Ese día se lanzó extraoficialmente la campaña electoral. En los sucesivos meses, el concepto de década ganada se iba a traducir en el constante recuerdo de que todas las “conquistas” como los planes asistencialistas, los planes de cooperativas de trabajo, el régimen jubilatorio estatal o las convenciones colectivas de trabajo, entre otras, corrían peligro de continuidad en caso de una derrota oficialista.

El tono amenazador de la campaña no fue suficiente para posicionar en primer lugar al intendente de  Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, candidato a diputado nacional en  la Provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, y mucho menos a Juan Cabandié y Daniel Filmus, los candidatos porteños. Los publicistas que definieron la campaña parecieron ignorar qué estaban diciendo los otros candidatos.

Los candidatos opositores se enfocaron principalmente en tres ejes: las cuestiones institucionales, la inflación, y la seguridad. Todos los programas anunciados por la campaña kirchnerista o bien fueron omitidos en sus críticas o hasta criticados por ser poco profundos. Incluso se llegó a debatir acerca de la autoría de uno de esos proyectos, luego adoptados por el oficialismo. Ninguno de ellos planteaba que el énfasis debía ser puesto en otro lado.

Las coincidencias entre oficialismo y oposición son más de las que parecen. Para todos los signos políticos el remedio frente a la pobreza es un rol activo del Estado dando una lucha sin cuartel. Sin importar que cuando se implementan estas políticas se está logrando el efecto contrario al deseado, se eterniza la pobreza.

Las falsas ilusiones que generan los políticos en cada elección tienen como causa la firme creencia de que es únicamente con la intervención del Estado que se va a reducir la pobreza y elevar los niveles de vida de la sociedad.

“La historia de la pobreza es la casi historia de la humanidad”, escribió el periodista especializado en economía Henry Hazlitt, en un minucioso estudio del tema llamado La conquista de la pobreza. Durante los último doce milenios, los seres humanos se veían expuestos a hambrunas, enfermedades, plagas, pestes, epidemias, sequías, guerras, y la expectativa de vida a nivel mundial oscilaba entre los 25 y 40 años según la época. Así se vivió en el mundo la mayor parte de nuestra historia.

Recién en los últimos 250 años algo cambió. Un proceso de transformación político y económico, y las innovaciones tecnológicas de la época, hicieron posible una expansión  del capital disponible que permitió que hacia mediados del siglo XIX el mundo hubiera cambiado por completo. La población mundial se multiplicó por seis; el ingreso per cápita del mundo se multiplicó por diez, la expectativa de vida se duplicó en menos de 100 años, los salarios comenzaron a aumentar en términos reales como nunca antes, y las personas tuvieron acceso a un nivel de vida con el que los monarcas que habían reinado por Europa unos siglos antes ni siquiera podían soñar. La posibilidad de acceder o a medicamentos o a productos de higiene y de limpieza, impensados unos siglos antes, tuvieron como efecto que la gente dejara de morir por enfermedades fáciles de prevenir. ¿Qué sucedió en esos años? ¿Comenzaron a implementarse planes sociales como políticas de Estado? ¿Quién estuvo detrás de este crecimiento?

Para desgracia de los políticos, nadie. En la Revolución Industrial los héroes no fueron los políticos o generales de algún país o de un grupo revolucionario, los protagonistas fueron los individuos que sin ningún tipo de planificación centralizada estaban construyendo los cimientos del período, por lejos, más próspero de la historia de la humanidad.

Población mundial (10.000 a.C. – 2011 d.C.)

No fue un rol activo del Estado lo que permitió la posibilidad de generar las condiciones para que más gente pueda sobrevivir y dejar de morir por causas que eran comunes antes debido a la falta de productos de higiene o sencillamente por la falta de comida. No fueron las decisiones del político de turno los responsables de generar una mejora en la vida de cientos de millones de personas en una parte del mundo.

Lamentablemente para nosotros, el primer paso que deberían dar los políticos para es generar las condiciones para poder crear riqueza. Algo que Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución Nacional comprendía muy bien cuando en su libro Sistema económico y rentístico se planteó y contestó la siguiente pregunta  “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra.”

La falta de humildad es un defecto común a los políticos que desfilan por los medios con sus propuestas, todos ellos tienen la seguridad de tener la solución y de estar capacitados para controlar todas las variables y asegurar resultados positivos. Mientras persista esta actitud en el debate político, la posibilidad de ver un progreso en esta materia seguirá siendo inexistente.

La calidad del transporte público es una de las variables extraeconómicas más influyentes en la calidad de vida de las personas que viven en una ciudad. El uso diario, casi obligado, de algún medio de transporte público para todos los que trabajan o viven en la Ciudad de Buenos Aires impacta directamente en el ánimo y la confortabilidad de los porteños. Pero además, las importantes demoras, la falla en los servicios y, en general, la paupérrima calidad del transporte también tienen un impacto económico en la productividad.

El transporte público de la Ciudad de Buenos Aires está plagado de problemas, no obstante, la mayoría de ellos, si no todos, obedecen exclusivamente a una única causa: la falta de competencia en el sector.  Mientras que la mayoría de los productos y servicios que utilizamos todos los días no requieren una planificación central desde el Estado, y sin embargo están disponibles en las góndolas de los supermercados, en los comercios y en las calles, en los shoppings o en las galerías comerciales, para el transporte público creen los burócratas que es necesario una autoridad centralizada. Y es así como crearon, desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un organismo nacional que insólitamente está encargado de regular el servicio de transporte público de la Ciudad, y aquellos servicios que la enlazan con la Provincia de Buenos Aires.

La CNRT es quién regula todos los aspectos relativos al transporte público y a través del decreto 656/94 regula el transporte de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, en el artículo 7 de ese decreto deja establecido los alcances que tendrá sobre el transporte: “La Autoridad de Aplicación dictará la normativa necesaria para la implementación y ejecución de los servicios, especialmente en los aspectos vinculados con el otorgamiento de los permisos de explotación, la determinación de los recorridos, frecuencias, horarios, parque móvil y su fiscalización y control. Asimismo determinará las pautas tarifarias a aplicar, que permitan obtener al conjunto de los permisionarios una rentabilidad promedio razonable”.

Las regulaciones sobre el transporte público no se detienen ahí. Además del entramado de resoluciones de la CNRT, se suma la Ley Nacional de Tránsito, a la que la Ciudad adhirió y que contiene otras prescripciones respeto de cómo se debe ofrecer el servicio. Aunque en este caso librarse de ella no requiere una mayoría en el Congreso de la Nación: con una simple ley en la Legislatura porteña podemos sacarnos de las espaldas el peso del Gobierno Nacional.

Si todos los aspectos relativos a la oferta del transporte (tanto para los servicios considerados de oferta libre, como para los considerados públicos) se encuentran bajo la órbita de un puñado de burócratas qué más podemos esperar que no sea un transporte público de deficiente calidad, que genera trastornos diarios a los que viven y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, y que además es una maquinaria de consumir dinero de subsidios provenientes del Estado nacional. Esto lleva a preguntarnos: ¿cuál es la consecuencia más perjudicial de un sistema como éste? La respuesta no la sabemos.

No sabemos la respuesta porque en todo el sistema de transporte está ausente un elemento primordial e indispensable: el empresario. No me refiero a aquellos que hoy tienen a cargo empresas de transporte de colectivos, cuya función principal es embolsar subsidios del Estado y ofrecer un servicio sin importar el bienestar de las personas. Un empresario es aquel que tiene la visión para innovar ofreciendo algo que antes no estaba allí; como señala economista Israel Kirzner, el empresario es el que lleva adelante este proceso descubriendo oportunidades para obtener una ganancia brindando un servicio.

La idea de que hace falta emprendedores y una verdadera competencia para mejorar el sistema de transporte es muy criticada por los denominados “expertos” en la materia. Esto no podría ser de otra forma ya que estos expertos son los mismos que sueñan con tener bajo su control la planificación del transporte urbano.

La historia del transporte público de la Ciudad es la historia de la innovación, la historia de emprendedores que en los albores del siglo XX vieron que los tranvías eléctricos y los subtes no satisfacían la demanda y dieron origen a los colectivos y taxis. En los últimos años, el espíritu emprendedor fue eliminado por completo, a través de la regulación de los Servicios de Oferta Libre que, a pesar de lo que indica el nombre, tienen estrictas normas que regulan su funcionamiento e impiden la competencia contra otros servicios de transporte. En otras palabras, de “libre” no tienen nada.

Entender que el origen del transporte público no fue por designio de un político sino gracias al orden espontáneo es el primer paso para revertir la situación actual. Sin actividad empresarial es imposible concebir un sistema de transporte público moderno, eficiente y que facilite, y no entorpezca, la vida de la gente. La innovación está anulada, la creatividad emprendedora está ahogada por las regulaciones y, mientras tanto, los porteños siguen viajando como ganado.

Mucha discusión hubo alrededor de la conformación de las listas de candidatos, especialmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, bastión fundamental en el que todos los políticos con aspiraciones presidenciales quieren hacer pie de una u otra manera. Todos los días, una decena de columnas de opinión y noticias de los principales medios intentan dilucidar una serie de incógnitas que plantea cada previa al acto eleccionario. ¿Será Massa un caballo de Troya que habilitará la reforma constitucional que tanto ansía Cristina Kirchner? ¿Cómo votará el indescifrable electorado de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál será el desempeño del Frente para la Victoria después de la masacre de la Estación Once, las inundaciones en La Plata y los casos de corrupción que salen a la luz casi a diario? Las preguntas abundan, y las respuestas escasean.

Es verdad que esta elección es especial; las ambiciones reeleccionistas de Cristina Kirchner le imponen un desafío a la clase política que, de honrar su palabra respecto de su compromiso con  las instituciones republicanas, debería hacer todo lo posible para impedir una reforma constitucional que habilite su re-reelección.

El asunto ni siquiera es sobre una eventual re-reelección. La semana pasada, el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, dijo: “Vamos a ir por 100 años más de este proyecto”. En el mismo sentido, algunos años atrás, la diputada Diana Conti, estalinista confesa, aseguró que su proyecto era de una “Cristina Eterna”. Un poco más humilde, pero con el mismo grado de megalomanía expuesto por sus colegas, el entonces jefe de Gabinete y ahora senador Aníbal Fernandez afirmó que el ciclo kirchnerista terminará dentro de 60 años.

Sin dudas, la gran mayoría de los candidatos de la oposición buscarán frenar los delirios kirchneristas que traen reminiscencias al Reich de los mil años que había propuesto Adolf Hitler, pero no lo harán por su adhesión a los valores republicanos o su defensa de los derechos individuales de la gente. La razón por la que tienen que detener el proyecto reeleccionista es sencilla: si Cristina Kirchner continúa ocupando el sillón de Rivadavia, significará que no son ellos los que ostenten el poder. Así funcionan los políticos profesionales.

Una vez resuelto el enigma acerca de cómo se desarrollarán las elecciones y quiénes serán los ganadores y perdedores, se podrá comenzar a saber si la posibilidad de una reforma constitucional sigue latente o el proyecto de “Cristina Eterna” quedará sepultado bajo los escombros que va dejando su gestión.

Éste es, básicamente, el eje sobre el que se está analizando cada una de las candidaturas legislativas: si colaborarán en consolidar los cien años que augura Mariotto o serán los que en 2015 digan “hasta acá llegaste”. Sin embargo, este análisis deja de lado un montón de variables que van más allá del sí o no a la rere. ¿Cuáles son las propuestas de los denominados opositores? ¿En qué se diferencian del actual gobierno? ¿En qué se parecen?

Dentro de los opositores hay una fauna muy diversa de candidatos. En Capital, por ejemplo, podemos mencionar a “Proyecto Sur” y “Libres del Sur” (ambas agrupaciones participarán de las internas del Frente UNEN), el primero encabezado por Fernando “Pino” Solanas, que entre sus propuestas programáticas incluye “el cese de la circulación de moneda extranjera”, aumento de impuestos, la estatización del comercio exterior, incluido el sector agrario, y que no ha dudado en apoyar la expropiación de YPF, al igual que Victoria Donda, de Libres del Sur, quien además no ha dudado en sostener que para evitar más muertes producto del control estatal de los trenes es necesario que haya una mayor intervención del Estado. Por último, Donda, a pesar de la imagen rebelde que intenta transmitir a través de los medios, no abandona el paradigma del fascismo predominante en la política argentina, cuando propone que la educación tenga como finalidad formar “sujetos para la nación”, considerando que el individuo es tan solo un medio para los fines de los demás.

La Unión Cívica Radical no nos trae sorpresas, y renueva su centenaria tradición de promover la expansión del Estado en desmedro de la sociedad civil. Con un Estado elefantiásico, la UCR solo dice que puede manejarlo mejor. Haciendo honor a esta tradición, Ricardo Alfonsín, candidato en la Provincia de Buenos Aires, dijo que “también mata la asignación incorrecta de los recursos. Los miles de millones de recursos que se gastan en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional que no se asignan a las cuestiones prioritarias de la gente”. De esta manera, se volcó al tan errado diagnóstico estatista que cree que el problema no son las políticas económicas inviables, sino las personas que las aplican. O, como se suele decir, “esta vez va a salir bien”.

El PRO, por su parte, no ha demostrado ser muy distinto en su gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Es así que Mauricio Macri se ha alineado a las políticas económicas a nivel nacional, aumentando impuestos e incrementado el entramado regulatorio. Sus éxitos son superados ampliamente por sus fracasos e indefiniciones.

Finalmente, poco se puede decir acerca de todos los candidatos opositores que pertenecen al partido gobernante. Nunca más precisa es la definición borgeana de los peronistas como “incorregibles”. Su responsabilidad en llevar al país a la situación que se encuentra en la actualidad es evidente, y los votantes que buscan en el peronismo un cambio no harán más que reafirmar la frase de Albert Einstein respecto de que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

El circo de las elecciones ya está montado. En breve, las 24 horas de la pantalla estarán pobladas de cobertura de actos, entrevistas y spots publicitarios en los que cada uno de los candidatos intentará venderse como la mejor alternativa; un triunfo de la oposición probablemente nos salve de una reforma constitucional que perpetúe a Cristina Kirchner, pero nos salvará de eso y de nada más.