Es lamentable, porque en el probable caso de que se repita la historia de nuestro país el post-kirchnerismo encontrará a la familia Kirchner y a sus acólitos en libertad. Los escandalosos actos de corrupción, la indiferencia hacia las instituciones republicanas, y las violaciones sistemáticas a los derechos individuales, por el momento, están destinadas a quedar impunes. Así funcionan los esquemas para garantizar impunidad, diseñados por la corporación política que, mediante el intercambio de garantías de inmunidad por mayor poder, se preserva a sí misma.

La situación se torna más oscura si agregamos a la ecuación la falta de transparencia que caracterizó a la era kirchnerista. Como en cualquier régimen de tinte autoritario las acciones de gobierno son ocultadas tras un halo de secretismo, de normas no escritas y de tejemanejes que dificultan aún más la atribución de responsabilidades.

Con la finalización inminente de este período, nos situamos —una vez más— ante la encrucijada de buscar un remedio que nos prevenga de los próximos atropellos a nuestros derechos que podrían tener lugar con los próximos gobiernos.

Argentina necesita otra vez una Comisión de la Verdad.

El ejemplo más cercano es el del informe Nunca Más de 1984, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que documenta las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Este informe fue fundamental para determinar la magnitud de los delitos cometidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional y esclarecer los atropellos constitucionales que fueron consumados.

Chile y Sudáfrica tuvieron sus propias comisiones de la verdad después de la dictadura de Pinochet y del fin del apartheid, respectivamente. En 1997, seis años después de la caída de la Unión Soviética, un grupo de intelectuales franceses, compiló el “Libro Negro del Comunismo”, en el cual se hace un relevamiento de las prácticas aberrantes que tuvieron lugar en los países comunistas durante los casi 70 años de existencia de ese bloque.

Salvando las distancias, los gobiernos del período 2003-2015 administraron el país como señores feudales y estuvieron marcados por una variada gama de abusos perpetrados desde el Estado. Solamente a modo ilustrativo podemos mencionar algunos de los hechos que deberían ser incluidos en El Libro Negro o el Nunca Más del kirchnerismo.

Es indispensable investigar la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, junto al asesinato de Mariano Ferreyra. Un capítulo dedicado a las torturas sistemáticas en las cárceles, otro dedicado al desconocimiento, e incumplimiento, de los fallos judiciales de la Corte Suprema y a las presiones y amenazas sobre los jueces. La implementación de un plan de vigilancia masiva, como lo fue el “Proyecto X”, junto al sistema de información biométrica SIBIOS, y la legislación antiterrorista, también deberían tener su propio capítulo. Sin dejar de lado la represión a los Qom, y el tratamiento en general hacia los indígenas.

La actuación de la AFIP durante esta etapa merecerá un apartado especial. La utilización del aparato recaudador del estado como organismo de persecución política —y ya no solo fiscal— a periodistas y otros que se expresaban contra el gobierno, además de la constante recolección de datos de la vida privada de las personas, como las normas no escritas acerca de la compraventa de dólares (el único salvoconducto disponible para protegerse del robo de la inflación) serán solamente una parte de los atropellos documentados en este capítulo.

Otro protagonista, cuyos actos también deberían ser investigados es el ex-Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, responsable de aprietes y extorsiones a empresarios, e instrumentador de la falsificación de las estadísticas. También, en el capítulo sobre Moreno, deberían tratarse las sanciones a consultoras privadas por publicar los índices de inflación reales; sobre éstas la impunidad, todavía, no se hizo presente y ex-Secretario aguarda la resolución de un juicio en su contra por este asunto.

En cuanto a los hechos de corrupción, la lista es interminable. Desde los famosos fondos de Santa Cruz, las valijas de Claudio Uberti y Guido Antonini Wilson, hasta las compras de terrenos fiscales en Santa Cruz, la bolsa con dinero en el baño de Felisa Miceli, los millonarios fondos destinados a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y su fiel escudero  Sergio Schoklender, las constantes licitaciones truchas a empresarios amigos del poder, las sociedades en Londres, las cuentas bancarias en las islas Seychelles‎, o los vínculos entre el triple crimen de General Rodríguez, el dinero proveniente del mercado negro de la efedrina y la financiación de la campaña de Cristina Kirchner, son solamente algunos de los episodios de corrupción que deberían ser investigados y documentados, sin contar el extraño enriquecimiento de decenas de funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.

Por cuestiones de espacio dejé muchos episodios escandalosos en los que la arbitrariedad, la corrupción, o el autoritarismo, son los hilos principales pero la idea se comprende. En definitiva, Argentina necesita un libro que compile las consecuencias del estatismo, del poder político desenfrenado, y de los excesos de una familia afín a las maniobras y mensajes mafiosos. Un libro que nos recuerde que la utilización del poder del Estado es siempre dañina y perniciosa para la sociedad, pero cuando éste tiene escasos controles las consecuencias pueden ser catastróficas. Es este el motivo por el que vale documentar y comenzar a echar luz sobre todos estos atropellos y anhelar que se haga justicia.

Sin embargo, muchas veces la pluma no es vista como una alternativa o un reemplazo a la espada, sino que cumple la misma función que la espada. Así como Clausewitz sentenció que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, podríamos decir que la pluma es el rifle de la política.

Cuando la pluma es sostenida por un presidente, un ministro, un legislador, o  cualquier persona con la capacidad de firmar en nombre del Estado, su función no es la de persuadir a través de argumentos, elaborar una prosa inspiradora, o describir el estado de las cosas. Una pluma en las manos de un político con poder es como una pistola en manos de un general que amenaza a su propio ejército, el cual pretende replegarse. El militar usa el arma para amenazar o matar, el político firma leyes, decretos, o resoluciones dirigidas a volcar todo el poderío del aparato estatal sobre la sociedad civil. Podemos encontrar un ejemplo en cada acto de gobierno, pero es posible ver la utilización de la pluma como espada en determinadas políticas. Es el caso de uno de los programas más relevantes para el gobierno de Cristina Kirchner, el régimen de control de precios denominado “precios cuidados”.

Por un lado está sobre quién recae la espada, algo que 600 años podía llegar a ser tildado de milagroso. Un lugar inconcebible en la mente de aquellos que vivieron hace apenas 200 años, y que recién se materializó a comienzos del siglo pasado. Estoy hablando de esas grandes superficies, en los que nos encontramos con decenas de miles de productos. Desde limpiadores de pisos hasta comida enlatada, desde verdura fresca hasta productos de higiene personal, desde elementos de jardinería hasta juguetes para chicos, desde los bienes más básicos e indispensables para llevar adelante nuestra vida diaria hasta productos que ni siquiera pensábamos comprar. Todos ellos ordenados en góndolas, disponibles en cualquier momento del día, como si nos estuviesen esperando y algún ser superior supiera que precisamos llevarlos a nuestras casas.

Pero un supermercado no es un establecimiento milagroso. Su existencia es el resultado final de una inconmensurable cantidad de procesos. Desde la extracción de las materias primas, pasando por la ingenería, la investigación y el desarrollo que posibilitan la producción de cada producto, su empaquetamiento, almacenamiento, distribución y logística, hasta los cálculos de stock y proyecciones de ventas, planes de marketing y publicidad. Infinitas tareas en las que están involucradas centenas de miles o millones de personas que no se conocen. Desde los gerentes de cada empresa que coloca sus productos en estos establecimientos, hasta los obreros de cada fábrica, los proveedores de las materias primas, los propios dueños de supermercados, sus empleados contables y administrativos, los repositores, el personal de las cajas, la lista es interminable. Esto es posible únicamente gracias a la existencia de derechos de propiedad y libertad de contratación. Derechos que dieron origen a un sistema de cooperación social totalmente descentralizado conocido habitualmente bajo el concepto de mercado.

Los supermercados son una de las tantas demostraciones de la armonía y cooperación que se obtiene en una economía que no se encuentra intervenida. Claro que no todos lo ven así. Por el contrario, estos ‘milagros’ de la economía de mercado son señalados con el dedo inquisidor del gobierno como explotadores, generadores de inflación, monstruos gigantes de magnitudes bíblicas que abusan de los consumidores desprotegidos, o sencillamente son tildados con el adjetivo favorito para denostar al adversario de turno: golpistas. Son el nuevo chivo expiatorio favorito de un gobierno, que los viene acumulando (para expiar sus culpas en otros que no sean ellos) como si se tratasen de ítems de colección.

Desde el gobierno sostienen que con los “precios cuidados” protegen al consumidor. Una afirmación que oscila entre lo cínico y el sadismo, más si se tiene en cuenta que nos referimos a un gobierno que se empeña en obstruir la libre competencia, eliminando así lo que resultaría la mejor protección para los consumidores.

Al mismo tiempo llaman “cuidar los precios” a la imposición de un sistema de vigilancia que pretende evitar la absurda idea de cobrar un precio al que ambas partes de una transacción acuerdan. Cuando un tercero impone a través de su pluma –que además cree que es todopoderosa– dictaminando el monto al que se puede vender y comprar ciertos productos, ya no podemos hablar de un precio sino de un acto de extorsión.

Esta pluma no solo convierte un acto voluntario en una extorsión, genera desabastecimiento y obliga al racionamiento de los bienes, inevitables consecuencias de las políticas de controles de precios. Pervierten el carácter cooperativo de la sociedad, al promover una sociedad de delatores, frene a una que se vale de los intercambios voluntarios para alcanzar sus fines. Siembran una cultura de la denuncia, en la cual convierten en algo cercano al delito al hecho de esperar que se pague un determinado precio por un producto. Incitando a ciudadanos a denunciarse mutuamente, convirtiendo un esquema de cooperación en un constante ambiente de sospechas. Como corolario de una política diseñada para asignar responsabilidades a quienes no las tienen y evitar enfrentarse a una solución, aquellos establecimientos en los que se sufran las consecuencias naturales de las políticas que se pretenden implementar son acompañados con sanciones. Multas y clausuras para las víctimas de la extorsión.

La pluma de los gobiernos está destinada a desarmar e irrumpir en la armonía y la cooperación que únicamente se dan entre individuos que, sin necesidad de ser amigos o caerse bien, pueden cooperar satisfaciendo mutuamente sus fines. Es la pluma que impone porque es utilizada para imponerse por fuerza, y es la pluma que ignora porque desconoce las causas y los pilares que hacen posible que hoy existan los supermercados, entre tantos otros resultados del mercado, que le han facilitado la vida, ahorrándole tiempo y dinero a miles de millones personas. Dar todo esto por sentado nos expone a permitir que con una sola firma sean capaces de devastar las creaciones humanas más complejas y redituables para nuestro bienestar en un abrir y cerrar de ojos.

Todos ellos tienen razón. La mayoría de las principales figuras políticas nacionales están influenciadas por diversos aspectos del movimiento fundado por Benito Mussolini, y éste es tal vez el logro más importante del kirchnerismo. El marcado desplazamiento del eje del debate hacia las posturas inspiradas en Mussolini consiguió que las discusiones de hoy versen acerca de si el Estado debe ejercer un control arbitrario y autoritario sobre la economía, o si por el contrario el control del Estado en la economía debe ser acompañado de explicaciones más sofisticadas pero igual de equivocadas. La idea de una economía regulada por el resultado de millones de intercambios libres y voluntarios, y no por el garrote del Gobierno, ni siquiera es considerada seriamente por la clase política.

El fascismo económico se caracteriza por la existencia nominal de la propiedad privada, pero sobre la cual el Estado tiene absoluto poder de decisión para usar y disponer de ella según su propio criterio. Bajo este sistema, sin acudir al extremo de la expropiación, se adquiere un control total de la economía que genera los mismos efectos catastróficos que en los casos del socialismo y el comunismo.

Esto lo vemos en el excesivo control que ejercen Axel Kiciloff y Guillermo Moreno sobre un número importante de empresas, especialmente en las que tienen participación estatal heredada de la expropiación de los fondos de los jubilados. También en los “acuerdos de  precios” no oficiales, las exigencias de mantener una “balanza comercial equilibrada” logrando que, por ejemplo, automotrices tengan que exportar limones. O en las habituales reuniones del secretario de Comercio Interior con empresarios autorizando o prohibiendo importar insumos, modificar precios o elegir proveedores. Estos son retratos de una economía inspirada en los principios fascistas.

En un plano político, el fascismo mussoliniano incluía una fuerte presencia de nacionalismo, militarismo y corporativismo, tres elementos también presentes en la cotidianeidad de la política argentina.

El discurso nacionalista del Gobierno no solo se evidencia en su política económica proteccionista. Por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales sancionada para desmembrar al Grupo Clarín impone una cuota de contenido de producción nacional a los canales de televisión alcanzados. O la antigua, aunque recientemente reglamentada, ley que dispone la obligatoriedad del doblaje de las películas al español con actores argentinos. También la norma que impone la reproducción del himno nacional cada medianoche a todas las radios del país. Todas estas medidas no sólo se justifican desde lo económico, sino también desde el nacionalismo cultural.

El militarismo con ambiciones imperiales es una nota característica de fascismo. Sin embargo, en nuestro país se fue diluyendo con el correr de los años, especialmente una vez terminada la dictadura militar de 1976-1983. En su reemplazo, el peronismo mantuvo un liderazgo verticalista, y en la última etapa del kirchnerismo han vuelto a surgir agrupaciones, como la Tupac Amaru de Milagro Sala, cuya organización y actividades son de un corte netamente militar.

Cuando el miércoles pasado Cristina Kirchner convocó a una cumbre en Santa Cruz, en la cual confluyeron dirigentes de cámaras empresarias y líderes sindicales, dio un excelente ejemplo del corporativismo. Es la idea de que la influencia de las cámaras sectoriales y los sindicatos en la toma de decisiones políticas es representativa de la mayoría de la población. La realidad es muy distinta, el corporativismo deja como resultado una economía manejada por los intereses de los grandes empresarios y los sindicalistas, mientras que el discurso colectivista es aprovechado para presentar privilegios feudales que reciben sólo algunos sectores como si fueran beneficios para gran parte de la población.

Mencionar a la figura de Juan Domingo Perón como líder inspirador del partido gobernante ayuda a interpretar mejor la existencia de un modelo que se asimila en muchas de sus aristas al fascismo. Perón en su estadía entre 1939 y 1941 en la embajada argentina en Italia, de la que era el agregado cultural, no dudó en mostrar su admiración por Benito Mussolini, líder de la Italia fascista. La admiración por el fascismo italiano no era la única obsesión de Perón: el historiador israelí Raanan Rein destaca que la ayuda de Perón a la España de Franco, donde más tarde se exiliaría, contribuyó a salvar al régimen entre 1946 y 1950.

Sin dudas, el legado de Perón sobrevive hasta la actualidad y su efecto se expandió entre el resto de los partidos. Quizás, después de uno de los períodos en los que el modelo político-económico más se asemejo al fascismo, se pueda terminar de aprender la lección de que el intervencionismo genera caos, destruye riqueza y perpetúa la pobreza.

Mucha discusión hubo alrededor de la conformación de las listas de candidatos, especialmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, bastión fundamental en el que todos los políticos con aspiraciones presidenciales quieren hacer pie de una u otra manera. Todos los días, una decena de columnas de opinión y noticias de los principales medios intentan dilucidar una serie de incógnitas que plantea cada previa al acto eleccionario. ¿Será Massa un caballo de Troya que habilitará la reforma constitucional que tanto ansía Cristina Kirchner? ¿Cómo votará el indescifrable electorado de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál será el desempeño del Frente para la Victoria después de la masacre de la Estación Once, las inundaciones en La Plata y los casos de corrupción que salen a la luz casi a diario? Las preguntas abundan, y las respuestas escasean.

Es verdad que esta elección es especial; las ambiciones reeleccionistas de Cristina Kirchner le imponen un desafío a la clase política que, de honrar su palabra respecto de su compromiso con  las instituciones republicanas, debería hacer todo lo posible para impedir una reforma constitucional que habilite su re-reelección.

El asunto ni siquiera es sobre una eventual re-reelección. La semana pasada, el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, dijo: “Vamos a ir por 100 años más de este proyecto”. En el mismo sentido, algunos años atrás, la diputada Diana Conti, estalinista confesa, aseguró que su proyecto era de una “Cristina Eterna”. Un poco más humilde, pero con el mismo grado de megalomanía expuesto por sus colegas, el entonces jefe de Gabinete y ahora senador Aníbal Fernandez afirmó que el ciclo kirchnerista terminará dentro de 60 años.

Sin dudas, la gran mayoría de los candidatos de la oposición buscarán frenar los delirios kirchneristas que traen reminiscencias al Reich de los mil años que había propuesto Adolf Hitler, pero no lo harán por su adhesión a los valores republicanos o su defensa de los derechos individuales de la gente. La razón por la que tienen que detener el proyecto reeleccionista es sencilla: si Cristina Kirchner continúa ocupando el sillón de Rivadavia, significará que no son ellos los que ostenten el poder. Así funcionan los políticos profesionales.

Una vez resuelto el enigma acerca de cómo se desarrollarán las elecciones y quiénes serán los ganadores y perdedores, se podrá comenzar a saber si la posibilidad de una reforma constitucional sigue latente o el proyecto de “Cristina Eterna” quedará sepultado bajo los escombros que va dejando su gestión.

Éste es, básicamente, el eje sobre el que se está analizando cada una de las candidaturas legislativas: si colaborarán en consolidar los cien años que augura Mariotto o serán los que en 2015 digan “hasta acá llegaste”. Sin embargo, este análisis deja de lado un montón de variables que van más allá del sí o no a la rere. ¿Cuáles son las propuestas de los denominados opositores? ¿En qué se diferencian del actual gobierno? ¿En qué se parecen?

Dentro de los opositores hay una fauna muy diversa de candidatos. En Capital, por ejemplo, podemos mencionar a “Proyecto Sur” y “Libres del Sur” (ambas agrupaciones participarán de las internas del Frente UNEN), el primero encabezado por Fernando “Pino” Solanas, que entre sus propuestas programáticas incluye “el cese de la circulación de moneda extranjera”, aumento de impuestos, la estatización del comercio exterior, incluido el sector agrario, y que no ha dudado en apoyar la expropiación de YPF, al igual que Victoria Donda, de Libres del Sur, quien además no ha dudado en sostener que para evitar más muertes producto del control estatal de los trenes es necesario que haya una mayor intervención del Estado. Por último, Donda, a pesar de la imagen rebelde que intenta transmitir a través de los medios, no abandona el paradigma del fascismo predominante en la política argentina, cuando propone que la educación tenga como finalidad formar “sujetos para la nación”, considerando que el individuo es tan solo un medio para los fines de los demás.

La Unión Cívica Radical no nos trae sorpresas, y renueva su centenaria tradición de promover la expansión del Estado en desmedro de la sociedad civil. Con un Estado elefantiásico, la UCR solo dice que puede manejarlo mejor. Haciendo honor a esta tradición, Ricardo Alfonsín, candidato en la Provincia de Buenos Aires, dijo que “también mata la asignación incorrecta de los recursos. Los miles de millones de recursos que se gastan en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional que no se asignan a las cuestiones prioritarias de la gente”. De esta manera, se volcó al tan errado diagnóstico estatista que cree que el problema no son las políticas económicas inviables, sino las personas que las aplican. O, como se suele decir, “esta vez va a salir bien”.

El PRO, por su parte, no ha demostrado ser muy distinto en su gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Es así que Mauricio Macri se ha alineado a las políticas económicas a nivel nacional, aumentando impuestos e incrementado el entramado regulatorio. Sus éxitos son superados ampliamente por sus fracasos e indefiniciones.

Finalmente, poco se puede decir acerca de todos los candidatos opositores que pertenecen al partido gobernante. Nunca más precisa es la definición borgeana de los peronistas como “incorregibles”. Su responsabilidad en llevar al país a la situación que se encuentra en la actualidad es evidente, y los votantes que buscan en el peronismo un cambio no harán más que reafirmar la frase de Albert Einstein respecto de que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

El circo de las elecciones ya está montado. En breve, las 24 horas de la pantalla estarán pobladas de cobertura de actos, entrevistas y spots publicitarios en los que cada uno de los candidatos intentará venderse como la mejor alternativa; un triunfo de la oposición probablemente nos salve de una reforma constitucional que perpetúe a Cristina Kirchner, pero nos salvará de eso y de nada más.