El flamante recetario estatal habla de la estrategia del gobierno frente a la inflación, pero también acerca de cómo el gobierno se sienta en nuestra mesa.

El aspecto económico de la medida no resiste a ningún análisis. Nunca el gobierno se planteó con seriedad “combatir la inflación”. Desde hace tiempo existe un consenso entre los economistas de todo el mundo acerca de que los controles de precios no son efectivos. Creer que el plan del gobierno es controlar la inflación a través de estos de programas es una postura naif.  “Precios Cuidados” y sus derivados son una estrategia de comunicación para señalar a los productores de alimentos y supermercados como responsables de la inflación y al mismo tiempo deslindar al gobierno de sus causas. Por eso dirigen sus cañones contra los aumentos de precios y eligen ignorar la causa de esos aumentos que se puede encontrar en el Banco Central: la emisión monetaria. Controlar los precios en las góndolas y no la política monetaria del gobierno es una maniobra de distracción, saca del foco la responsabilidad del Banco Central e invierte los roles pretendiendo posicionar al gobierno como un defensor del “bolsillo de los argentinos” cuando son ellos mismos los únicos responsables del deterioro de la moneda.

Las recetas estatales, por otra parte, nos recuerdan cómo el Estado interfiere en la vida familiar involucrándose de lleno en la mesa de los argentinos.  El recetario del Ministerio de Salud está basado en las llamadas Guías Alimentarias para la Población Argentina, un documento en el que se incluye cuáles son las conductas alimenticias saludables que deberían mantener los argentinos.

El interés del Estado en proponer pautas alimentarios está claro. Una población con hábitos poco saludables se traduce en problemas de salud que impactan en la productividad, y en consecuencia, en la recaudación fiscal. Esta concepción coloca al individuo al servicio del Estado, en un medio para cumplir una finalidad superior. Los derechos individuales y la libertad de consumir son dejadas de lado y el ciudadano es concebido como un engranaje más que alimenta y hace funcionar la maquinaria estatal.

Una vez más la solución a los “problemas” que perciben los políticos son abordados con mayores restricciones a las libertades o planes gubernamentales que prometen promover una alimentación y vida sana. Para esto, recurren a las pirámides nutricionales, a la demonización o glorificación de ciertos alimentos, a la creación de impuestos para desalentar “conductas nocivas” y al engrosamiento de la legislación dedicada a proteger a las personas de actividades que, de ser nocivas, únicamente afectan al que las realiza. Como es habitual los costos de salud o la recaudación fiscal son puestos por encima de los derechos individuales y la libertad de poder elegir que consumir.

La posibilidad de endeudarse tiene una atracción especial para el político. Se trata de un mecanismo cuyas consecuencias recaen en el futuro. A diferencia de lo que sucede cuando se recurre a la emisión monetaria o al aumento de impuestos, donde los efectos de las medidas son inmediatos o su impacto se percibe en el corto plazo, en el caso del endeudamiento los beneficios se obtienen al momento de recibir el préstamo y los costos se posponen para otros períodos.

Esto no es una cuestión menor. Además de transferirle el problema de cómo pagar las deudas a gestiones futuras, el endeudamiento estatal es una de las acciones más antidemocráticas que puede realizar un gobierno. El endeudamiento estatal compromete a generaciones futuras, a personas que aún ni siquiera fueron concebidas. Esta mirada incluso es aplicable desde las teorías que justifican el poder del estado bajo la ficción del “contrato social”—un contrato de características únicas, ya que el consentimiento de las partes no es necesario y nadie conoce su contenido. Lejos de la idea de que los recién nacidos vienen con un pan bajo el brazo, en nuestro país los bebés llegan a este mundo con 5.900 dólares de deuda. Gran parte de los 236 millones de dólares, monto al que asciende la deuda pública—interna y externa—, recaerá sobre personas que no estuvieron involucradas en el proceso electoral que “legitima” la deuda.

Y precisamente es la legitimidad de la deuda pública lo que pone en tela de juicio la moralidad de su pago. En una deuda entre privados Juan le presta a Pedro $1.000 de su bolsillo. Al cabo de un año Pedro deberá conseguir $1.100 para cancelar el préstamo, de lo contrario los intereses y las multas por la falta de pago se acumularán. En el caso de que el deudor, Pedro en nuestro ejemplo, no pueda o no quiera devolverle a Juan los $ 1.100, este último se verá perjudicado. Pedro se habrá apropiado de manera ilegítima de los $ 1.100, privándolo así de su propiedad. Bajo este razonamiento es el que se llega a la conclusión de que honrar los compromisos internacional asumidos por el gobierno argentino es la conducta correcta, sin embargo estamos ante una falsa analogía.

Es imposible extrapolar las circunstancias de un acuerdo entre privados al ámbito de la deuda estatal. A diferencia del ejemplo anterior, donde Pedro se compromete a honrar las deudas que él asumió y a devolver el dinero de su propio bolsillo, cuando es el Estado el que se endeuda no son los políticos los que pagan las deudas de su bolsillo sino que todo el peso de esta recae sobre los contribuyentes. El economista estadounidense Murray Rothbard, uno de los principales impulsores de que los estados no deben endeudarse, y si se endeudan no están obligados a pagar sus deudas explica:

El gobierno obtiene el dinero por coacción fiscal y los acreedores públicos, lejos de ser inocentes, saben muy bien que sus ingresos vendrán de esta lamentable coacción. En resumen, los acreedores públicos están dispuestos a entregar dinero al gobierno ahora a cambio de recibir una parte del saqueo fiscal en el futuro. Es lo contrario del libre mercado o de una genuina transacción voluntaria. Ambas partes están contratando inmoralmente participar en la violación futura de los derechos de propiedad de los ciudadanos. Por tanto ambas partes están llegando a acuerdos sobre la propiedad de otros y ambos merecen nuestro desprecio. La transacción de crédito público no es un contrato genuino que tenga que considerarse sacrosanto, no más que cuando los ladrones se reparten el botín por adelantado.

La situación se torna más oscura si consideramos que el desendeudamiento tiene un solo objetivo: volverse a endeudar. En un contexto en el cual la carga impositiva es intolerable, y el margen para su aumento es estrecho, y la emisión monetaria— y el consecuente aumento de precios—es alta, el gobierno únicamente puede recurrir al endeudamiento como fuente de financiamiento para un gasto público que parece no tener techo.

Las deudas públicas y las deudas entre privados son de características totalmente diferentes. La confusión de que las primeras deben ser tratadas de la misma forma que las últimas es parte de las tantas confusiones que predominan en la política argentina, y mundial, acerca de la naturaleza del Estado, y nosotros, sus súbditos.