Nuestro país no es ajeno a esta tendencia. En 2009 la Corte Suprema dio un primer paso en este sentido con el fallo Arriola, en el cuál el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de una parte del artículo 14 de la ley 23.7373 —la ley de drogas— que pena la tenencia de sustancias ilícitas para consumo personal. Aunque a diferencia de lo que muchos creen, este fallo no implicó que el artículo haya quedado derogado y la tenencia para consumo personal legalizada. En nuestro derecho los efectos de las sentencias solamente alcanzan a las partes involucradas en la decisión judicial  y solo el Congreso tiene la facultad de derogar las leyes.

Ante la colisión entre la ley de drogas y el texto constitucional, legisladores de diversos partidos han presentado proyectos de ley que buscan adecuar la legislación vigente a los criterios del fallo Arriola. Los intentos fueron en vano, la falta de voluntad política por parte del oficialismo condenó a una eventual reforma al olvido, por lo menos hasta ahora. Pero esto podría cambiar, ya que la Casa Rosada dio luz verde para avanzar con una reforma a la ley 23.737.

Los ochos proyectos de ley presentados en 2011 y 2012 ofrecen una muestra de la reforma que podría sancionarse antes de terminar el año. El denominador común de todos ellos es la derogación del delito de “tenencia de drogas para consumo personal”, el mismo que consideró inconstitucional la Corte Suprema. La propuesta más ambiciosa es la de la diputada Victoria Donda que no solo busca derogar la tenencia para consumo personal, sino que además modera la pena para la “tenencia simple”, la figura penal que alcanza a los vendedores minoristas. Para la diputada ellos también son “víctimas del narcotráfico”.

La reforma a la ley drogas, sino su completa derogación, es una tarea pendiente. La eliminación del delito de tenencia de sustancias para consumo personal es un avance en el respeto por los derechos individuales. La persecución contra personas inocentes que deciden ingerir una sustancia no autorizada por el gobierno –una actividad pacifica que no daña los derechos de terceros— es un crimen. Hoy, un 38% de las causas judiciales abiertas por delitos federales. Es decir, cuatro de cada diez causas que se abren corresponden a personas detenidas con tenencia de sustancias para consumo personal. Un paso en este sentido disminuiría la superpoblación carcelaria y la carga en los tribunales, desafectando los recursos que hoy están destinados a perseguir delitos sin víctima.

Sin embargo, los legisladores dejarán vigentes los aspectos más dañinos y de mayor impacto de la legislación. La violencia en torno al narcotráfico, de la cual los argentinos son testigos en su propio país, tiene su origen en la prohibición del comercio de drogas. Los altos márgenes de ganancia que deja la actividad ilegal funcionan como un imán para las mafias y bandas de criminales que buscan una porción de la torta de un negocio lucrativo. El resultado será una ley que libera la demanda de drogas –aunque esto no implique necesariamente un aumento en la demanda—pero que mantenga el negocio en manos del narcotráfico.

Otro de los aspectos ignorados es respecto de la calidad y las dosis de las drogas. El origen incierto de las sustancias, elaboradas en laboratorios caseros, con materias primas de baja calidad, y la incertidumbre acerca del contenido de las drogas seguirá existiendo. Los narcotraficantes pueden decir que están vendiendo marihuana, cocaína o metanfentaminas, sin embargo, es muy probable que el producto incluya otros ingredientes químicos cuyos efectos pueden ser aún más dañinos que lo que dicen estar vendiendo.

Las reformas implementadas en Uruguay, Colorado y Washington, si bien se limitan a la marihuana adoptan un modelo mucho más viable. Especialmente  en el caso de los estado de Colorado y Washington, donde la relegalización admite la producción y comercialización de marihuana. Los resultados de ese proceso ya se pueden comprobar en la realidad: la legalización de la marihuana debilitó a los carteles mexicanos, los principales proveedores del mercado de drogas estadounidense.

Lamentablemente, las perspectivas de una relegalización total están lejos de nuestro contexto. Es comprensible, para entender los efectos de la prohibición de drogas es necesario conocer la teoría económica algo que, por desconocimiento o ignorancia, los legisladores no conciben. La Asociación Civil Intercambios le preguntó a 15 candidatos su postura sobre las drogas, y casi todos ellos coincidieron en un mismo punto: el rechazo al lucro. Son las mismas barreras mentales presentes en la clase política que han logrado que una de las economías más importantes del mundo a comienzo del siglo pasado se convirtiera en una economía más cercana a las africanas que a las del primer mundo.

Mientras sea este el paradigma vigente en la clase política argentina, las mafias se seguirán enquistando en la sociedad, la violencia se incrementará, y la sociedad seguirá desprotegida ante la avanzada narco avalada por los políticos.

El actual clima de violencia despierta preocupación entre funcionarios provinciales y nacionales. La oposición reclama escalar la lucha contra el narcotráfico, y existe una percepción en la opinión pública de que el presupuesto y las tareas destinadas a combatir la comercialización de drogas son insuficientes. El reclamo de mayores recursos económicos y humanos para combatir al narcotráfico parece ser, a primera vista, una reacción previsible. En la última semana un informe publicado por el diario El Cronista deja en evidencia la escasez de recursos. Los 33 millones de dólares dejan sabor a poco si se comparan con los 95 millones que destina Chile, o los 80 millones que destinan en Uruguay y Perú en la lucha contra el narcotráfico.

A raíz de esta situación, muchos se apresuran a concluir que el verdadero problema en Argentina es la cantidad insuficiente de recursos dirigidos a combatir el narcotráfico, que la comercialización de drogas está permitida de facto y que el problema persistirá hasta que no se asuma con seriedad la misión de erradicar el narcotráfico, es decir con mayores recursos. Si consideramos los países que han asumido con seriedad la tarea de eliminar el narcotráfico, asignando una sustanciosa cantidad de recursos a la guerra contra las drogas, los costos son demasiados altos y los resultados – en el mejor de los casos – de dudoso éxito.

Los 7 mil millones de dólares del Plan Colombia, una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para abordar los carteles colombianos, son un ejemplo del fracaso de este enfoque. Más de 15 años después del inicio del plan, la superficie destinada al cultivo de coca se redujo a la mitad y los mega-carteles que dieron lugar a figuras como Pablo Escobar no están más presentes en aquel país. En cambio, un aumento en la productividad por hectárea del cultivo de hojas de coca, y el surgimiento de carteles de menor tamaño, junto a un aumento en la tasa de homicidios de ciudades como Medellín, dan cuenta de que el éxito fue relativo. Cuando incluimos en la ecuación entre 40.000 y 50.000 muertes, daño medioambiental, y la migración de los cultivos hacia Perú y Bolivia, el éxito deja de ser relativo y podemos hablar de otro fracaso más.

Cada dato sobre la guerra contra las drogas es un claro argumento contra ella. Por ejemplo, durante los últimos 8 años se produjeron 70.000 solamente en México en el marco del combate al narcotrafico, un número superior a la cantidad de bajas estadounidenses durante los primeros 10 años de la Guerra de Vietnam. Asesinatos, secuestros y muertes son moneda corriente en ese país, a pesar de los 50.000 soldados desplegados para combatir el narcotráfico. Estados Unidos es el líder, y mayor impulsor, de la prohibición como postura frente a las drogas. Un billón de dólares fueron destinados en los últimos 40 años para combatir el narcotráfico y el resultado es poco alentador. El precio de las drogas disminuyó a la mitad (o hasta un 75% en algunos casos) y su consumo aumentó. Tan poco alentador es este resultado, como el hecho de que la población carcelaria de ese país se cuadruplicó en los últimos 30 años, al mismo tiempo que disminuían los crímenes violentos. Este incremento en la tasa de encarcelamiento solo puede explicarse por el aumento de reclusos encarcelados por delitos no-violentos relacionados con drogas.

La evidencia es abrumadora, ninguno de los países que han desarrollado las estrategias más agresivas para combatir el narcotráfico en todos sus aspectos han podido resolver este problema. En Argentina, la prohibición está vigente y ese es el motivo por el cual observamos el ascenso del crimen organizado. Por eso, no es sorprendente que cada vez haya más voces a favor de terminar con este fracaso de magnitud monumental. Además de los avances concretos que tuvieron lugar en los estados americanos de Washington y Colorado, y en el más cercano Uruguay, varios presidentes y ex presidentes de la región han comenzado a impulsar la necesidad de discutir la necesidad de un mercado legal de drogas.

Es el caso del ex primer mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso, que sostuvo con precisión que “esta política ha tenido nefastas consecuencias -corrupción de las fuerzas policiales y del aparato judicial, y violencia relacionada al tráfico- para el desarrollo económico y la seguridad política de los países productores.” Cardoso no está solo, los presidentes de Guatemala y Colombia, Otto Perez Molina y Juan Manuel Santos respectivamente, también se han manifestado en ese sentido, mientras que el uruguayo José Mujica ha dado el primer paso en revertir este gran error.

Es que el problema de la violencia relacionada con las drogas no es a causa de las drogas, sino por la existencia de un mercado negro, cuyos participantes se ven atraídos por los grandes márgenes de ganancias que existen debido al carácter clandestino del negocio. Es un problema artificial, creado por las políticas que generan espacios ideales para que desarrolle el crimen organizado en vez empresarios y comerciantes que no acudan a la violencia a la hora de competir o saldar sus disputas.

A pesar del optimismo en la región de aquellos partidarios de terminar con uno de los experimentos más letales del siglo pasado  -la prohibición- en Argentina las perspectivas no son las más alentadoras. La elección de un Papa argentino ha vuelto a poner en un lugar preponderante las posturas de la Iglesia Católica, y las opiniones del clero son escuchadas atentamente en el Congreso y la Casa Rosada para evitar ofender al pontífice máximo. La asignación de un cura a la cabeza de la Secretaría de Programación para la Prevención de La Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) dan cuenta de ello.

Un consenso acerca de la necesidad de escalar la lucha contra el narcotráfico puede poner al país en un camino sin retorno. Insistir con una política que fracasó, y cuyos costos económicos y sociales son altísimos, podrían llevar a un espiral de violencia sin fin. Todavía estamos a tiempo de dejar de lado las ideas de la DEA y empezar a escuchar a los que tienen algo diferente para decir.