En un clima marcado por las contradicciones, el júbilo por encontrar resguardo y contención en el Poder Judicial—que hasta el día de ayer solo garantizaba impunidad—se mezcla con el recuerdo de los reiterados actos de corrupción comunes al actual gobierno y a todos sus predecesores. Las reacciones de los políticos opositores en Twitter dan cuenta de estos sentimientos.

La esperanza por la condena se corresponde con la conclusión de que la acción de la justicia tiene el poder de disuadir conductas humanas futuras. Un pensamiento motivado por el voluntarismo (entendido como sesgo cognitivo y no como filosofía política) predominante en la clase política. Es el mismo razonamiento lógico que aplican los políticos cuando insisten con aplicar las mismas medidas que antes fracasaron esperando resultados diferentes. Es decir, ninguno. El voluntarismo se caracteriza por rechazar la lógica y las evidencias empíricas para tomar decisiones o llegar a conclusiones basándose en lo deseable. Siguiendo esta idea concluyen que con el castigo a los corruptos se podrán erradicar los actos de corrupción.

Pero ni un procesamiento, ni una eventual condena a Bodou impactarán en lo que es una tradición política en la Argentina. La corrupción es parte del genoma político local, una característica y no una falla del sistema. Está enquistada en todos los niveles del poder, sin importar su signo partidario u orientación ideológica. Y su origen no se encuentra en el hecho de que los corruptos son los “malos” y los que aún no han sido corruptos pertenecen al bando de los “buenos” tal como se pretende plantear en el debate actual en torno a este tema. Boudou no creó una sociedad mediante testaferros para hacer negocios con el Estado porque es “malo”, ni Elisa Carrió está exenta de ser corrupta porque se posiciona entre los “buenos”. La corrupción está relacionada con las personas que acceden al poder y, al mismo tiempo, está estrechamente ligada con las instituciones presentes en un país.

Hace 70 años—cuando los totalitarismos europeos se encontraban en su apogeo—el multidisciplinario F.A. Hayek investigó el motivo por el cual los peores elementos de la sociedad ascienden a las esferas más altas del poder político.

En primer lugar estudió la fase anterior al ascenso de un régimen liberticida. Hayek señala que la demanda de la sociedad por una “acción resuelta y diligente por parte del Estado es el elemento dominante en la situación”. “Entonces—continúa Hayek—el hombre o el partido que parece lo bastante fuerte y resuelto para «hacer marchar las cosas» es quien ejerce la mayor atracción”. Es decir, estamos hablando de  “alguien con tan sólido apoyo que inspire confianza en que podrá lograr todo lo que desee”. Este marco ofrece una oportunidad única para el ascenso de los peores.

A continuación, Hayek hace énfasis en tres factores que caracterizan a los grupos que tienden a concentran el poder político.

Por un lado, la necesidad de llegar a “un acuerdo sobre una particular jerarquía de valores” requiere “uniformidad y semejanza de puntos de vista”, y para ello “tenemos que descender a las regiones de principios morales e intelectuales más bajos, donde prevalecen los más primitivos y «comunes» instintos y gustos”, escribe Hayek. En segundo lugar, hace referencia a “los dóciles y crédulos, que no tienen firmes convicciones propias, sino que están dispuestos a aceptar un sistema de valores confeccionado si se machaca en sus orejas con suficiente fuerza y frecuencia.” Y por último: “La contraposición del «nosotros » y el «ellos»  la lucha contra los ajenos al grupo, parece ser un ingrediente esencial de todo credo que enlace sólidamente a un grupo para la acción común.”

Asociar estas tres características con el partido gobernante es una tarea sencilla, son los que están más expuestos al escrutinio público y los que, con sus acciones, confirman la teoría. Sin embargo, estas cualidades pueden ser identificadas, con mayor o menor dificultad, en todos los partidos. Son los rasgos distintivos de la política. En general, cada proyecto político ofrece su propio modelo de sustitución de decisiones. Ya sean de carácter económico o relativo a los estilos de vida, desde la política se busca la uniformidad y la homogeneidad de los individuos según la visión particular de cada aspirante al poder imponiendo su propia voluntad por sobre las voluntades individuales.

Esta situación propone un terreno fértil para la corrupción que además es potenciado por los incentivos que ofrece el diseño institucional. El aumento del tamaño del Estado, el crecimiento constante de la burocracia, la intervención del estado en la economía, la discrecionalidad y la falta de controles son factores que incrementan las oportunidades para ser corrupto y para no ser descubierto.

El procesamiento del vicepresidente es una anomalía en un sistema político que favorece a los corruptos e incentiva a la corrupción. No son las sentencias judiciales ni los cambios de forma o las buenas intenciones las que finalmente podrán erradicar una costumbre tan arraigada como inherente a la política. La solución tampoco está en los petitorios y manifestaciones de la sociedad, sino en un cambio de actitud acerca de cómo vemos la política y que pretendemos de ella.

Es lamentable, porque en el probable caso de que se repita la historia de nuestro país el post-kirchnerismo encontrará a la familia Kirchner y a sus acólitos en libertad. Los escandalosos actos de corrupción, la indiferencia hacia las instituciones republicanas, y las violaciones sistemáticas a los derechos individuales, por el momento, están destinadas a quedar impunes. Así funcionan los esquemas para garantizar impunidad, diseñados por la corporación política que, mediante el intercambio de garantías de inmunidad por mayor poder, se preserva a sí misma.

La situación se torna más oscura si agregamos a la ecuación la falta de transparencia que caracterizó a la era kirchnerista. Como en cualquier régimen de tinte autoritario las acciones de gobierno son ocultadas tras un halo de secretismo, de normas no escritas y de tejemanejes que dificultan aún más la atribución de responsabilidades.

Con la finalización inminente de este período, nos situamos —una vez más— ante la encrucijada de buscar un remedio que nos prevenga de los próximos atropellos a nuestros derechos que podrían tener lugar con los próximos gobiernos.

Argentina necesita otra vez una Comisión de la Verdad.

El ejemplo más cercano es el del informe Nunca Más de 1984, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que documenta las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Este informe fue fundamental para determinar la magnitud de los delitos cometidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional y esclarecer los atropellos constitucionales que fueron consumados.

Chile y Sudáfrica tuvieron sus propias comisiones de la verdad después de la dictadura de Pinochet y del fin del apartheid, respectivamente. En 1997, seis años después de la caída de la Unión Soviética, un grupo de intelectuales franceses, compiló el “Libro Negro del Comunismo”, en el cual se hace un relevamiento de las prácticas aberrantes que tuvieron lugar en los países comunistas durante los casi 70 años de existencia de ese bloque.

Salvando las distancias, los gobiernos del período 2003-2015 administraron el país como señores feudales y estuvieron marcados por una variada gama de abusos perpetrados desde el Estado. Solamente a modo ilustrativo podemos mencionar algunos de los hechos que deberían ser incluidos en El Libro Negro o el Nunca Más del kirchnerismo.

Es indispensable investigar la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, junto al asesinato de Mariano Ferreyra. Un capítulo dedicado a las torturas sistemáticas en las cárceles, otro dedicado al desconocimiento, e incumplimiento, de los fallos judiciales de la Corte Suprema y a las presiones y amenazas sobre los jueces. La implementación de un plan de vigilancia masiva, como lo fue el “Proyecto X”, junto al sistema de información biométrica SIBIOS, y la legislación antiterrorista, también deberían tener su propio capítulo. Sin dejar de lado la represión a los Qom, y el tratamiento en general hacia los indígenas.

La actuación de la AFIP durante esta etapa merecerá un apartado especial. La utilización del aparato recaudador del estado como organismo de persecución política —y ya no solo fiscal— a periodistas y otros que se expresaban contra el gobierno, además de la constante recolección de datos de la vida privada de las personas, como las normas no escritas acerca de la compraventa de dólares (el único salvoconducto disponible para protegerse del robo de la inflación) serán solamente una parte de los atropellos documentados en este capítulo.

Otro protagonista, cuyos actos también deberían ser investigados es el ex-Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, responsable de aprietes y extorsiones a empresarios, e instrumentador de la falsificación de las estadísticas. También, en el capítulo sobre Moreno, deberían tratarse las sanciones a consultoras privadas por publicar los índices de inflación reales; sobre éstas la impunidad, todavía, no se hizo presente y ex-Secretario aguarda la resolución de un juicio en su contra por este asunto.

En cuanto a los hechos de corrupción, la lista es interminable. Desde los famosos fondos de Santa Cruz, las valijas de Claudio Uberti y Guido Antonini Wilson, hasta las compras de terrenos fiscales en Santa Cruz, la bolsa con dinero en el baño de Felisa Miceli, los millonarios fondos destinados a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y su fiel escudero  Sergio Schoklender, las constantes licitaciones truchas a empresarios amigos del poder, las sociedades en Londres, las cuentas bancarias en las islas Seychelles‎, o los vínculos entre el triple crimen de General Rodríguez, el dinero proveniente del mercado negro de la efedrina y la financiación de la campaña de Cristina Kirchner, son solamente algunos de los episodios de corrupción que deberían ser investigados y documentados, sin contar el extraño enriquecimiento de decenas de funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.

Por cuestiones de espacio dejé muchos episodios escandalosos en los que la arbitrariedad, la corrupción, o el autoritarismo, son los hilos principales pero la idea se comprende. En definitiva, Argentina necesita un libro que compile las consecuencias del estatismo, del poder político desenfrenado, y de los excesos de una familia afín a las maniobras y mensajes mafiosos. Un libro que nos recuerde que la utilización del poder del Estado es siempre dañina y perniciosa para la sociedad, pero cuando éste tiene escasos controles las consecuencias pueden ser catastróficas. Es este el motivo por el que vale documentar y comenzar a echar luz sobre todos estos atropellos y anhelar que se haga justicia.