Por un lado, sostienen que representa un retroceso en la cantidad de espacios verdes disponibles en la Ciudad:

Mara Brawer, legisladora porteña por el Frente para la Victoria

La norma en cuestión, que aún no fue reglamentada, autoriza al Gobierno de la Ciudad a otorgar permisos  “para la instalación de locales destinados al expendio de alimentos y/o bebidas envasadas.” Además las áreas de servicio deberán ofrecer baños, bebederos, estacionamiento para bicicletas, una biblitoeca y Wi-Fi gratuito, entre otros servicios. La ley establece que la superficie máxima que ocuparán estos espacios será de hasta 275 m2, es decir el 0,55% de la superficie si el parque abarca el mínimo establecido. Considerando que cada parque podrá tener hasta 5 bares o kioscos, la superficie total afectada —siempre considerando el caso de un parque que ocupa el mínimo de cinco manzanas— será como máximo un 2,75%.

La idea de que una reducción del 2,75% del espacio verde representa una “amenaza a las plazas de la ciudad” parece ser exagerada. Y lo es, porque esta es solo una excusa que esconde el verdadero desdén por la nueva regulación. Por ejemplo, la eterna funcionaria María José Lubertino -ahora titular del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad- arroja un poco de luz sobre las verdaderas razones que motivan el rechazo a la nueva norma. Con el hashtag #NoMásNegociosPrivadosEnElEspacioPúblico está haciendo una declaración de principios:

En este sentido, la Red Interparques y Plazas, una de las principales impulsoras de la campaña contra la instalación de bares en las plazas, deja en claro que el problema principal es que los “espacios públicos van a pasar a ser propiedad de empresas privadas”.

¿Cuál es el motivo de la furiosa reacción frente a esta nueva ley? ¿Cómo puede ser que una reglamentación que habilita la instalación de bares en los parques despierte tantas emociones? La respuesta está en una palabra clave: lucro. Este proyecto le permitirá a privados realizar una actividad lucrativa, ofrecer un servicio a cambio de la posibilidad de obtener una ganancia, y en el mundo de la política el lucro es mala palabra, el lucro es pecado.

Y es comprensible. La acción política tiene como fundamento el uso de la fuerza. Los políticos —en un 99% de los casos— para cumplir con sus promesas deben obligar a la población a actuar contra su voluntad, ya sea mediante un financiamiento forzoso (impuestos), o en una forma más directa, ordenando y restringiendo ciertas conductas, especialmente si no afectan a terceros. Esa es su alternativa al lucro, las imposiciones desde arriba de la pirámide de poder en las que ellos tienen (o creen tener) la capacidad de moldear la sociedad a su antojo.

La doctrina contra el afán de lucro se extiende como un pulpo cuyos tentáculos van atravesando diversos campos: la alimentación, educación, salud, vivienda, ecología, etc. Hasta incluso las utilidades de las empresas son víctimas de este dogma, con el invento de la Responsabilidad Social Empresaria, un concepto ideado para que se disculpen por ser lucrativas. De esta manera, los políticos dictaminan que cada nueva necesidad que detectan en la sociedad y deciden etiquetarla como indispensable, esencial o básica, no pueden ser objeto de lucro. Aquellas que no lo son pertenecen a otro campo “la obscenidad del lujo”.

Pero lo que no comprenden es que el lucro no es una intención o un deseo, ni un acto de maldad o bondad, el lucro es el resultado de las interacciones humanas voluntarias. La obtención de ganancias es la consumación de una relación voluntaria, en que dos partes acceden a un intercambio y en el que, a priori, saldrán beneficiadas. Aunque sin dudas lo más indignante para ellos es observar todo ese proceso sin alguien que lo digite y lo controle de alguna manera. Sin que haya un asignador de capacidades y un determinador de necesidades, como hubiese planteado Marx.

A pesar de que casi la totalidad de los políticos adhieren -al menos en público- a la demonización del afán de lucro, los bares estarán en los parques porque 36 legisladores votaron de forma positiva. ¿No es una contradicción decir que desprecian el afán de lucro y al mismo tiempo escribir acerca de un proyecto de ley que resultó aprobado?

Es que la norma está lejos de ser perfecta, y su diseño ofrece una oportunidad ideal para políticos y funcionarios de seguir engrosando sus arcas personales. Los permisos precarios de cinco años que se le otorgarán a los que exploten las áreas de servicio son una herramienta ideal para que la extorsión política esté a la orden del día. La flexibilidad de estos permisos permite que sean revocados de manera inmediata generando así una relación de dependencia entre el funcionario y el beneficiario del permiso.

Una vez más, el origen de la conflictividad está en la falta de derechos de propiedad. La falta o el exceso de espacios verdes, la necesidad o no de bares, los enrejados o la falta de rejas, y todas las decisiones en torno a los parques — como es habitual con toda propiedad estatal— se ve sujeta a polémicas porque no existe una forma de determinar su mejor uso. No existe un sistema de precios que nos informe acerca de la demanda de un bien (en este caso, parques), y los mecanismos voluntarios para lograrlo fueron anulados por los que reprueban el lucro, mientras el estado asumió el rol de señor feudal.

Es verdad que en Argentina, y en la Ciudad de Buenos Aires, hay problemas más urgentes que el carácter estatal de los parques. Esta discusión sobre los parques es un reflejo del constante debate que atraviesa a la sociedad. El dilema no es entre la iniciativa privada y la intervención estatal, sino entre el extremismo regulatorio que propone una sociedad controlada desde la política contra el corporativismo que fomenta una peligrosa alianza entre el sector privado y el sector estatal. Son dos caras de una misma moneda, y mientras se desarrolla esta teatralización de posturas que son más compatibles que antagónicas, el proceso de decadencia que comenzó en los albores del siglo pasado no hace más que profundizarse condenando a todo un país.

A pesar de la proliferación de candidatos, la variedad y la calidad no abundan. Y es que las propuestas que surgen de la legislatura se limitan al aumento de impuestos, a la creación de nuevos planes gubernamentales, de nuevas y más complejas y regulaciones, además de los proyectos referidos a declaraciones y a la denominación de plazas, plazoletas, estaciones de Subte, y el mobiliario urbano en general. Para no ser injustos, estás características presentes en la Legislatura no son ajenas al resto de los poderes legislativos de la Argentina, y el mundo. Ya Mark Twain advirtió en sus tiempos que “ni la vida ni la libertad ni la propiedad de ningún hombre están a salvo cuando la legislatura está en sesión”.

El gobierno de Mauricio Macri, se presentó como una alternativa al kirchnerismo, y desde la Ciudad de Buenos Aires planifica lanzarse al plano nacional en búsqueda del sillón de Rivadavia para 2015. Aunque si la intención del Jefe de Gobierno porteño era mostrar sus diferencias con el kirchnerismo a través de su gestión, hizo poco y nada para lograrlo. Por el contrario, y más allá de los aciertos que le reconoce la opinión pública, durante la gestión del PRO en la Ciudad se evidenciaron aumentos de impuestos, aumento del gasto público, mayor endeudamiento, nuevos impuestos, engrosamiento de las regulaciones, y una expansión de la legislación paternalista, entre otras.

Por eso, desde el Partido Liberal Libertario queremos darle un sacudón a la Legislatura. Creemos que la Legislatura debe dejar de convertirse en un obstáculo para una Ciudad próspera y desarrollada. Creemos que los legisladores deben dejar de considerar a los ciudadanos como seres indefensos, sin aptitud para razonar y que únicamente están capacitados para elegir a los representantes. Creemos que la Legislatura debe dejar de convertirse en un órgano cuyo objetivo sea microplanificar la Ciudad y la vida de los porteños.

La legislatura necesita una voz dispuesta a defender a los ciudadanos de los atropellos del gobierno porteño, e idear alternativas para evitar el yugo del Estado Nacional. La legislatura necesita de un legislador que no tiemble a la hora de proponer eliminar la publicidad oficial para terminar con los abusos de cada gestión que la adapta a sus colores partidarios. La legislatura necesita alguien que no piense en crear más y más leyes, sino derogar muchas de ellas.

Una voz distinta puede marcar la diferencia.

Mucha discusión hubo alrededor de la conformación de las listas de candidatos, especialmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, bastión fundamental en el que todos los políticos con aspiraciones presidenciales quieren hacer pie de una u otra manera. Todos los días, una decena de columnas de opinión y noticias de los principales medios intentan dilucidar una serie de incógnitas que plantea cada previa al acto eleccionario. ¿Será Massa un caballo de Troya que habilitará la reforma constitucional que tanto ansía Cristina Kirchner? ¿Cómo votará el indescifrable electorado de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál será el desempeño del Frente para la Victoria después de la masacre de la Estación Once, las inundaciones en La Plata y los casos de corrupción que salen a la luz casi a diario? Las preguntas abundan, y las respuestas escasean.

Es verdad que esta elección es especial; las ambiciones reeleccionistas de Cristina Kirchner le imponen un desafío a la clase política que, de honrar su palabra respecto de su compromiso con  las instituciones republicanas, debería hacer todo lo posible para impedir una reforma constitucional que habilite su re-reelección.

El asunto ni siquiera es sobre una eventual re-reelección. La semana pasada, el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, dijo: “Vamos a ir por 100 años más de este proyecto”. En el mismo sentido, algunos años atrás, la diputada Diana Conti, estalinista confesa, aseguró que su proyecto era de una “Cristina Eterna”. Un poco más humilde, pero con el mismo grado de megalomanía expuesto por sus colegas, el entonces jefe de Gabinete y ahora senador Aníbal Fernandez afirmó que el ciclo kirchnerista terminará dentro de 60 años.

Sin dudas, la gran mayoría de los candidatos de la oposición buscarán frenar los delirios kirchneristas que traen reminiscencias al Reich de los mil años que había propuesto Adolf Hitler, pero no lo harán por su adhesión a los valores republicanos o su defensa de los derechos individuales de la gente. La razón por la que tienen que detener el proyecto reeleccionista es sencilla: si Cristina Kirchner continúa ocupando el sillón de Rivadavia, significará que no son ellos los que ostenten el poder. Así funcionan los políticos profesionales.

Una vez resuelto el enigma acerca de cómo se desarrollarán las elecciones y quiénes serán los ganadores y perdedores, se podrá comenzar a saber si la posibilidad de una reforma constitucional sigue latente o el proyecto de “Cristina Eterna” quedará sepultado bajo los escombros que va dejando su gestión.

Éste es, básicamente, el eje sobre el que se está analizando cada una de las candidaturas legislativas: si colaborarán en consolidar los cien años que augura Mariotto o serán los que en 2015 digan “hasta acá llegaste”. Sin embargo, este análisis deja de lado un montón de variables que van más allá del sí o no a la rere. ¿Cuáles son las propuestas de los denominados opositores? ¿En qué se diferencian del actual gobierno? ¿En qué se parecen?

Dentro de los opositores hay una fauna muy diversa de candidatos. En Capital, por ejemplo, podemos mencionar a “Proyecto Sur” y “Libres del Sur” (ambas agrupaciones participarán de las internas del Frente UNEN), el primero encabezado por Fernando “Pino” Solanas, que entre sus propuestas programáticas incluye “el cese de la circulación de moneda extranjera”, aumento de impuestos, la estatización del comercio exterior, incluido el sector agrario, y que no ha dudado en apoyar la expropiación de YPF, al igual que Victoria Donda, de Libres del Sur, quien además no ha dudado en sostener que para evitar más muertes producto del control estatal de los trenes es necesario que haya una mayor intervención del Estado. Por último, Donda, a pesar de la imagen rebelde que intenta transmitir a través de los medios, no abandona el paradigma del fascismo predominante en la política argentina, cuando propone que la educación tenga como finalidad formar “sujetos para la nación”, considerando que el individuo es tan solo un medio para los fines de los demás.

La Unión Cívica Radical no nos trae sorpresas, y renueva su centenaria tradición de promover la expansión del Estado en desmedro de la sociedad civil. Con un Estado elefantiásico, la UCR solo dice que puede manejarlo mejor. Haciendo honor a esta tradición, Ricardo Alfonsín, candidato en la Provincia de Buenos Aires, dijo que “también mata la asignación incorrecta de los recursos. Los miles de millones de recursos que se gastan en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional que no se asignan a las cuestiones prioritarias de la gente”. De esta manera, se volcó al tan errado diagnóstico estatista que cree que el problema no son las políticas económicas inviables, sino las personas que las aplican. O, como se suele decir, “esta vez va a salir bien”.

El PRO, por su parte, no ha demostrado ser muy distinto en su gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Es así que Mauricio Macri se ha alineado a las políticas económicas a nivel nacional, aumentando impuestos e incrementado el entramado regulatorio. Sus éxitos son superados ampliamente por sus fracasos e indefiniciones.

Finalmente, poco se puede decir acerca de todos los candidatos opositores que pertenecen al partido gobernante. Nunca más precisa es la definición borgeana de los peronistas como “incorregibles”. Su responsabilidad en llevar al país a la situación que se encuentra en la actualidad es evidente, y los votantes que buscan en el peronismo un cambio no harán más que reafirmar la frase de Albert Einstein respecto de que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

El circo de las elecciones ya está montado. En breve, las 24 horas de la pantalla estarán pobladas de cobertura de actos, entrevistas y spots publicitarios en los que cada uno de los candidatos intentará venderse como la mejor alternativa; un triunfo de la oposición probablemente nos salve de una reforma constitucional que perpetúe a Cristina Kirchner, pero nos salvará de eso y de nada más.