El flamante recetario estatal habla de la estrategia del gobierno frente a la inflación, pero también acerca de cómo el gobierno se sienta en nuestra mesa.

El aspecto económico de la medida no resiste a ningún análisis. Nunca el gobierno se planteó con seriedad “combatir la inflación”. Desde hace tiempo existe un consenso entre los economistas de todo el mundo acerca de que los controles de precios no son efectivos. Creer que el plan del gobierno es controlar la inflación a través de estos de programas es una postura naif.  “Precios Cuidados” y sus derivados son una estrategia de comunicación para señalar a los productores de alimentos y supermercados como responsables de la inflación y al mismo tiempo deslindar al gobierno de sus causas. Por eso dirigen sus cañones contra los aumentos de precios y eligen ignorar la causa de esos aumentos que se puede encontrar en el Banco Central: la emisión monetaria. Controlar los precios en las góndolas y no la política monetaria del gobierno es una maniobra de distracción, saca del foco la responsabilidad del Banco Central e invierte los roles pretendiendo posicionar al gobierno como un defensor del “bolsillo de los argentinos” cuando son ellos mismos los únicos responsables del deterioro de la moneda.

Las recetas estatales, por otra parte, nos recuerdan cómo el Estado interfiere en la vida familiar involucrándose de lleno en la mesa de los argentinos.  El recetario del Ministerio de Salud está basado en las llamadas Guías Alimentarias para la Población Argentina, un documento en el que se incluye cuáles son las conductas alimenticias saludables que deberían mantener los argentinos.

El interés del Estado en proponer pautas alimentarios está claro. Una población con hábitos poco saludables se traduce en problemas de salud que impactan en la productividad, y en consecuencia, en la recaudación fiscal. Esta concepción coloca al individuo al servicio del Estado, en un medio para cumplir una finalidad superior. Los derechos individuales y la libertad de consumir son dejadas de lado y el ciudadano es concebido como un engranaje más que alimenta y hace funcionar la maquinaria estatal.

Una vez más la solución a los “problemas” que perciben los políticos son abordados con mayores restricciones a las libertades o planes gubernamentales que prometen promover una alimentación y vida sana. Para esto, recurren a las pirámides nutricionales, a la demonización o glorificación de ciertos alimentos, a la creación de impuestos para desalentar “conductas nocivas” y al engrosamiento de la legislación dedicada a proteger a las personas de actividades que, de ser nocivas, únicamente afectan al que las realiza. Como es habitual los costos de salud o la recaudación fiscal son puestos por encima de los derechos individuales y la libertad de poder elegir que consumir.

Sin embargo, la interpretación de Cristina Fernández de Kirchner acerca de este fenómeno es contraria a toda lógica. Ya en el año 2010 había señalado, en relación al crecimiento de la Villa 31, que “la transformación que ha experimentado este espacio, que se traduce en ladrillos, en construcción de mampostería, en chapas, implica y expresa la profunda transformación que ha tenido el país en estos años”.

La única alternativa posible para comprender el porqué de la interpretación de CFK respecto de la evolución de las villas es creer que todos aquellos que comenzaron a vivir allí se encontraban anteriormente en un nivel de pobreza todavía más bajo. Esta línea de pensamiento puede ser verdad, y es probable que haberse mudado a una villa de la Ciudad de Buenos Aires haya mejorado el nivel de vida de muchos que antes vivía en parajes en zonas rurales, o en situaciones precarias en sus provincias o en otros países. Pero, al mismo tiempo, para muchos, la posibilidad de vivir en una villa de emergencia representa el máximo nivel al cual pueden aspirar. Estándares de vida que nunca hubiesen sido aceptados por las primeras camadas de inmigrantes que recibió este país.

La existencia de estos asentamientos, y su expansión, nos indican la presencia de graves problemas en materia de acceso a la vivienda e infraestructura. Por un lado, la falta de acceso al crédito producto de la política inflacionaria del Banco Central, la falta de confianza en los bancos, y la falta de los marcos institucionales adecuados para que aumenten las posibilidades de obtener créditos a largo plazo son responsables de la permanencia de las villas. Por el otro, la falta de títulos de propiedad, y la negativa del Gobierno Nacional de otorgarle títulos de propiedad a aquellos que puedan demostrar la legitimidad de su reclamo es otro gran desincentivo que obstaculiza una pronta resolución a la cuestión de las villas.

Esta semana, en el marco de una videoconferencia con la ministra de Producción, Debora Giorgi, y directivos de la empresa proveedora del televisión satelital DirecTV, CFK destacó como un hecho positivo la cantidad de las antenas características de esta empresa ubicadas en los techos de las villas de la Ciudad. La jefa del ejecutivo definió la presencia de las antenas satelitales como una “mejora en la calidad de vida”. Así es, en un contexto de hacinamiento y de viviendas sin infraestructura básica rescata la existencia de antenas para ver televisión.

La proliferación de antenas satelitales no se debe a ningún plan gubernamental. La oferta de DirecTV para las familias de menores recursos resultó cautivante, y hoy ese sistema está masificado en esas zonas de la Ciudad.  El surgimiento de dos colegios privados en la villa 31 no es una sorpresa teniendo en cuenta la paupérrima calidad de la educación pública estatal. Todos los padres quieren enviar a sus hijos al mejor colegio dentro de sus posibilidades, y entre los sectores más desaventajados esta tendencia se repite.

Las villas de emergencia no son un problema de difícil resolución. Tal como lo demuestra un trabajo publicado por la Fundación Libertad y Progreso, en el barrio de La Cava, en San Isidro, la ausencia de títulos de propiedad “no impide la transferencia de la posesión, aunque no permite la existencia de crédito y desalienta la inversión”. Esto no quiere decir que, como explica el economista Martín Krause, la asignación de derechos de propiedad sea la solución más óptima para comenzar a resolver el problema de las villas miseria. Así y todo, la ausencia del Estado en las villas no ha desatado el caos, y los vecinos han consensuado formas de organizarse.

El incremento de la población en los asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires será una de las cuestiones que deberán explicar los funcionarios kirchneristas que festejan “la década ganada”. Aunque considerando las declaraciones de Cristina Kirchner tal vez se trate de una década ganada, y sea la vida en la villa de emergencia a lo que debemos aspirar los argentinos.