminal. Y cuando hablamos de un Estado omnipresente es imposible no referirse a la otra cara de la moneda, la de una sociedad impotente a la que le han expropiado cualquier tipo de participación y es relegada a un papel de mero observador.

En el actual proceso penal la víctima es una simple excusa que le permite al Estado iniciar un proceso de enjuiciamiento. Según el enfoque vigente, el juicio penal está completamente disociado de la víctima y de la protección de sus derechos. La sanción que dispone el juez no es en nombre de la víctima como sucedía en los sistemas que precedieron al derecho penal moderno. Ahora, es el Estado asume el papel de fiscal y busca la imposición de un castigo en su nombre bajo el pretexto de que el criminal representa un peligro para esa abstracción llamada sociedad. Esto es lo que el Juez Penal Ricardo Manuel Rojas en su libro Las contradicciones del derecho penal llama “la estatización de la respuesta penal”.

Es así que las víctimas son doblemente ultrajadas, primero por quien cometió el delito y luego nuevamente por el Estado, que la ignora a la hora de la búsqueda de justicia. Devolver a la víctima a un primer plano, y dejar de lado las creaciones abstractas como la “sociedad” para fundamentar las penas puede ser un primer paso para desactivar la desprotección que perciben los ciudadanos.

Consideremos el siguiente caso. Jorge es asaltado por Diego. En la actualidad, en el extraño caso de que Diego sea atrapado, juzgado, y luego condenado, Jorge es un mero observador. No puede opinar acerca de la sanción, y su papel en el juicio es de insignificante a inexistente. Con la “privatización” de la acción penal, la víctima podría peticionar ante el juez, exponiendo cuál es su pretensión en el juicio, tal como sucede en la actualidad en el ámbito del derecho civil. De esta manera, la tan ansiada justicia está más cerca de la realidad.

En primer lugar, este enfoque habilita la aplicación de penas alternativas a la prisión al no verse el juez limitado a sentenciar lo que indica el Código Penal. Esto ya sería un gran avance. Hoy en día, las cárceles – abarrotadas y en condiciones insalubres –  son una verdadera escuela del delito. Los presos inexpertos aprenden allí como perfeccionar su técnica, los que entran ladrones salen secuestradores, los que entran como violadores salen asesinos. Y desde otro punto de vista, resulta absurda la idea de que la víctima, además de haber sufrido un hecho de inseguridad, deba después soportar los costos de manutención de los reos – financiados por impuestos – en un nuevo ataque contra sus derechos.

Con el poder de la sanción en manos de la víctima, el juez se limitaría verificar el perjuicio y determinar si la pena es proporcional al daño cometido.

Una reforma en este sentido lograría devolverle un lugar primordial a la víctima en el proceso penal y reconvertiría al derecho penal en un derecho donde lo fundamental sea la restitución, en la cual el delincuente debe compensar a la víctima por el daño realizado, y  finalmente acercaría a las víctimas a nociones de justicia más realistas que al concepto idealizado de que el Estado busca hacer justicia en nombre de la sociedad.

Detrás de cada medida, de cada propuesta, de cada discurso, está la expectativa de intentar controlar, o seguir controlando ese poder. Ninguno de los candidatos que reciben la atención de los medios proponen revertir el avance del Estado sobre la sociedad, sus principales diferencias son de formas. Si fuese el caso contrario, los participantes de la contienda política dejarían de lado sus frases vacías, sus declaraciones vagas y sus proyectos ambiguos, para enfocarse en los verdaderos problemas que afectan a la sociedad y en soluciones concretas, para expresarse con contundencia acerca de su visión de las cosas.

Además de la lucha política por controlar e incluso aumentar el poder estatal, existe una competencia paralela, aunque desigual: la competencia del poder estatal y el poder social. Estas dos categorías utilizadas por Albert Jay Nock, autor y crítico social de principios del siglo pasado, son funcionales para explicar el origen del poder que hoy ostentan los gobiernos, incluido el argentino. En este sentido, el economista y teórico político Murray N. Rothbard describe el proceso de la siguiente manera:

“El Poder Social es el poder del hombre sobre la naturaleza, la transformación cooperativa de los recursos de la naturaleza, y una introspección en sus leyes, para el beneficio de todos los individuos participantes. Es el poder sobre la naturaleza, los niveles de vida alcanzados por los hombres por medio de intercambios mutuos. El Poder Estatal, como lo hemos visto, es el despojo coercitivo y parasitario de esta producción – un drenaje de los frutos de la sociedad para beneficio de unos gobernantes no productivos (y, de hecho, antiproductivos). Mientras el poder social se ejerce sobre la naturaleza, el poder estatal es el poder sobre el hombre”.

Esta confiscación del poder social por el poder estatal se puede ver en cada acción del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el contexto económico actual presenta una serie de impedimentos que obstruyen los intercambios mutuos. Las restricciones a las importaciones impiden la cooperación de alguien en Argentina con otra persona ubicada en otro país. En este caso ambos tienen la expectativa de beneficiarse de ese intercambio y, sin embargo, para realizarlo deben saltear interminables barreras burocráticas por encontrarse en lados opuestos de una línea imaginaria. Peor todavía si consideramos que los protagonistas de este intercambio no serán los únicos perjudicados, al mismo tiempo, aquel que pensaban adquirir un insumo para mejorar su productividad, o quien simplemente deseaba adquirir un producto más competitivo, también se ve perjudicado. Oportunidades de generar riqueza que se esfuman.

La inconmensurable cantidad permisos, autorizaciones, leyes, regulaciones y normas no escritas, con las que se chocan los argentinos todos los días son todos ejemplos de esa redistribución de poder social al poder político. Probablemente sea la Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974, y la que el actual gobierno ha amenazado con aplicar en reiteradas oportunidades, la máxima expresión de como el poder social se convierte en poder estatal.

El artículo 1º de esa ley comienza con el siguiente texto: “La presente Ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado— que se destinen a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población.” ¿Qué es eso si no la muestra de total desconfianza, desprecio y repulsión por el poder social? Es la consolidación de la idea de que un grupo de personas –los funcionarios– por medio de imposiciones de carácter violento pueden resolver mejor los desafíos que la sociedad actuando en libertad. Es la absurda idea de que el garrote y el monopolio son superiores a la cooperación social voluntaria y descentralizada.

Al contrario de la efectividad que imaginan los políticos que tiene el poder estatal, el poder social es real y palpable, y no solo consiste en la posibilidad de realizar intercambios libres sin intervención del gobierno. En el libro En defensa de los más necesitados, los economistas Martin Krause y Alberto Benegas Lynch (h) describen la experiencia argentina del poder social. Allí elaboran una detallada enumeración de como la sociedad, antes de la implementación del Estado de Bienestar (que, vale decir, no genera bienestar alguno) diseñó espontáneamente mecanismos para ayudar a aquellas personas en estado de pobreza e indigencia.

Pero para ver el poder social en funcionamiento no es necesario acudir a los libros. Ante catástrofes naturales o tragedias la gente se moviliza para ayudar y demostrar el poder social, basta con remitirnos a la solidaridad demostrada por los argentinos durante la Guerra de Malvinas, la respuesta solidaria frente a las crecientes de la cuenca del Plata en 1982-83, las inundaciones en la Provincia de Santa Fe de 2003, y  más recientemente ante la Tragedia de la Estación Once, o las inundaciones en La Plata del pasado 2 de abril. Las constantes campañas de organizaciones como Cáritas, Un Techo para Mi País, Red Solidaria, o Fundación Tzedaká, son otras demostraciones de ese poder social que aún mantiene la sociedad.

El poder estatal, en el actual contexto político, recuerda a la Primera Ley de la Termodinámica. Este principio de la conservación de la materia y energía explica, como dice el cantautor Jorge Drexler, que en un sistema cerrado, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Y es así como, de alguna manera, se manejan los políticos respecto del poder estatal. La idea de desprenderse de ese poder no está presente con claridad en ninguno de los discursos políticos.

Mientras se mantenga un sistema cerrado, en el que la clase política establecida solo esté preocupada por conservar el poder que hay en disputa, la sociedad seguirá siendo ignorada y maltratada. Por eso, para concluir, creo relevante destacar una frase de Gonzalo Blousson, primer candidato a legislador porteño del Partido Liberal Libertario: “es hora de sacarle poder a los políticos y devolvérselo a la gente”.

Mucha discusión hubo alrededor de la conformación de las listas de candidatos, especialmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, bastión fundamental en el que todos los políticos con aspiraciones presidenciales quieren hacer pie de una u otra manera. Todos los días, una decena de columnas de opinión y noticias de los principales medios intentan dilucidar una serie de incógnitas que plantea cada previa al acto eleccionario. ¿Será Massa un caballo de Troya que habilitará la reforma constitucional que tanto ansía Cristina Kirchner? ¿Cómo votará el indescifrable electorado de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál será el desempeño del Frente para la Victoria después de la masacre de la Estación Once, las inundaciones en La Plata y los casos de corrupción que salen a la luz casi a diario? Las preguntas abundan, y las respuestas escasean.

Es verdad que esta elección es especial; las ambiciones reeleccionistas de Cristina Kirchner le imponen un desafío a la clase política que, de honrar su palabra respecto de su compromiso con  las instituciones republicanas, debería hacer todo lo posible para impedir una reforma constitucional que habilite su re-reelección.

El asunto ni siquiera es sobre una eventual re-reelección. La semana pasada, el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, dijo: “Vamos a ir por 100 años más de este proyecto”. En el mismo sentido, algunos años atrás, la diputada Diana Conti, estalinista confesa, aseguró que su proyecto era de una “Cristina Eterna”. Un poco más humilde, pero con el mismo grado de megalomanía expuesto por sus colegas, el entonces jefe de Gabinete y ahora senador Aníbal Fernandez afirmó que el ciclo kirchnerista terminará dentro de 60 años.

Sin dudas, la gran mayoría de los candidatos de la oposición buscarán frenar los delirios kirchneristas que traen reminiscencias al Reich de los mil años que había propuesto Adolf Hitler, pero no lo harán por su adhesión a los valores republicanos o su defensa de los derechos individuales de la gente. La razón por la que tienen que detener el proyecto reeleccionista es sencilla: si Cristina Kirchner continúa ocupando el sillón de Rivadavia, significará que no son ellos los que ostenten el poder. Así funcionan los políticos profesionales.

Una vez resuelto el enigma acerca de cómo se desarrollarán las elecciones y quiénes serán los ganadores y perdedores, se podrá comenzar a saber si la posibilidad de una reforma constitucional sigue latente o el proyecto de “Cristina Eterna” quedará sepultado bajo los escombros que va dejando su gestión.

Éste es, básicamente, el eje sobre el que se está analizando cada una de las candidaturas legislativas: si colaborarán en consolidar los cien años que augura Mariotto o serán los que en 2015 digan “hasta acá llegaste”. Sin embargo, este análisis deja de lado un montón de variables que van más allá del sí o no a la rere. ¿Cuáles son las propuestas de los denominados opositores? ¿En qué se diferencian del actual gobierno? ¿En qué se parecen?

Dentro de los opositores hay una fauna muy diversa de candidatos. En Capital, por ejemplo, podemos mencionar a “Proyecto Sur” y “Libres del Sur” (ambas agrupaciones participarán de las internas del Frente UNEN), el primero encabezado por Fernando “Pino” Solanas, que entre sus propuestas programáticas incluye “el cese de la circulación de moneda extranjera”, aumento de impuestos, la estatización del comercio exterior, incluido el sector agrario, y que no ha dudado en apoyar la expropiación de YPF, al igual que Victoria Donda, de Libres del Sur, quien además no ha dudado en sostener que para evitar más muertes producto del control estatal de los trenes es necesario que haya una mayor intervención del Estado. Por último, Donda, a pesar de la imagen rebelde que intenta transmitir a través de los medios, no abandona el paradigma del fascismo predominante en la política argentina, cuando propone que la educación tenga como finalidad formar “sujetos para la nación”, considerando que el individuo es tan solo un medio para los fines de los demás.

La Unión Cívica Radical no nos trae sorpresas, y renueva su centenaria tradición de promover la expansión del Estado en desmedro de la sociedad civil. Con un Estado elefantiásico, la UCR solo dice que puede manejarlo mejor. Haciendo honor a esta tradición, Ricardo Alfonsín, candidato en la Provincia de Buenos Aires, dijo que “también mata la asignación incorrecta de los recursos. Los miles de millones de recursos que se gastan en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional que no se asignan a las cuestiones prioritarias de la gente”. De esta manera, se volcó al tan errado diagnóstico estatista que cree que el problema no son las políticas económicas inviables, sino las personas que las aplican. O, como se suele decir, “esta vez va a salir bien”.

El PRO, por su parte, no ha demostrado ser muy distinto en su gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Es así que Mauricio Macri se ha alineado a las políticas económicas a nivel nacional, aumentando impuestos e incrementado el entramado regulatorio. Sus éxitos son superados ampliamente por sus fracasos e indefiniciones.

Finalmente, poco se puede decir acerca de todos los candidatos opositores que pertenecen al partido gobernante. Nunca más precisa es la definición borgeana de los peronistas como “incorregibles”. Su responsabilidad en llevar al país a la situación que se encuentra en la actualidad es evidente, y los votantes que buscan en el peronismo un cambio no harán más que reafirmar la frase de Albert Einstein respecto de que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

El circo de las elecciones ya está montado. En breve, las 24 horas de la pantalla estarán pobladas de cobertura de actos, entrevistas y spots publicitarios en los que cada uno de los candidatos intentará venderse como la mejor alternativa; un triunfo de la oposición probablemente nos salve de una reforma constitucional que perpetúe a Cristina Kirchner, pero nos salvará de eso y de nada más.